El presente análisis compila información y puntos de vista que me ha aportado un nutrido número de personas que, tras haber investigado y analizado a fondo la COVID-19 y todas las medidas implantadas por las administraciones públicas, estiman necesario difundir a toda la población el resultado de sus investigaciones, así como manifestar su rechazo fundamentado a las medidas que las administraciones públicas han implantado y que planean imponer en el próximo futuro.

 Los análisis se han realizado desde múltiples perspectivas tales como la biología, la medicina, la veterinaria, la sociología, la psicología, la estadística, la antropología, la justicia y la legalidad, la economía, la historia, la tecnología, la educación, la física, las artes, la gestión de los recursos, la geopolítica, la comunicación, la familia, y desde distintas especialidades. Servirá también este manifiesto para aportar soluciones sencillas, efectivas, viables, legales, seguras, duraderas y asequibles.

Origen de la enfermedad de la COVID-19
Si el origen de esa enfermedad es el virus denominado SARS-Co-V2, independientemente de que cómo se haya transmitido, a través de una zoonosis o creado artificialmente, es importante dejar claro que dicho virus no ha sido totalmente aislado y que su secuenciación se ha realizado de una forma en la que no se define con suficiente detalle.

Además, es importante destacar que los efectos de esa enfermedad y cómo ataca a la salud apuntan en muchos sentidos a que la COVID-19 implica múltiples factores. Centrarse única y exclusivamente en el virus genera una investigación corta de miras. Un enfoque holístico aporta muchas más opciones de conseguir medidas efectivas y tratamientos eficaces. Tratamientos sin efectos secundarios y que no generen dependencia de agentes artificiales que transforman la naturaleza humana e afectan negativamente en el sistema inmune. Todo ello respetando la libertad de los individuos.

En este sentido, es importante estudiar con rigor los efectos de las radiaciones electromagnéticas, la acumulación de metales en el cuerpo, el estrés provocado por el modelo de vida actual y su desconexión con el equilibrio de la naturaleza, el efecto nocebo de las medidas restrictivas de las libertades y derechos fundamentales, el modelo sanitario y el concepto de sanidad y salud que venimos aplicando.

Además, centrarse única y exclusivamente en el virus pone en juego una serie de elementos clave a los que dedicamos toda nuestra energía y recursos. Exponemos estos elementos a continuación: 

Eficacia de las pruebas “diagnósticas” del coronavirus SARS-CoV-2
Tanto las PCR como las pruebas de antígenos y anticuerpos no son pruebas diagnósticas. Solo son indicadores que tiene sentido usar cuando existe una sintomatología. Su especificidad y su fiabilidad, sobre todo en PCR realizadas con más de 30 ciclos, es escasa y origina una enorme cantidad de diagnósticos falsos. Más cuando el virus que pretenden detectar no está bien definido.

Por otro lado, un estudio realizado con casi 10 millones de personas en la zona de Wuhan por científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y otras instituciones científicas de China, el Reino Unido y Australia y publicado por la revista Nature (aquí el artículo) reveló que de las únicas 300 personas asintomáticas con pruebas positivas, ninguna contagió a sus casi 1.200 contactos estrechos.

 El estudio deja claro que los «asintomáticos» no son transmisores. Así, un positivo en las pruebas PCR no se corresponde directamente con una persona enferma, infectada o infecciosa. Por tanto, no es un “caso”. Cuantas más pruebas se realizan, mayor es el número de falsos diagnósticos.

Han etiquetado como COVID muchas hospitalizaciones y muertes cuya causa primordial no tiene que ver con el SARS-CoV-2
 
 Además, los famosos cribados en los que se somete a grupos específicos de personas sanas al realizar este tipo de pruebas llevan a deducciones erróneas. Si hago muchas pruebas a jóvenes, el número de “casos” entre los ellos crecerá rápidamente. Si lo hago entre los habitantes de un pueblo, ese pueblo tendrá muchos más “casos” que los de sus alrededores en los que no se han realizado pruebas. De igual manera, si lo hiciera entre las personas rubias llegaría a la conclusión, siguiendo la misma lógica usada en la publicación e interpretación de estas estadísticas, de que las personas rubias son un grupo de riesgo.

