La cofundadora de Podemos afirma que el documento es una falsificación «burda»
El otrora jefe de Inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, ha vuelto a enviar documentación al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tal y como se comprometió en aras de colaborar con la Justicia y con el fin último de evitar su extradición a Estados Unidos.

En esta ocasión, se trata de dos resoluciones del Gobierno de Venezuela que reflejan relación de los fundadores de Podemos con el régimen chavista, tal y como adelantó ‘Okdiario’ y confirmó ABC.

Incluye la encomienda de 2008 por la que Hugo Chávez autorizó el pago de 4,48 millones de euros a la Fundación CEPS y otra de 142.000 dólares que en 2013 habría liberado ya Nicolás Maduro en favor de Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez para comunicación.

 Este documento, fechado el 16 de octubre de 2013, refiere un «subcontrato» a los tres «sociólogos y activistas del movimiento 15-M/indignados» para el «diseño político comunicacional del material audiovisual» que se iba a utilizar en el stand de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en el Congreso Mundial de Petróleo que se celebraría en Moscú al año siguiente.

El contrato marco que refleja el documento es para la empresa VIU Comunicaciones C.A, que se había hecho cargo del estand en dos congresos anteriores celebrados en Catar (2011) y Madrid (2008). El presupuesto superaba el medio millón de dólares de los que el grueso irían al diseño y construcción del expositor y el resto, para los mencionados Bescansa, Lago y Jerez. Junto a la rúbrica de Maduro, una consigna: «¡Unidos en la lucha!».

 Carolina Bescansa negó ayer la veracidad del documento. «Se trata de una acusación falsa construida sobre documentos falsificados de forma muy burda, como otros tantos que se han publicado desde 2014 hasta la fecha y que han sido invalidados en sede judicial», señaló, para incidir en que no participó en aquella feria del petróleo ni suscribió «ningún contrato con Nicolás Maduro para ningún asunto», tampoco a través de VIU Comunicaciones.

El contratista, el mismo al que pagó Monedero, niega el documento
Se da la circunstancia de que esa empresa, VIU Comunicaciones, comparte titular con VIU Europa, la mercantil a la que Juan Carlos Monedero pagó 69.000 euros por un informe en aquellas mismas fechas después de haber percibido algo más de 425.000 a cambio de prestar un servicio similar, asunto que estuvo bajo la lupa ante un posible delito fiscal del que fue finalmente exonerado.

 El titular de la mercantil es Ernesto Velasco, venezolano afincado en España y que en conversación con ABC puso en duda la veracidad del punto de cuenta, ya no sólo porque asegura que jamás ha contratado a Bescansa, Jorge Lago ni Ariel Jerez, a quienes niega conocer ni de vista, sino porque dice que contiene un error de bulto: La adjudicación se hace en el documento aportado por Hugo Carvajal a VIU Comunicaciones, cuando según asegura, el contrato lo fue con VIU Europa, que es la empresa que él mismo fundó y la que efectivamente, se encargó de los estands de Pdvsa en tres congresos internacionales de petróleo, incluido el de Moscú.

Argumenta que utilizó esa empresa y no la otra porque tiene sede en España, es decir, es internacional, de manera que no está sujeta a las restricciones con el pago de divisas que sí afectan a VIU Comunicaciones, venezolana.

Como fuere, ninguna de las dos figura ya como empresas validadas para contratar con la Administración pública de Venezuela tal y como pudo contrastar este diario. Velasco, quien dice que tampoco conoce a Monedero, lamenta el día que aceptó hacerle un informe porque la polémica posterior, asegura, le ha perjudicado en sus negocios y en su vida personal: «Yo nunca he tenido que ver con política».

 La relación con CEPS
Junto a ese documento de 2013, el Pollo ha aportado otro que ya fue revelado en exclusiva por ABC en 2016. Se trata del punto de cuenta -la orden de librar presupuesto que firma el presidente de Venezuela- rubricada por Hugo Chávez en 2008 en favor de Fundación CEPS, el germen de Podemos.

La resolución, instada por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, menciona específicamente a Juan Carlos Monedero, Jorge Vestrynge y Pablo Iglesias en calidad de «destacados profesores» que «representan una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana».

Contempla un pago fraccionado de la cuantía, con 1.650.700 euros para el ejercicio en curso (2008) y otros 2.830.000 euros para el periodo 2009-2011. En los antecedentes constan 2.687.390 euros como cantidades satisfechas «en estos años», en referencia al periodo 2003-2007. En total, los pagos a la fundación habrían ascendido a 7.168.090 euros, cuando, tal y como informó ABC en su día, CEPS cifraba en 3,7 millones de euros lo facturado de Venezuela hasta 2012.

 Bajo la lupa del juez
El objetivo, «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalista, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano».

Después de que difundiese aquel punto de cuenta, la Asamblea venezolana inició una investigación, mientras en España este asunto no tuvo recorrido en los tribunales. Ahora, el instructor habrá de analizar tanto la veracidad de la documentación como su trascendencia de cara a incoar o reabrir un procedimiento.

Entretanto, estudia dar traslado a la instructora de la causa sobre Pdvsa en la Audiencia Nacional, María Tardón, del otro documento aportado por Carvajal, un punto de cuenta donde el Gobierno de Venezuela aprobaría un presupuesto de 8,8 millones de euros para la contratación del bufete que dirige Baltasar Garzón a fin de que represente los intereses de la petrolera en España.

Este despacho asegura que los términos que recoge ese documento son falsos pues su contrato no es con Pdvsa sino con un bufete americano.