En Suecia han entrado en vigor nuevas normas de inmigración que hacen que los permisos de residencia para los refugiados sean, de entrada, limitados y no permanentes.

La ley fue aprobada por el Parlamento sueco el mes pasado. Sustituye a la legislación temporal que se introdujo hace cinco años en un intento de reducir el número récord de solicitudes de asilo.

Antes de los cambios de 2016, desde 1984 el país escandinavo siempre expedía permisos de residencia permanentes a los refugiados y solicitantes de asilo como norma general.

Los permisos sólo se renovarán si se mantienen las circunstancias en las que se concedieron por primera vez.

También introduce la posibilidad de realizar exámenes de lengua sueca y de conocimientos cívicos para quienes quieran permanecer en el país durante más tiempo, cuyos detalles completos se establecerán en un proceso separado.

El ministro de Justicia y Migración, Morgan Johansson, calificó la votación de "gran éxito" cuando fue aprobada por el Riksdag a finales de junio.

Pero algunos activistas y organización para los derechos de los refugiados han expresado su preocupación por esta política más restrictiva: "Las consecuencias de la nueva ley de inmigración serán que será más difícil para las víctimas centrarse en la integración, formar parte de la sociedad sueca y entrar en el mercado laboral".

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Los cambios de la legislación también afectan a quienes llegan a Suecia con un visado de trabajo, de estudiante o de familia y buscan la residencia permanente.

Ahora los recién llegados deben vivir en el país durante al menos tres años antes de que se les considere para la residencia permanente. Las personas que se trasladen a Suecia para reunirse con un familiar sólo recibirán automáticamente un permiso de estancia temporal.

También tienen que demostrar que pueden mantenerse a sí mismos alcanzando un umbral de ingresos de 8.287 coronas (unos 809 euros) al mes para 2021. La única excepción a esta norma es para los ciudadanos suecos, de la UE o de Suiza que quieran traer a su cónyuge o pareja de hecho a vivir con ellos.

Un consorcio de académicos suecos también ha expresado su preocupación por la medida. En un extenso informe sobre las propuestas, el grupo escribió que muchos de los investigadores no pertenecientes a la UE o al espacio económico europeo que vienen a Suecia pretenden solicitar un permiso de residencia permanente. El grupo advirtió que dificultar este proceso o impedir que cumplan los requisitos podría provocar una "fuga de cerebros".