Por último, estas pruebas no sólo hacen “desaparecer” otras enfermedades como la gripe, sino que centran la atención en una sola causa de dolencias y muerte. Paralelamente, olvidan otras causas que provocan muchos más fallecimientos. Han etiquetado como COVID muchas hospitalizaciones y muertes cuya causa primordial no tiene que ver con el SARS-CoV-2.

 Las «pruebas PCR» son el pilar de una campaña sensacionalista expandida a través de los medios de comunicación que llevan a

La propagación del miedo basándose en indicadores no válidos.
Como reacción a ese miedo, y sin justificación científica, se adoptan medidas que restringen libertades y se entrometen en la intimidad de las personas. Se apela así, a una “cautela”, una “solidaridad” y una “responsabilidad” que nos convierten a todos en una amenaza entre nosotros mismos.
Insistimos, los test PCR no aportan una información fiable sobre la que puedan basarse decisiones de actuación acertadas y eficaces.

Medidas de “prevención” impuestas por los gobiernos
 
El reconocimiento, respeto y preservación de derechos humanos fundamentales ha sido un logro enormemente laborioso en el que se trabajó durante la segunda parte del siglo XX. Siglos y siglos antes una pequeña parte de los humanos asumía las posiciones dominantes.

La Constitución española de 1978 integra los derechos humanos en su capítulo I y los protege a través de unas garantías jurídicas que establecen condiciones muy estrictas. Aun cuando los protege exigiendo procedimientos muy garantistas, todavía contempla que, con carácter muy excepcional y por períodos de tiempo determinado, pueden ser restringidos o limitados.

Por otro lado, el derecho natural (como doctrina ética promovida por juristas romanos desde antes de la era de Cristo) reconoce un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Ahora, en plena pandemia y con el planeta en peligro por el cambio climático, es el momento más apropiado para que sea factible que el derecho natural se aplique y se introduzca en nuestras normativas mucho más allá que ese capítulo I de la Constitución.

Respecto a las medidas adoptadas, podemos analizarlas una en una y destacar sus implicaciones en cuanto a salud, legalidad y efectos en la sociedad. En cualquier caso es importante apuntar que la función de las administraciones públicas es, ante todo, gestionar recursos comunes para prestar un servicio a la sociedad.

En tal sentido cabe crear una legislación que ayude que esa gestión sea de una manera ordenada y eficiente, y se adapte al fluir sano de la sociedad. La función legislativa recae sobre representantes democráticamente elegidos. Sin embargo, esos representantes se arrogan funciones y responsabilidades ajenas al cometido para el cual fueron sido elegidos. Imponer desde el Estado, a través de normas coactivas que vulneran la intimidad de las personas y les impiden ejercer su responsabilidad individual de forma libre, no puede considerarse democrático.

 
Mascarillas
No existe estudio científico alguno que demuestre la eficacia del uso universal de mascarillas para evitar la transmisión de una enfermedad vírica. Si existen, sin embargo, estudios específicos que apuntan a que su influencia en la transmisión es nula o prácticamente nula.

Además, el uso de la mascarilla reduce el oxígeno inhalado entre un 15 y un 20% mientras que aumenta el nivel de CO2 inspirado. La reducción del porcentaje de oxígeno en el aire que respiramos afecta al metabolismo en su conjunto. Además, volver a aspirar una buena parte del CO2 que expulsamos acidifica nuestro organismo y no debilita el sistema inmunológico.

La mascarilla anula la expresividad. Asumida como una obligación, y aceptada por la coacción de multas, el tapabocas anula la autoestima y la identidad de los individuos.

Como hemos explicado, la transmisión de la COVID-19 por los denominados “asintomáticos” no se produce. Además, como menciona la Dra. Karina Acevedo en su clase magistral denominada “La otra cara de la moneda”, la transmisión aérea no se sostiene. Apelar a la responsabilidad y a la solidaridad de los que usan este elemento es una falacia que crea división y enfrentamiento social.

Por último, debe prestarse especial atención a uno de los efectos más graves de la COVID-19, la neumonía bilateral. Es importante y urgente realizar tantos estudios precisos, incluso autopsias, para determinar si dichas neumonías se deben a infecciones víricas, bacterianas, favorecidas por las propias mascarillas, o multifactoriales (aquí destacaría la influencia de las radiaciones electromagnéticas). El uso de la mascarilla no evita contagios, pero se convierte en un foco de enfermedad y debilitamiento del sistema inmunológico.

