Los secesionistas no conocen límites ni fronteras a la hora de hacer negocios. Algunos empresarios, tampoco. Es el caso de Aguas de Valencia, cuyos propietarios desfilarán a partir de este martes por la Audiencia Nacional (AN) en el juicio por una operación inmobiliaria que habría provocado pérdidas millonarias al Banco de Valencia y Bancaja. Los grandes beneficiados fueron los hermanos Calabuig, empresarios castellonenses que compartían la propiedad de Aguas de Valencia con directivos de estas entidades bancarias.

La familia propietaria está acusada de lucrarse en una operación inmobiliaria a costa de Banco de Valencia y Bancaja
Estar investigados por la Justicia no impidió a los Calabuig intentar aprovecharse del secesionismo para expandirse en Cataluña. Ya en 2017, justo antes del referéndum ilegal del 1-O, se hicieron con el control de Aguas de Cataluña como filial de su matriz valenciana.

Y ficharon como asesor a uno de los principales cabecillas del secesionismo: David Madí, el todopoderoso gurú que había convertido a Artur Mas en presidente de la Generalitat. Su influencia en el secesionismo se evidencia por otro hecho reciente. El año pasado fue detenido en la Operación Voloh contra ex altos cargos y empresarios acusados de financiar la causa independentista con fondos públicos. En otras palabras, el ‘Estado Mayor’ de Puigdemont para el fracasado referéndum y su posterior fuga de España.

Madí fue el perfil elegido por los Calabuig para ampliar sus negocios aprovechando el río revuelto en la Cataluña de 2017. Al año siguiente le contrataron como presidente ejecutivo de la delegación catalana para rentabilizar su influencia en instituciones de esa región, la inmensa mayoría de ellas controladas por Junts y ERC.

Convertido en conseguidor de Aguas de Valencia, Madí trasladó la sede de su filial Aguas de Cataluña desde la localidad tarraconense de Tortosa al Paseo de Gracia de Barcelona, muy cerca de su despacho profesional. Y contrató como número dos a otro secesionista con mucha mano en cientos de ayuntamientos catalanes. Es así como ficha a Marc Pifarré, que había sido secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y director del Consorcio Catalán de Desarrollo Local (CCDL), desde el que centralizaba numerosas adjudicaciones en 770 consistorios, más del 80% de los que hay en Cataluña.

Pero no fueron los únicos secesionistas que ficharon por esta empresa de origen valenciano. Además de Madí y Pifarré, la filial catalana creó un Consejo Asesor en 2020 para dar cabida a otros ilustres independentistas que les ayudaran a ampliar y reforzar su red de contactos políticos e institucionales.

Por ejemplo el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya entre 2008 y 2011 (ERC), Joan Puigcercós, que fichó como presidente de ese grupo de asesores para cubrir el flanco del otro gran partido secesionista, además de la antigua CiU que ya controlaba Madí. Así lo afirma el juez de la Operación Voloh cuando apunta que el objetivo de incorporar a Puigcercós era «abrirse ayuntamientos» de ERC.
 
También Oriol Amat, diputado de Junts pel Sí, la fugaz coalición de Convergència y ERC que lideró Puigdemont hasta 2017. Un clásico de las balanzas y agravios fiscales a Cataluña. Otro fichaje secesionista fue Ernest Pérez-Mas, que fundó la operadora de telefonía móvil Parlem Telecom en 2014, cuando el proceso secesionista empezaba a coger carrerilla.
 
Parece que los nuevos fichajes dieron resultado, al menos para invertir la tendencia de pérdidas que Aguas de Cataluña registró en el primer año completo con Madí al frente. La filial catalana de la familia Calabuig cerró 2019 con unas pérdidas netas de 38.000 euros y el año pasado, ya con los refuerzos secesionistas, consiguió ganar 73.000.

Y ello teniendo en cuenta los 320.000 euros que se reparten los dos principales directivos de Aguas de Cataluña (Madí y Pifarré), en la que hasta entonces no se pagaban esas retribuciones porque era gestionada desde la matriz valenciana, según explicó la propia empresa.
 
Madí y los otros secesionistas que se incorporaron a la filial catalana de la familia Calabuig lo han intentado todo y por todos los medios, como evidencian las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil en la Operación Voloh, por la que Madí declaró voluntariamente este verano para negar cualquier vinculación con los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona.
 
