Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».

 Según un documento , la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa. 

El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad. Y se da la circunstancia de que el directivo de la petrolera que firmó la orden de contratación, Eulogio del Pino, se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción. 

 

Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.

Delgado ya ha advertido en alguna ocasión que no se siente «concernida» ni cree que personalmente deba apartarse por afectación directa o indirecta en el ‘caso Tándem’ –que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo- por su relación personal con Garzón. Sin embargo, se da la paradoja de que un fiscal de Tándem sí fue apartado por la cúpula de la carrera, presidida por Delgado, bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. La inspección tachó todo de conjeturas y no apreció irregularidad alguna en su comportamiento.

 Tal coordinación con fiscales y jueces, a tenor de la orden de contratación publicada por este periódico, no era una manera de hablar por parte de la petrolera estatal venezolana, sino que formaba parte de los términos exactos negociados directamente con el despacho de Garzón. «La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:

-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.

-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.

-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.

-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».

La querella fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera. Las contrataciones de mayor monto, según escritos sumariales, precisaban la autorización de PDVSA, matriz de Bariven. La juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación, esencial para esclarecer quién ordenó pagar a dichos proveedores sospechosos. La petrolera un año después sigue sin entregarla.

En dichos documentos, aflorarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez. Todos ellos han sido miembros de la dirección de PDVSA en el periodo investigado (2005 a 2014). El bufete de Garzón entregó una prueba que, según fuentes jurídicas, puede volverse en contra de su cliente: las atribuciones legales de la junta directiva de PDVSA. Y entre ellas estaba la de «autorizar la celebración de contratos».

El juzgado ya tiene ejemplos de autorizaciones por la dirección de PDVSA de compras de Bariven. Si PDVSA a través de Ilocad entregara a la justicia española todos los permisos de compras, tales altos personajes del régimen venezolano, incluido el firmante de la contratación del bufete de Garzón, podrían resultar investigados, según fuentes conocedoras del caso. La falta de entrega de esta documentación estanca la causa, según fuentes jurídicas: la juez no tiene pruebas de quién firmó tales compras millonarias sospechosas.

La orden de pago a Garzón afirmaba que Del Pino se encargaría de que la acción penal «cuente con el aval y soporte de la Contraloría general de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional». Tales requisitos para ejercer acciones penales por parte de PDVSA, según fuentes relacionadas con el caso, nunca se reflejaron en la causa, promovida en exclusiva por el bufete contratado por Del Pino.

 El régimen de Maduro parece no tener interés en aclarar esta causa financiada por un directivo cuya credibilidad ha puesto en entredicho la propia Justicia de su país y que estaba tejiendo esta querella en vísperas de su detención.

Extradición del ‘Pollo’ Carvajal
La causa judicial sobre PDVSA choca con otro posible conflicto. La Justicia española debe decidir sobre la posible extradición del todopoderoso exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. Y este maestro de espías conoce precisamente contratos clave de PDVSA, incluidos los obtenidos por Ilocad del Estado venezolano o de sus empresarios afines. No en vano, años atrás el bufete de Garzón participó en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, algo ratificado en su día por dicho despacho, el entorno del exalto cargo chavista y el mecenas venezolano que sufragó su minuta.

 Hugo Carvajal / Emilio Naranjo 
Carvajal dice tener documentados oscuros negocios vinculados a la coalición que gobierna España. Esto pone en una difícil situación a la Justicia: si Carvajal quiere aportar pruebas de negocios turbios que salpicarían al actual Gobierno, ¿qué papel deben asumir la Fiscalía y la judicatura? El conflicto de intereses está servido: extraditar sin investigar las denuncias de Carvajal alimentaría la credibilidad de sus acusaciones y parecería un favor a Maduro, presidente de un régimen amigo (Delcygate, Plus Ultra, Caso Morodo, subvenciones millonarias a la fundación embrión de Podemos…) y cliente de bufetes poderosos.

Paradójicamente, Delgado como fiscal y Garzón como abogado reclamaron que no se extraditara a Hervé Falciani a Suiza, donde estaba condenado por sustraer y divulgar información bancaria, precisamente porque ayudaba a esclarecer delitos colaborando con la Justicia española. Ahora Carvajal quiere ser Falciani, pero la Fiscalía abandera su extradición.

El general está dispuesto a demostrar que tiene material para merecer ser un testigo estrella de casos de corrupción en España. Y quiere desvelar qué intereses (políticos, diplomáticos o jurídicos) pueden concitarse para favorecer su salida de España, inicialmente denegada por los tribunales en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Nacional veía vaguedad en sus acusaciones e incluso intencionalidad política.

Detenido por corrupción
Sobre el contrato de Ilocad para perseguir en España fraudes a una filial de PDVSA sobrevuela otro hecho llamativo. A Eulogio del Pino, directivo de la petrolera autor de su fichaje, le detuvieron e imputaron en Venezuela por los delitos de peculado doloso (funcionario que aprovechando su cargo se apropia o utiliza indebidamente bienes públicos), concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir, uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.

También fue investigado, según la prensa venezolana, por el sabotaje en la empresa mixta ruso-venezolano Petrozamora, con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo desde 2015 al 2017, periodo en el que registró pérdidas por 15 millones de barriles, así como más de 500 millones de daños patrimoniales en relación a la compra de material para la empresa mixta. En febrero de 2021, un tribunal caraqueño ordenó la apertura de juicio contra dicho exdirectivo de PDVSA.

Por otro lado, el bufete de Garzón también defiende a Alex Saab, presunto capo de la corrupción de Maduro según EEUU y la exfiscal general venezolana. El Gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab en Cabo Verde como un «secuestro», mientras que Garzón lo considera «una ilegalidad absoluta».