Hidrogel
Partimos aquí de que la trasmisión por contacto no solo no está demostrada, sino que además cada vez se comprueba más que no se produce o lo hace en circunstancias muy extremas y con poca virulencia. Aunque no se haya reflejado de forma legal la obligatoriedad, el hidrogel es un complemento exigido en centros educativos, comercios, bares, restaurantes, oficinas públicas.

Estos productos son muy agresivos con la piel, especialmente en las más sensibles, las de los niños. La promoción de su uso y la exigencia bajo vigilancia lleva a usos convulsivos. La sustitución por agua y jabón se plantea en muchos casos como imposible y, a menudo, a aquellos que solicitan esa alternativa se les discrimina y trata de forma displicente. El uso del hidrogel se convierte en un nuevo elemento en el que el acoso y la vigilancia son una constante.

Tampoco olvidemos que si bien la higiene personal es muy recomendable y sana, la asepsia completa lleva a una hipertrofia del sistema inmunitario.

Cuarentenas, derechos fundamentales y otras medidas
 
Las infraestructuras de los hospitales y las contrataciones de personal sanitario han mostrado históricamente momentos de desbordamiento en distintas épocas del año. Estas deficiencias pueden requerir, en casos excepcionales, tiempos de ajuste y estímulos a la población para ayudar a esos ajustes.

Confinar a toda la población y paralizar la actividad económica causa efectos graves ligados a coyunturas sociales y económicas que ponen a una buena parte de la sociedad en situaciones que llevan a la enfermedad, el estrés, la muerte o el suicidio. 

Adoptar medidas específicas, no tanto de control, sino de atención y cuidado hacia las poblaciones más vulnerables, no sólo no afectará a la población en su conjunto sino que ayudará a esa población a ser bien atendida. Conviene conocer, en este caso, la Declaración de Great Barrington. Además, los confinamientos debilitan a la población y evitan la inmunidad adquirida de forma natural.

Prohibir la libre circulación vulnera derechos fundamentales y ninguna administración ha gestionado esa anulación de derechos cumpliendo las garantías jurídicas necesarias. Además, tampoco ha demostrado la necesidad de aplicar ese tipo de medidas.

Toques de queda
Otro atentado contra derechos fundamentales sin justificación científica que se implanta y sin cumplir con las garantías jurídicas exigibles. Es evidente que aplicar este tipo de medidas indiscriminadamente no tiene sentido. Si existen algunos entornos y actividades no recomendables, las medidas deben centrarse en ellas y no aplicar una norma puntual a toda la sociedad. Resulta mucho más efectivo y socialmente aceptable proporcionar alternativas a actividades de riesgo. En este punto podría ayudar mucho el sector de la restauración, ocio nocturno, gimnasio y hostelería en general.

Restricción de las reuniones y aforos de las administraciones públicas
Las restricciones han provocado un gran estrés entre las familias y grandes perjuicios económicos en una gran parte del empresariado. El Gobierno asume unos poderes que están fuera de sus cometidos y atenta contra derechos fundamentales y cortan las fuentes de ingresos de muchas personas y de los que dependen de ellos.

Las mesas de diálogo social no atienden el tal diálogo. La medidas se imponen y se hacen cumplir trasladando costes, responsabilidades y merma de ingresos a empresarios indefensos y amedrentados. La imposición reflejada en leyes, decretos leyes y normativas creadas con urgencia y repetidamente declaradas ilegales por los tribunales de mayor nivel causan enormes daños. Empero, quienes las imponen siguen sin ser cesados y sancionados.

Todas estas restricciones, respaldadas de forma constante por una costosa propaganda difundida por los medios de comunicación subvencionados o dependientes de los fondos públicos, nos abocan a una única solución, a la panacea a la que denominan “vacuna”.

“Vacunación”
 
 Se viene denominando vacuna a lo que en realidad es una terapia génica experimental con autorización de “urgencia”. Un experimento que no solo no proporciona inmunidad ni impide “el contagio” de la enfermedad, sino que además sus efectos secundarios a corto plazo se están mostrando importantes. Incluyen muerte y enfermedades graves e incapacitantes. Aventurar lo que ocurrirá a medio y largo plazo es complejo, aunque cada vez más científicos, incluso muchos de los que han colaborado en su desarrollo, alertan de la negligencia de utilizar este fármaco y de hacerlo de manera generalizada (ver estudio detallado aquí).

