Los agentes tienen que recurrir a centros privados o concertados, pagados de su bolsillo, para asegurarse que reciben las clases en castellano.
Hartos. Desesperados. Cansados. Son los adjetivos más recurrentes que utilizan los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña cuando tienen que matricular a sus hijos en algún colegio. Ya sea público o concertado. Y la razón es que no reciben clases en castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó en enero de este año que, como mínimo, el 25% de las horas lectivas en la comunidad autónoma debían ser en castellano al ser lengua cooficial. La Generalitat lo vio una “barbaridad” y tiene recurridas las sentencias ante el Constitucional.

 “¿El 25%? Es de broma, en ningún centro encuentras eso”, explica Paco, agente de la Policía Nacional nacido en Cataluña y destinado en Gerona. Tiene un chaval de 17 años en un colegio concertado. Para asegurarse que estudia el mínimo de asignaturas en español paga unos 280 euros que, evidentemente, sale de su nómina. “Estoy a favor de que se fomente la cultura catalana, pero que no se imponga”.

El caso de Paco es raro: es de ese 3% de policías en Cataluña que son catalanes. El resto viene de fuera.

 Los agentes rara vez eligen Cataluña como su lugar de destino. Los altos precios de los alquileres, la distancia que media de su hogar pero, principalmente, ese ambiente enrarecido son algunas de las causas. Todos los años se quedan plazas sin cubrir, y los que son obligados a escoger alguna de las cuatro provincias para trabajar son los recien salidos de la academia, muchas veces para lograr puntos con los que marcharse rápidamente.

Cataluña es un sitio inhóspito para trabajar si se es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Más en los últimos años en los que el procés ha tenido sus años más movidos y la convivencia con los que son sus vecinos se ha vuelto insoportable. Muchos todavía los señalan y les hacen la vida lo más imposible que pueden desde los altercados del 1 de octubre. Ni oblit ni perdó, dicen.

 Guardias que se van
Víctor para en Valencia, camino de Tarragona. Es su último viaje a la que hasta ahora era su casa. Se marcha de Cataluña por dos razones: sus dos hijos, uno de 9 años y otra 3, no han podido estudiar en español, y la segunda es que al mayor le hacían la vida imposible en la escuela porque su padre es Guardia Civil.

“Desde todo el tema del reférendum se ha hecho insoportable. Mi hijo lloraba todo el tiempo porque en el colegio insultaban a su padre”, explica con marcado acento de Cádiz, de donde son él y su mujer. El 18 de octubre empieza una nueva vida en La Línea de la Concepción, donde ha conseguido destino. “Ellos tres (su mujer y los dos hijos) tuvieron más suerte y se fueron en diciembre del 2019. Ahora me voy con ellos, por fin”.

Optaron por un colegio concertado, cerca de la casa cuartel donde vivían, porque los públicos no les convencían. “Además el privado este tenía más plazas, casi nos vimos obligados a cogerlo”. Allí pagó entre 70 y 90 años, depende del año. “Los primeros tres años de infantil nos dijeron que todas las horas se daban en catalán menos una en inglés. Después, los primeros años de primaria, les daban tres horas a la semana en español”.

 Su hijo mayor ya lleva año y medio dando clases en Cádiz, con una pandemia de por medio. “Incluso con esas, lo primero que me dijo tras el primer día de clase es que no se iba de allí ‘ni muerto’, de lo que le gustó”.

 José Antonio también es guardia civil en Vilaseca, en un pueblecito de la costa tarraconense. Es parco en palabras, pero el problema se entiende igual. “A mi hija le dan 2,5 horas a la semana para no aprender castellano, porque a leer y a escribir han tenido que hacerlo en casa”. Tanto en casa como con sus amistades hablan en español, y eso es lo que buscaba cuando nació su niña, que ahora tiene 9 años.

Con 30 años de experiencia en Cataluña, preguntó entre sus compañeros del cuartel cuál era el mejor centro. Entre los muros del edificio del Instituo Armado hay otros 5 chiquillos. Todos le señalaron el mismo colegio y allí que fue a matricular a su hija. “Tampoco había alternativa, lo único que hay es un centro privado bilingüe que cuesta 1.500 euros al mes”. Los guardias civiles son los agentes que menos cobran del Estado.

 En su zona el independentismo no es tan beligerante como en otros puntos del interior. No se han sentido señalados por hablar en castellano, aunque conoce compañeros que han decidido irse por el idioma. “En la escuela enseñan todo en catalán, pero como la mayoría de niños son de fuera tienen que terminar repitiéndolo en español”.

También hay casos similares entre los Mossos d’Esquadra, aunque menos. Enrique llegó al Cuerpo proveniente de la Benemérita, cuando se creó la Policía autonómica e Interior favoreció la ‘pasarela’ para que los agentes allí destinados pudiesen reconvertirse. “Pago cerca de 800 euros al mes, entre colegio, uniforme y libros, para que aprenda las dos lenguas. Fuera de Barcelona y su periferia no hay forma de meter a tu hijo en una escuela que tenga un mínimo de castellano”.

Interior ve “conflictos”
Esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido “conflictos” a la hora de que los hijos de los agentes reciban clases en español. “Desde este Ministerio abogamos por el cumplimiento de la normativa vigente, así como el de las resoluciones judiciales dictadas al respecto”, reza una misiva de su departamento publicada por El Mundo.

Ana Losada preside la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Ve “un avance” en que desde el Gobierno central “se reconozca el problema” ya que “encontrar colegios públicos en español es imposible”, sobre todo en Gerona y Lérida.

 Desde su asociación dan amparo a los padres que reclaman a la Administración clases en castellano. Reciben unas 30 peticiones anuales. “Lo mejor es poner un recurso ante Educación. La consejería tiene un plazo de tres meses para responder, aunque lo más normal es que no lo haga”. El siguiente paso es presentar un recurso de alzada para recordar a la Generalitat que han solicitado las clases bilingües.

Tras eso, acuden a la Justicia Autonómica, aunque la decisión para los alumnos es individual y hay que ir caso por caso. “Cuando nos recibe el TSJC, porque hay que ir ante el tribunal, lo normal es que obliguen al centro a que en esa clase donde está el niño se den el 25% de clases en español”. Por seguridad, y para evitar hostigamientos, no se identifica al alumno ni a la familia: “Simplemente dicen que se ha de hacer”, afirma.

“En el caso de los funcionarios, que vienen un año y medio o dos, hay veces que ni si quiera pueden llegar a ver cumplida la normativa”, explica. Y recuerda que “este no es un problema sólo de los agentes, si no de todos los padres de Cataluña”.

Es el caso de Rosa, que trabaja en la empresa privada. Navarra afincada en Cataluña desde verano, en el colegio público de Sant Cebrià de Vallalta donde ha matriculado a su hija de cinco años no se lo han puesto fácil. Más bien lo contrario. “Nos han dicho que en infantil no hay obligación de dar castellano”.

Ella ha pedido el recurso para que le impartan clases “en su lengua materna” a través de la asociación de Ana. “Me respondieron de muy mala forma, diciéndome que lo mirase por el lado positivo, que mi hija iba a aprender catalán”. Rosa no tiene nada en contra del idioma autonómico. De hecho lo habla porque de pequeña veraneo largas temporadas en la Ciudad Cndal, y con 19 años decidió irse de manera independiente para allá.

Ha estado mirando centros privados o concertados para que aprendiese castellano. El más asequible que ha encontrado cuesta 385 euros, más 300 de matrícula. “No puedo estar trabajando para pagar un colegio”.  Dice que su hija no entiende los cuentos en el colegio “Se me rompe el alma”.