El Gobierno socialcomunista de Aragón (PSOE-Podemos-Chunta-PAR) prevé eliminar por decreto el ingreso mínimo vital que en mayo les reconoció por ley a los inmigrantes irregulares. El Ejecutivo del socialista Javier Lambán se embarca ahora en un trámite de dudosa constitucionalidad, según han advertido diversos juristas consultados, porque pretende cercenar una ley a través de una norma de rango inferior, con un decreto de orden reglamentario. Y todo ello cuando no han pasado ni cuatro meses desde que esta ley autonómica entró en vigor.

Esta nueva ley autonómica extiende la renta social básica a cualquier persona con bajos recursos, sea española o extranjera, con tal que tenga residencia efectiva en Aragón, lo que incluye a los sin papeles, porque en vez de exigir la residenica legal solo marca como requisito la residencia «efectiva». Esta es una de las grandes novedades de la ley aprobada por Aragón en mayo, con la que esta comunidad ha seguido la estela que en los últimos años marcaron leyes autonómicas similares en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana.

La diferencia entre lo que dice la ley y lo que ahora prepara el Gobierno aragonés por decreto es rotunda. Con la ley en la mano, al establecer como requisito la residencia efectiva en vez de la legal, basta con el empadronamiento para percibir en Aragón su nueva renta social mínima de 522 euros mensuales –la cantidad puede ser mayor según las condiciones personales de los beneficiarios–. Hay que tener en cuenta que el empadronamiento no exige la residencia legal en España, solo que efectivamente se viva en nuestro país, aunque se esté en situación irregular.

Pero ahora Lambán recula a golpe de decreto, a cuyo proyecto normativo. En él se cambia el requisito de la residencia efectiva por el de la residencia legal, lo que excluye a los sin papeles. El Ejecutivo regional prevé aprobarlo de forma inminente. El decreto será votado por el Consejo de Gobierno, en el que se sientan los cuatro partidos que comparten el Ejecutivo de Lambán. En la mesa del Consejo de Gobierno regional, el PSOE ocupa ocho sillas –incluida la del presidente–, una Podemos, una los soberanistas de la Chunta y otra el PAR.

  A la izquierda, lo que dice la ley en vigor que se aprobó en mayo, en la que solo se exige la «residencia efectiva». A la derecha, el proyecto de decreto, que pasa a exigir la «residencia legal»

Las Cortes, aparcadas
En vez de acometer una reforma de la ley con el concurso de las Cortes regionales ­–por vía ordinaria o por decreto-ley–, Lambán se lanza a cercenarla por vía reglamentaria, con un mero decreto. Y esto puede multiplicar el enredo, porque esta maniobra pisa de lleno el charco de la inconstitucionalidad, según han advertido varios juristas consultados: vulnera el elemental principio de jerarquía normativa, que impide que una norma de rango inferior contradiga o vulnere otra superior.

«En este caso, la discordancia entre la ley aragonesa y el decreto de desarrollo es clarísima: residencia efectiva no es residencia legal, y que el requisito pase a ser la residencia legal en vez de la efectiva supone restringir por vía reglamentaria un derecho que está recogido de forma ampliada en la ley», explica un profesor titular de Derecho Administrativo. «Cualquiera podrá impugnar ese decreto ante los tribunales, y me atrevería a decir que, si eso ocurre, será tumbado con un 99% de probabilidad», remarca este experto jurista.

 Informe jurídico
Sin embargo, sorprendentemente, el informe que han emitido los servicios jurídicos del Gobierno aragonés para despachar este proyecto de decreto no hace mención alguna a este espinoso asunto. Ha sido informado jurídicamente por la letrada del Gobierno aragonés Carmen Lahoz Pomar. En su dictamen,  no hace mención alguna a ese rotundo cambio que supone incluir como requisito la «residencia legal», en vez de la «residencia legal» que contempla la ley autonómica para poder beneficiarse de esta prestación. Lo pasa totalmente por alto en su informe y, por ello, tampoco repara en las gruesas dudas de inconstitucionalidad que conlleva el restringir con un decreto (reglamento) un derecho reconocido en la ley aprobada por las Cortes regionales.

La ley aragonesa del ingreso mínimo vital que entró en vigor en mayo estableció que, en el plazo de cuatro meses, debía aprobarse su reglamento de desarrollo. Es el que Lambán quiere aprovechar como atajo para restringir dicha ley. Dados los plazos que en ella se establecían, el Gobierno de Lambán tiene que aprobar en los próximos días el decreto que ya tiene listo desde hace semanas.

Cuando este diario destapó el contenido de esta nueva ley aragonesa se desató la polémica.  Pese a que se limitaba a reproducir la consecuencia jurídica que establece el tenor literal de la ley. Y la oposición se sintió también comprometida por la controversia: ningún partido había votado en contra de ella en las Cortes regionales. Cs, liderado en Aragón por el secretario de comunicación de Arrimadas, Daniel Pérez Calvo, secundó al Gobierno de Lambán y votó a favor. Lo mismo IU. El PP y Vox, por su parte, se limitaron a abstenerse.

 El PP reconoció que se le había pasado por alto ese detalle de la ley, del que se desmarcó públicamente tras hacerse público. Vox, a diferencia del PP, prefirió secundar la estrategia del Gobierno de Lambán: los diputados autonómicos de Abascal arremetieron intentaron negar lo que en realidad dice la ley que habían despachado con su abstención. «Esta iniciativa en ningún caso legislaba sobre prestaciones dirigidas a la inmigración ilegal», llegó a difundir por redes sociales el grupo de Vox en las Cortes de Aragón, pese a que el texto indica claramente que la residencia legal deja de ser un requisito para acceder a esa paga y basta con la «residencia efectiva», amparando así a los sin papeles.