Una presumible trama compuesta por tres magistrados y un fiscal del ‘procés’ es denunciada por prevaricaciones varias y falsedades documentales

Arrecian las represalias contra el juez Presencia. Los magistrados denunciados son, como no, los reincidentes e insistentes: Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela. La fiscal es Consuelo Madrigal. En su búsqueda de venganza personal van a la desesperada, como pollos sin cabeza. Su enemistad contra el juez Presencia es más que manifiesta. El CGPJ calla y consiente.

Algunos no han perdonado que el Magistrado y presidente de ACODAP, Fernando Presencia, hiciese de público conocimiento que algunos de sus compañeros de carrera se estaban dejando sobornar. Por ese motivo van descaradamente a por él, sin miramientos, obviando el reconocimiento que merece. Las prevaricaciones y falsedades documentales son las desiguales armas que emplean los ahora denunciados para intentar neutralízale y desprestigiarle. Su argucia favorita consiste en ampararse dando por buenos sus continuos “errores” para hacer lo que les da la gana.

Las calamitosas intervenciones de Consuelo Madrigal en muchos de los interrogatorios a los acusados durante la causa del ‘procés’ dieron mucho que hablar De antología se califican los lapsus de la ex fiscal general del Estado. Las redes sociales se inundaron de comentarios que se hicieron eco de sus imprecisiones, dudas, silencios inexplicables para consultar papeles y sus desvaríos.

Madrigal en sus desatinos llegó a confundir en abundantes y repetidas ocasiones documentos, organismos, leyes con resoluciones y suspensiones con anulaciones por parte del Tribunal Constitucional. Sus incesantes meteduras de pata llegaron a dejar “descolocados” a los interrogados. El ex teniente fiscal del Supremo, el igualmente controvertido Luis Navajas, afirmo refiriéndose a ella que “con esa tropa no se puede ir a la guerra”.

ACODAP, la asociación contra la corrupción, ha denunciado que “esas meteduras de pata no serían tales, sino que podrían formar parte de una trama criminal que, bajo la excusa de aparentes torpezas, estarían en realidad encubriendo una urdimbre de prevaricaciones y falsedades cometidas buscando como finalidad dirigir los procedimientos judiciales con el resultado por ellos deseado”.

Ese cúmulo de “errores de bulto” son denunciados por el juez Presencia, que considera que están en el origen de la aberración en que se han convertido -explica la denuncia- algunos de los procedimientos judiciales más sonados de este país.

El escrito de denuncia pone como importante ejemplo de lo afirmado a la citada causa del ‘procés’. Las ilegalidades cometidas en la tramitación tanto de la instrucción como durante el juicio las puso de manifiesto públicamente ni más ni menos que el Consejo de Europa, haciendo referencia fundamentalmente a la falta de competencia del Supremo para el conocimiento de aquellas actuaciones.

Recordemos que comenzaron con una querella de la fiscalía que, por incomprensible “error”, fue presentada en el Alto Tribunal y no ante la jurisdicción de los tribunales catalanes que era lo correcto.

Otro caso sonado que también denuncia ACODAP es el del político de UP, Alberto Rodríguez, que ha sido expulsado por las buenas del Congreso de los Diputados por otro “error” de Marchena en la interpretación de la sentencia que le condenó por hechos leves, esa que además no había sido siquiera publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esto, por sí solo, debería de provocar la nulidad de la expulsión.

Insistimos en que los magistrados Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, así como la fiscal Consuelo Madrigal, son denunciados merecidamente por represaliar al Magistrado que hizo público que algunos de sus compañeros de carrera se estaban dejando untar. Madrigal era la fiscal general del Estado cuando Fernando Presencia denunció, en su condición de juez decano de Talavera de la Reina, “que varios de sus compañeros de carrera, entre ellos el fiscal decano de esa circunscripción, se habrían dejado sobornar”.

Lejos de investigar el escándalo, como debió hacerse, la entonces jefa máxima de los fiscales ordenó por las buenas el archivo de la causa. Pero además, incomprensiblemente, la citada mujer propició y consintió que los sospechosos de corrupción represaliaran con saña al Magistrado denunciante, al que represaliaron con una injusta e injustificable inhabilitación de veinte años, la mayor condena impuesta por el delito de prevaricación judicial (inventada en este caso) en toda la historia de la democracia.

Según Presencia, el asunto salió a la luz cuando tras recusar a dos de los magistrados que supuestamente intervinieron en esas represalias, los también jueces del ‘procés’, Llarena y Marchena, Madrigal salió en inaceptable defensa de ellos, negando gratuitamente que existiera algún tipo de animosidad hacia el juez decano de la Ciudad de la Cerámica.

El estruendoso escándalo crece hasta alcanzar dimensiones morrocotudas, porque la animadversión de Llarena y Marchena hacia el juez Presencia es más que evidente, demostrable y proverbial, hasta el punto que ha llegado a ser recogida y publicada en el libro de autobombo, tan malo como poco vendido, de Marchena.

En el mencionado libro el único protagonista reconoce haber utilizado motivos extraprocesales para atacar al juez Presencia. Se trata de una biografía “consentida” y auspiciada por el propio Manuel Marchena, con título “Marchena el Poder de la Justicia” y firmada por la periodista Carmen Rodríguez De Ganuza, que fue ostentosamente presentada ante los medios de comunicación en septiembre de 2020 con el padrinazgo de la controvertida Margarita Robles.

En ese libro mediocre Marchena reconoce sin pudor alguno que: “da la impresión que el Alto tribunal disponía de más información extraprocesal contra el exjuez”, haciendo con ello referencia al paripé que fueron los procesos sumarísimos teatralizados contra el juez Presencia, y de la absoluta falta de imparcialidad de todos los magistrados que participaron en las inmundas represalias.

El asunto se hace absolutamente insostenible, pues lo que parecía ser otra “torpeza” más de Consuelo Madrigal da muestras de ser un alarde de delincuencia organizada. El “error ha sido santificado” por los otros denunciados. Es un planteamiento tan zafio como ilegal, si bien lo utilizan torticeramente como causa de inadmisión de uno de los numerosísimos recursos de casación interpuestos por Presencia contra las injustísimas sentencias con las que viene siendo represaliado desde hace años.

En concreto, se refiere la denuncia, al informe evidentemente erróneo que emitió la ex fiscal general del Estado en la causa seguida en la Sala 2ª del Supremo como RECURSO DE QUEJA – 20284/202, donde sin el más mínimo rigor jurídico se comete una aberración. Hace un recuento absolutamente esperpéntico de los días hábiles que ella imagina transcurren desde que el procurador recibe de su Colegio vía Lexnet una notificación el día 18 de diciembre de 2020, hasta que finalmente se presenta por Lexnet el escrito de preparación del recurso de casación antes de las 15:00 horas del día 4 de enero de 2021. Los “errores” de la señora son de antología del disparate.

Como se puede fácilmente comprobar por cualquier jurista acostumbrado a presentar escritos en los juzgados, la respuesta correcta a este problema, que podría ser perfectamente la pregunta de un examen de primero de Derecho, es: CINCO DÍAS HÁBILES.

Sin embargo, todos los denunciados han llegado a la conclusión ilegal de que el plazo transcurrido es de SIETE DÍAS HÁBILES, y que por tanto el recurso habría sido preparado fuera de plazo, lo que según ACODAP demuestra bien claramente que lo denunciado se trata de una represalia más contra el juez Presencia, cometida a través de la denunciada trama organizada de prevaricaciones y falsedades documentales.