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Plus Ultra se niega a una auditoria independiente que pide el Juzgado

La aerolínea, que presenta números rojos desde su creación en 2011

Investigacion Judicial 28 de julio de 2021 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Plus Ultra no quiere que un perito independiente valore la idoneidad del rescate. La aerolínea se opone a una de las últimas decisiones de la magistrada Esperanza Collazos que investiga la entrega de 53 millones de euros de las arcas públicas a la aerolínea española. Según argumenta, no existe "razón alguna de duda o tacha" para que se ponga el foco en todos los informes que recabó el Gobierno para autorizar el rescate.

Así lo plasma en un recurso interpuesto contra la resolución de la magistrada en la que da luz verde al peritaje solicitado por las acusaciones. En su escrito la defensa de la mercantil argumenta que la causa que arrancó en abril ya cuenta con los informes preceptivos en los que se apoyó el Gobierno para autorizar la inyección de ayudas públicas. Según precisa, se trata de "estudios detallados en sus análisis y realizados y firmados por equipos de expertos" que habrían acreditado "la solvencia técnica" de la mercantil para beneficiarse de las ayudas.

Sin embargo, no parece que la juez vaya a prescindir de esta prueba que autoriza por considerarla "útil" para la investigación. De hecho, en una providencia del pasado 21 de julio, Collazos dio por designado a Alfredo Moreno Mínguez como el perito especializado en economía que se encargará de estudiar a fondo toda la documental de la concesión. Su objetivo es contar primero con las conclusiones del experto antes de citar en calidad de testigos al director y subdirectora de participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo y Caridad de Andrés, además del exsecretario del consejo Jaime Loriente.

Fue Vox, en calidad de acusación popular, la que solicitó la comparecencia en sede judicial de estos cargos de la SEPI porque examinaron toda la documentación enviada por Plus Ultra y subsanaron los errores. Con todo, no son las únicas diligencias que acaba de impulsar la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ya que también ha vuelto a dirigirse a Hacienda para que facilite las declaraciones trimestrales, pago de impuestos y certificado de deuda tanto de Plus Ultra como de su principal accionista Snip Aviation.

Solvencia acreditada
El avance de la investigación penal se produce tras congelar el préstamo de 34 millones que iba a formalizar la SEPI este miércoles 28 de julio. La magistrada decidió suspender cautelarmente el desembolso de esta segunda parte de la ayuda (la primera es de 19 millones ya abonados) y dio un plazo de cinco días a la compañía para que se pronunciara acerca de la necesidad del rescate. Plus Ultra, por su parte, se negó a que se cerrara el grifo, suplicó que se mantuviera la línea de crédito y avisó que, de mantenerse la situación, no podría cumplir con el plan de viabilidad pactado.

Misma oposición muestra ahora al peritaje independiente autorizado. La aerolínea, que presenta números rojos desde su creación en 2011, insiste en que la magistrada no ha motivado su decisión ni tampoco ha justificado la necesidad de esta nueva valoración. "El análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de Plus Ultra y de toda la normativa preceptiva ya constan sobradamente acreditados en la causa", sentencia el escrito firmado por el abogado Francisco Javier Ibáñez de la Cruz.

El letrado hace alusión a los informes realizados por DC Advisory (contratada por la SEPI para valorar las solicitudes); por Deloitte; por el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos y por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Todos ellos dieron luz verde a la entrega proveniente de los Fondos controlados por la SEPI para empresas estratégicas afectadas por la crisis del covid.

Sin embargo, ni el denunciante inicial (Manos Limpias) ni las acusaciones que litigan en el procedimiento confían en estas valoraciones e insisten en que Plus Ultra no cumplió con los requisitos para poder acceder al rescate millonario. Igualmente también han puesto el foco en su principal accionista Snip Aviation. La firma está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid pero sus dueños son tres empresarios venezolanos. Su presidente, Rodolfo Reyes Rojas, está muy ligado a la esfera del mandatario bolivariano, Nicolás Maduro, tal y como avanzó en exclusiva este diario.

Los vínculos con Panamá
De hecho, el propio Rojas como el también accionista de Snip Aviation, Raif El Arigie Harbie, estuvieron al frente de la mercantil Snip Aéreo que disolvieron cinco días antes de formalizarse el rescate a Plus Ultra. La firma, que arrancó sus operaciones en enero de 2017 coincidiendo con el aterrizaje de los empresarios venezolanos en Plus Ultra, estaba radicada en Panamá.

Pero los vínculos con este país centroamericano no son nuevos. El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano denunció en Bruselas que Plus Ultra pudo presentar un balance saneado a finales del ejercicio de 2019 gracias a un préstamo de 6,3 millones de euros del banco panameño Panacorp Casa de Valores.

A falta de conocer el argumento que aporta la aerolínea al juzgado para evitar su quiebra, la realidad es que ya ha dejado caer que no podrá devolver lo comprometido en el plan de viabilidad si no recibe la segunda entrega de los 34 millones de euros. Según expuso, de mantenerse esta decisión del juzgado de Plaza Castilla, se le condenaría "inevitablemente" a una "dramática situación financiera". Misma tesis que la defendida por la Abogacía General del Estado, que sostiene que el pago es "indispensable" para garantizar su viabilidad.

Y mientras la causa penal coge vuelo, el Tribunal de Cuentas ha cerrado la puerta a investigar si se produjo malversación de los fondos públicos con la concesión de esta ayuda. El órgano fiscalizador del Ejecutivo ha decidido inadmitir la denuncia interpuesta por Ciudadanos que avisó de irregularidades en la concesión de la ayuda.

El tribunal advierte que es demasiado pronto para valorar si se ha producido un daño efectivo y que no puede haber responsabilidad contable si no se puede contabilizar el presunto quebranto. 

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