La obligación de saber valenciano para optar a un puesto de trabajo en la Administración valenciana se extenderá el próximo año a todos los funcionarios. Es decir, el llamado requisito lingüístico será generalizado y no se limitará únicamente al ámbito educativo, tal y como se desprende de la ley de función pública aprobada este año por los tres socios del Gobierno de Ximo Puig: PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Ahora bien, a pesar de que la norma llegó con polémica y de que la oposición la rechaza por «imponer» el valenciano, el requisito tiene el aval del Gobierno de España.

La paradoja es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planteado formalmente a la Generalitat que su ley contiene aspectos que podrían ser directamente inconstitucionales, aunque no dice nada sobre la regulación del requisito lingüístico. En la práctica, esto significará que la exigencia de un nivel mínimo de valenciano no acabará en los tribunales a instancias del Gobierno, que podría ir al Constitucional si no llega a un acuerdo con la Generalitat sobre el articulado que sí está en cuestión. 

 En todo caso, fuentes de la Conselleria de Justicia y Administración Pública -la artífice de la ley y en manos de los socialistas- explicaron a este diario que los puntos que habrá que revisar con el Gobierno afectan únicamente a «cuestiones técnicas».

Por tanto, se mantiene intacto el grueso de la ley, que ha costado años sacar adelante por las discrepancias sobre todo entre socialistas y nacionalistas, precisamente a cuenta del alcance real de un requisito lingüístico que aún tiene que ser regulado mediante un reglamento específico. Pero la clave es que el Consell ha logrado dejar fuera de la comisión bilateral que le exige el Estado la competencia de valenciano de los funcionarios.

En este sentido, el Diario Oficial de la Generalitat publicaba este miércoles el acuerdo Estado-Generalitat para «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias». Estas se refieren a aspectos de la ley tan variados como la escuela valenciana de administración pública, o los derechos de los empleados.

Al no incluir en esta lista la exigencia de saber valenciano a los funcionarios, Moncloa avala implícitamente su puesta en práctica. De hecho, desde el Consell siempre se ha insistido en que la Comunidad Valenciana es la única con dos lenguas oficiales que no tiene aprobado el requisito lingüístico.

 En cualquier caso, lo que dice la ley de función pública es que entre los requisitos de acceso para participar en los procedimientos selectivos estará el de «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano». Eso sí, el ala socialista del Consell logró colar en su día que el requisito de valenciano tendrá que aplicarse «respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». Dicho con otras palabras, que no todos los funcionarios para serlo deberán acreditar el mismo nivel de valenciano. Por ejemplo, el personal sanitario.

Aunque esto dependerá de la propuesta que elabore una comisión ya constituida. Será la que determine qué nivel de valenciano se pide para cada puesto. La consellera Gabriela Bravo ya ha dejado la puerta abierta a rebajar el requisito en las zonas castellanohablantes.