El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí han abierto este lunes una oficina europarlamentaria de atención a los ciudadanos en Barcelona con el objetivo de que "el contacto entre políticos y ciudadanos pueda ser constante" durante todo el mandato.

   "Vivimos en el exilio, pero no podemos permitir que la represión nos impida acercarnos y escuchar a nuestros conciudadanos", explican en un mensaje en Twitter recogido por Impacto España, donde concretan que la oficina está en la calle Bonaire número 2, al lado de la plaza de les Olles de la capital catalana.

   De hecho, destacan que la oficina se ubica "en el único edificio que quedó de pie en el barrio de la Ribera que Felipe V hizo derribar después de 1714, por lo que es un símbolo más de resistencia y lucha por la libertad".

   También consideran una contradicción que, como eurodiputados, tengan la financiación y la capacidad de abrir una oficina en Catalunya y, en cambio, no la puedan visitar "libremente" por temor a ser detenidos si pisan territorio español.

   Así, reivindican que si pueden abrir esta oficina "es gracias a que el derecho europeo prevalece sobre el derecho español, como quedó demostrado con la sentencia del TJUE del 19 de diciembre de 2019", algo que esperan que se demuestre de nuevo cuanto antes.

   Aseguran también que desde la oficina pretenden seguir luchando para conseguir "un Estado catalán independiente y ejemplar dentro de la familia europea en defensa de los derechos fundamentales".

   La oficina estará abierta de lunes a viernes, salvo festivos, y está previsto que retransmitan los actos que organizan en el Parlamento Europeo, y que, periódicamente, hagan actos de pequeño formato en conexión con Bruselas.

PROVEEDORES CATALANES
    Tras reivindicar que han aplicado el principio de consumo estratégico, han concretado que sus proveedores de teléfono, energía y de seguros son empresas catalanas sin vínculo con el Ibex-35: "El camino hacia la independencia también es un camino de desconexión de los grandes poderes económicos del Estado español. Debilitarlos es fortalecernos".

   Además, piden a las empresas con las que trabajan que les facturen en catalán y añaden que les gustaría que todas las instituciones actuaran "con el mismo propósito en defensa de la soberanía del Parlament" y del catalán.