El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, reclaman que se condene por delitos de acoso y descubrimiento de secretos a un año y medio de prisión al vecino de Galapagar (Madrid) investigado por el supuesto hostigamiento a su vivienda.

Así lo mantiene su defensa en el escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba en el que le solicita que siente en el banquillo a Miguel Ángel Frontera, de quien aseguran que estuvo «a diario» frente a su vivienda «profiriendo improperios».

Iglesias y Montero solicitan también que se le imponga una multa de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado. Del mismo modo, su equipo jurídico solicita que se imponga a Frontera una fianza de 20.000 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado».

 La defensa ha justificado su petición por la «grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial» ambos dirigentes, «siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia».

En este sentido, hace hincapié en «la afectación e impotencia» de Iglesias y Montero para «proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas». «Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad», destaca.

 Su defensa pide que declaren los agentes de la Guardia Civil encargados de la vigilancia en el perímetro de la vivienda y los propios Iglesias y Montero como perjudicados. En julio de 2020, la pareja presentó una querella contra Frontera por acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente (aunque estos dos últimos delitos fueron descartados por el instructor).

Según su versión, Frontera estuvo «a diario» frente a su domicilio –al menos desde el 15 de mayo hasta el 12 de diciembre de 2020– «hostigando y profiriendo términos injuriosos» como «garrapata» o «chepas».

Asimismo, señalan que Frontera se autoproclamó como «instigador de las protestas» en Twitter y que en una ocasión «se alzó sobre una piedra para superar el muro» y «procedió a grabar desde ahí el interior de la morada», «invadiendo» su intimidad familiar.