Muchos de los componentes de dichos medicamentos no han sido oficialmente desvelados por sus fabricantes. Estudios independientes han detectado altas proporciones de elementos nocivos o sospechosos de causar efectos nocivos 

Según advierten, con fundamentos científicos, una multitud de profesionales con carrera meritoria, estas vacunas no solo provocan efectos muy graves a corto medio y largo plazo, sino que refuerza la resistencia y adaptabilidad del virus, lo que lo hace más contagioso y agresivo (ver este artículo sobre el tema).

La vacunación no es necesaria. La mortalidad de esta enfermedad en los grupos etarios más jóvenes es muy escasa.el Dr. Luis de Benito lo explica muy claro sobre tablas oficiales. Por otro lado, existen otros remedios que han probado su eficacia, sin provocar efectos secundarios ni dependencia futura de sustancias artificiales. Pueden verse varios en este vínculo. Tampoco es eficaz ni evita padecer la enfermedad a quien se inocula ni que la transmitan a terceros. Ver debate científico aquí.

  No es recomendable. Sus efectos secundarios son graves, incluida la muerte, y se producen con asiduidad. Para ello basta con revisar las estadísticas anuales de VAERS. Por lo que se refiere a España, esta tabla deja claro que las medidas adoptadas no han sido efectivas y nos han llevado a una situación mucho peor que la de hace un año.

Aparte de la potenciación vírica a través de la vacunación a la que apunta Luc Montagnier y la debilitación del sistema inmunológico producido por la proteína espiga incluida en todas las “vacunas” autorizadas.

Centra el problema exclusivamente en el virus. Aunque hubiéramos encontrado la vacuna ideal, ésta no proporcionaría una solución duradera ni en equilibrio con la naturaleza.

  El principio de prudencia no solo no llama a la vacunación sino todo lo contrario. La vacunación no cumple con el código de ética médica de Nüremberg. La experimentación universal que se lleva a cabo es negligente y criminal. Quienes la promocionan y coaccionan para que se aplique cometen delitos de lesa humanidad.

La imposición de condiciones especiales a quienes deciden no vacunarse es una discriminación intolerable. La participación en este experimento requiere un conocimiento informado bien detallado y una prescripción médica individualizada. Además debe hacerse de forma totalmente voluntaria. Coaccionar o condicionar las libertades de las personas rompe con la esencia de esa voluntariedad.

Por todo ello se propone como medidas efectivas
Detener de inmediato las campañas de vacunación, especialmente la dirigida a los menores de edad. Analizar con detalle los componentes de las vacunas y los efectos previsibles a corto, medio y largo plazo.
Dejar sin efecto todas las medidas restrictivas de libertades fundamentales, así como la imposición de uso de mascarillas y toda coacción y publicidad que promocione las vacunas. Evitar por todos los medios posibles la discriminación que se está promoviendo y la ruptura de la sociedad a la que lleva.

Todos estamos en el mismo barco. Atender al derecho natural y revisar desde esa perspectiva todas las normativas vigentes.

Analizar con detalle el carácter multifactorial de esta enfermedad. Entre otras cosas, esto conlleva la realización de autopsias.

Prestar atención a medicamentos y remedios naturales que están dando resultados muy buenos a nivel mundial. Proceder a su autorización y aprobación si muestran esa eficacia. Para ello será preciso desvincularse de los lobbies farmacéuticos y aplicar, de forma segura, sin recortar los tiempos precisos para dejar patente su inocuidad en cuanto a efectos secundarios a corto, medio y largo plazo, criterios semejantes a los que se han aplicado para agilizar la autorización del uso de las vacunas.

Aplicar la moratoria de instalación y puesta en marcha de las antenas y emisores de radiaciones electromagnéticas asociadas a las nuevas tecnologías que promueven la inteligencia artificial.

Acabar con la censura de información en los medios de comunicación y abrir el debate científico.

La inversión en modelos sanitarios holísticos en los que se traten por igual la medicina que hoy se practica en los hospitales y la medicina natural. Donde los hospitales se reconecten con la naturaleza y den lugar a espacios de verdadera salud. Donde la práctica de la medicina sea constantemente vocacional y promotora de salud.

Cambio16