Isabel Díaz Ayuso vuelve a convertirse en la barrera del contención del Gobierno PSOE-Podemos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid despedazó, con tan solo una pregunta, la nueva reforma del Código Civil impulsada por el PSOE-Podemos y donde se establecen una serie de ‘dislates feministas’ como que se impida a los padres acusados de maltrato visitar a sus hijos, incluso cuando no exista una sentencia firme.

El Gobierno ha impulsado los cambios en la sombra. En este sentido, la normativa que ha entrado en vigor este 3 de septiembre, ha pillado por sorpresa a buena parte de la población, ya que se incluyó en una ley tramitada antes del verano con otro objetivo, el de acabar con la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual.

Con la nueva reforma aprobada, el juez no fijará un régimen de visitas, y lo suspenderá si existe, cuando el progenitor esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, agredir o abusar de la pareja o de los hijos, y tampoco si aprecia «indicios fundados de violencia doméstica o de género».

Se permite al juez autorizar las visitas en una «resolución motivada en el interés superior del menor» y «previa evaluación de la situación de la relación paternofilial«, aunque en ningún caso se podrá dar ese paso cuando el progenitor en cuestión se encuentre en prisión, provisional o firme, por los citados delitos.

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las voces en levantarse contra la medida que, además de no garantizar la igualdad, pone en desventaja a los padres que sean víctimas de, por ejemplo, denuncias falsas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo temblar la normativa con solo cuatro palabras: «¿Y si son inocentes?». Una pregunta que vuelve a poner el foco en las denuncias falsas de violencia doméstica y la obsesión de las feministas del Gobierno por perjudicar a los hombres.

 La reforma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio y a finales de ese mes entró en vigor la ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que ya dio un primer paso para restringir las visitas a los maltratadores, reformando la ley de enjuiciamiento criminal.

Según se estableció entonces, cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos menores de edad han podido presenciar o sufrir violencia doméstica, el juez debe suspender el régimen de visitas, estancia o comunicación del inculpado con los menores.
El Gobierno asegura que el principal objetivo de estas medidas es proteger a los menores y combatir la denominada violencia vicaria, la que los maltratadores ejercen sobre los hijos con el objetivo de causar el mayor daño posible a sus parejas o exparejas.

Desde 2015, de acuerdo con la ley de protección de la infancia y la adolescencia, los menores expuestos a una situación de violencia doméstica son considerados víctimas de ella.