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La primera querella contra Belarra por decir que los jueces prevaricaron con el caso de Alberto Rodriguez

Los ataques desde el poder ejecutivo al poder judicial ponen en riesgo los controles al Gobierno

Investigacion Judicial 28 de octubre de 2021 LDL
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La primera querella contra la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ya ha sido presentada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Belarra acusó el pasado viernes en las redes sociales a los magistrados del Alto Tribunal de cometer un delito de prevaricación tras condenar al ya exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez.

La querella de 16 páginas, ha sido interpuesta este martes por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y atribuye a Belarra hasta 5 delitos de calumnias con publicidad a autoridad en el ejercicio de su cargo (un delito de calumnia por cada uno de los cinco magistrados que acordaron la condena a Rodríguez), y un delito contra las instituciones del Estado. Además, se solicita la citación de Belarra como investigada ante el Supremo.

La Fundación Foro Libertad y Alternativa nació el pasado mes de mayo y de ella forman parte el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja; el expresidente del Partido Popular Catalán, Alejo Vidal-Quadras; la expresidenta del PP vasco, María San Gil; el filósofo, Fernando Savater o la cantante Ainhoa Arteta. Los fines de esta fundación son "la defensa de la democracia liberal, el fortalecimiento de España, de sus Instituciones, del orden legal y de la concordia entre españoles".

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Según la querella, "no puede dudarse que se está imputando la comisión de un delito de prevaricación al Tribunal Supremo, como Institución, y a los magistrados que votaron a favor de la ponencia mayoritaria que conllevó la condena de D. Alberto Rodríguez, individualmente. La querellada tiene sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación o, cuando menos, actúa con desprecio extremo y temerario hacia la verdad".

"Las manifestaciones presuntamente calumniosas de la querellada", añade, "no se producen de manera aislada, sino que se dan en un contexto en el que desde el partido político Podemos, del que la Sra. Belarra es secretaria general, se tergiversa groseramente el fundamento de la Sentencia de condena a D. Alberto Rodríguez, haciéndola pasar por una Sentencia dictada sin pruebas y movida por un ánimo de venganza, tratando de deslegitimar de manera genérica la Justicia y, en concreto, el Tribunal Supremo, así como a determinados Magistrados de la Sala penal, presentándolos como instrumentos de lo que en su propia comunicación denominan ‘la derecha y ultraderecha’".

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La querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa afirma que Belarra imputa a los magistrados del Supremo "sin ambages y de manera en la que permite su sencilla identificación individual, actuar injustamente a sabiendas y movidos por un ánimo espurio, diferente al de la aplicación de la ley y, en definitiva, se les acusa públicamente y con grosera falsedad de haber cometido un delito de prevaricación". Es decir, los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Carmen Lamela.

"Entendemos que las manifestaciones vertidas por la querellada afectan al honor en el ejercicio de su cargo como autoridad de cada uno de ellos, provocando una deslegitimación que va más allá de su mero honor particular, afectando a la legitimidad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, a uno de los poderes del Estado. Estaríamos, pues, ante cinco delitos diferenciados de calumnias", destaca el escrito.

"Como el propio CGPJ ha manifestado, las manifestaciones realizadas por la querellada
exceden ampliamente su libertad de expresión. No se trata de que realice una crítica,
severa, incluso áspera, a una decisión judicial, sino que directamente acusa al Tribunal
Supremo y a los magistrados que dictan la Sentencia y hacen ejecutar lo juzgado de
prevaricación, sin más matices", apunta la querella.

"Miembro de otro poder del Estado"
La querella señala que "el derecho a discrepar, a opinar incluso en los términos más ácidos, no puede en modo alguno convertirse en un derecho a imputar evidentes falsedades y delitos. Menos aún si se trata de una Institución sobre la que descansa una parte muy importante del sistema democrático y el Estado de derecho y cuya legitimidad ante los ciudadanos resulta esencial para el correcto funcionamiento de la democracia".

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"Los ataques desde el poder ejecutivo al poder judicial ponen en riesgo los controles al Gobierno, perjudicando el sistema de pesos y contrapesos en el que se basa el sistema democrático. Esta parte no tiene constancia de un ataque de estas características realizado por un miembro del Gobierno de España al Tribunal Supremo y a magistrados concretos de dicho tribunal. Si este precedente resultara impune, el futuro de la relación entre los poderes del Estado quedaría muy gravemente afectado, abriéndose la puerta a la deslegitimación del poder judicial y sus miembros desde el poder político", concluye.

La intención de la Fiscalía no es actuar de oficio contra Belarra, pero sí informar a favor de admitir una querella contra ella cuando se presente ante el Tribunal Supremo.

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