Esas escuchas recogen algunas de las llamadas de Madí ya como máximo conseguidor de Aguas de Cataluña no sólo para hacerse con contratos de administraciones independentistas, sino incluso para algo mucho más ambicioso: absorber Aguas de Barcelona (Agbar), la principal competidora de la delegación catalana de Aguas de Valencia, que esperaba así hacerse con la hegemonía de este mercado estratégico en Cataluña.

El instructor de la Operación Voloh añade que «nuevamente David Madí habría activado sus contactos políticos para conseguir que prosperara» esa operación. Él mismo se jactó de ello en conversación con su jefe y presidente de la matriz valenciana, Eugenio Calabuig, uno de los hermanos investigados por la AN y ante el que Madí presumió de que jugarían «con las cartas marcadas» para hacerse con su competencia en Cataluña, según se recoge en la instrucción de la causa por la que fue detenido en octubre de 2020.
 
El juez añade que Madí «activó sus contactos políticos» para comprar la empresa que le hacía competencia en Cataluña, lo que «corrobora una vez más la capacidad de influencia y el acceso a una información que afecta al mercado del agua». Un privilegio «al alcance de muy pocos» y un «importante tráfico de influencias», sostiene el instructor.
 
Con Madí al frente, la delegación catalana de los Calabuig ha protagonizado adjudicaciones públicas no exentas de polémica, como los 820.000 euros que le concedió la Consejería de Territorio para explotar durante un año la depuradora de Martorell (Barcelona). Esa cantidad supera de largo el límite que obliga a las administraciones a adjudicar por concurso.

Ciudadanos pidió la compareciera del director de la Agencia Catalana del Agua, Lluís Ridao, para dar explicaciones por este asunto en el Parlament. Poco después, el mismo departamento de la Generalitat concedió a la empresa de Madí y los Calabuig otro contrato en Les Borges Blanques (Lérida) por 140.000 euros y, de nuevo, sin concurso público con el argumento de que era una emergencia.
 
La contratación directa, a la que las administraciones pueden recurrir en casos excepcionales, permite a los conseguidores explotar al máximo sus influencias políticas para hacerse con contratos públicos sin competir con otras compañías del sector. Así lo explicaba el propio Madí en las conversaciones que le intervino la Guardia Civil: «Es una gran oportunidad porque, con los criterios de emergencia, es un negocio redondo a través de la contratación directa».
 
Es el mismo plan que intentaron con otras administraciones de toda España aprovechando la crisis del coronavirus. Lo retrató a la perfección el número dos de la matriz valenciana, Jesús Civera, en otra de las conversaciones intervenidas con el propio Madí. Ambos hablaron por teléfono para intentar llegar hasta el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que querían ofrecer sus servicios para detectar coronavirus en redes de suministro. «Es una buena idea una entrevista con el ministro», decía Madí.
 
El concejal «subnormal»

«También probaron suerte con el Ayuntamiento de Barcelona, cuando el mismo directivo de la matriz valenciana explica a Madí que había intentado convencer «al subnormal del concejal del agua que tenéis en Barcelona», por el edil Eloi Badía. «No hay manera, tío», resume Civera a su delegado en Cataluña. Mejor les fue en Sant Cugat del Vallès, donde sí lograron un contrato directo pocos días después de que ERC se hiciera con la alcaldía de este municipio a mediados de 2019.

Esta es la historia reciente de una familia investigada por la Justicia desde hace años por una operación inmobiliaria muy lucrativa a costa de entidades bancarias valencianas antes de emprender su particular ‘procés’: contratar a golpe de talonario a conseguidores secesionistas para dominar el mercado del agua en Cataluña. Este martes arranca el juicio en la Audiencia Nacional y a partir del jueves declararán como acusados por esa operación, cuya sentencia podría conocerse en el primer trimestre del próximo año.

Costa Bellver: un presunto 'pelotazo' en plena crisis

El caso Costa Bellver es una parte de la investigación judicial que se inició tras la querella presentada ya en 2012 por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que fue rescatado con 4.500 millones de fondos públicos.

Desde 2006, los Calabuig compraron acciones de esta promoción en Oropesa del Mar (Castellón) y, en plena crisis del sector inmobiliario, se las vendieron a Banco de Valencia y Bancaja en 2009 por casi el triple de lo que pagaron ellos y cinco veces más de su valor real entonces, según Apabankval y la Fiscalía. Eugenio Calabuig compartía consejo de administración de Aguas de Valencia con Domingo Parra, exdirectivo del Banco de Valencia que ya ha sido condenado a varios años de cárcel por operaciones similares.

La acusación pide para cada uno ellos cuatro años de cárcel y una indeminización de 64 millones de euros.