El Gobierno de Pedro Sánchez protege al principal imputado del caso en el que se investiga la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en nuestro país. Concretamente, el Ejecutivo ha decido que el que fuese número 2 de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González-Laya, Camilo Villarino, sea defendido en esta causa por la Abogacía General del Estado.

Ghali llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, ingresando en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

En un escrito, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza Rafael Lasala, el letrado Antonio Urdiales, cuya denuncia originó la investigación, recurre la decisión del magistrado de que la Abogacía del Estado defienda a Camilo Villarino.

Según el escrito, "la resolución impugnada, teniendo por personado al Ilmo. Sr. Abogado del Estado de los de Zaragoza, en representación del investigado D. Camilo Villarino, sin analizar previamente si se cumplen los requisitos que establecen los arts. 2 de la Ley 57/1997, de 27 de noviembre, en relación con el art. 43 del R.D. 997/2003, de 25 de Julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, es nula por falta de motivación y contraria a derecho por vulnerar las condiciones exigidas por los anteriores preceptos, para que el Sr. VIllarino después de acordar la entrada ilegal y subrepticia de un presunto terrorista y asesino de masas, se beneficie de una justicia gratuita, financiada con los impuestos de todos los españoles".

"No se puede hacer recaer", añade, "los perjuicios económicos y de otro orden que ha causado con su conducta el investigado Villarino, en los españoles de a pie que sí tienen que pagar los honorarios de sus letrados de su propio peculio".

Según el escrito, "no consta ni por asomo que el investigado se haya movido en el legítimo ejercicio del cargo, porque de ser así no ostentaría la condición de investigado. El investigado no actuó en el legítimo ejercicio de su cargo. Mas bien todo lo contrario. Infringió todas las normas del Código de Fronteras de Schengen, implicando a terceros de gran prestigio, ajenos a los hechos, provocando un conflicto diplomático con el Reino de Marruecos de proporciones épicas, causando un perjuicio económico, todavía sin valorar, de varios millones de euros".

"La Abogacía del Gobierno"
Según el letrado Antonio Urdiales, "la Abogacía del Estado, le guste o no escucharlo, se ha convertido en la Abogacía del Gobierno, (casos como De los Cobos, Plus Ultra, menores evacuados de Ceuta), son ilustrativos del anómalo funcionamiento de una institución que debiera atender por encima de cualquier cometido los intereses del Estado, del Estado, y no los del Gobierno, que en muchas ocasiones no suelen coincidir con los del Estado".

"Los funcionarios investigados por delitos graves no pueden beneficiarse de los servicios del Estado. Sólo aquellos en los que se presuma desde su inicio una conducta lícita, pueden hacerlo pero aportando desde un principio una propuesta de su centro de trabajo que revele su legítima actuación, o que actuó "cumpliendo orden de autoridad competente", apunta el escrito.

"Por tanto, no es de recibo que los ciudadanos corran con los honorarios de defensa del Sr. Villarino, por la sencilla razón de que el supuesto no se adecua a los requisitos establecidos en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado", concluye.