Una chica de 22 años acudió al cuartel de la Guardia Civil el pasado día 20 para denunciar que un hombre la había abordado junto a su casa en Tarancón (Cuenca) y la había agredido sexualmente. Le había realizado tocamientos y había intentado meterla en un portal pero ella había conseguido zafarse de él y escapar.  

Al día siguiente, una patrulla localizaba al sospechoso caminando por la A-3 a la altura de Villarrubio. Cuando fueron a identificarle, comenzó a correr y saltó una mediana tratando de darse a la fuga. Los agentes lograron interceptarle, aunque el joven se resistió y agredió a uno de ellos durante la detención.  

Al consultar sus antecedentes, pudieron comprobar que el marroquí de 24 años había salido de la cárcel de Estremera el pasado 17 de octubre, después de pasar cinco años entre rejas por otra agresión sexual. En 2016 violó a otra joven en Elche. Se encontraba en libertad vigilada pospenitenciaria. 

Debía llevar una pulsera telemática para vigilar sus movimientos, porque tiene una orden de alejamiento hacia su primera víctima. La medida está vigente hasta 2022 según recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante dictada en 2018. 

Instituciones Penitenciarias avisó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que había vuelto a perder el contacto con su dispositivo el día 19 por la tarde. La última señal que emitió fue el mismo día y en la misma localidad manchega en la que asaltó a su última víctima. 

Tras ser detenido y puesto a disposición judicial, el magistrado decretó su ingreso en prisión provisional y fue trasladado a la cárcel de Cuenca el día 22. Según fuentes penitenciarias, se trata del mismo recluso que el 16 de agosto había protagonizado un incidente en la prisión de Villena. Las imágenes fueron difundidas por los medios de comunicación. 

“¡Venid a por mí cabrones!”, gritaba el joven, retando a tres funcionarios que le habían escoltado hasta su celda. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del centro y el vídeo se filtró a la prensa.
 
 Su intención de denunciar a los trabajadores que habían utilizado porras de goma para reducir al recluso. Desde la Secretaría General alegaban que el magrebí tenía problemas mentales pero no habían facilitado sus antecedentes penales.  Estaba en primer grado y acumulaba más de 50 incidentes desde que entró por primera vez una cárcel española.