El Gobierno descarta cesar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras las publicaciones sobre los supuestos vínculos del exjuez Baltasar Garzón --pareja de la jefa del Ministerio Público-- con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Así lo ha asegurado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a Vox emitida el 27 de octubre. Según ha precisado en el texto recogido por Impacto España, "actualmente no se da ningún supuesto" de los que contempla el artículo 31.1 de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cesar a Delgado del cargo.

La normativa establece que el mando de la fiscal general tendrá una duración de cuatro años y que "únicamente" se le podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que la inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que le ha propuesto.

VOX ASEGURA QUE EL CASO ES "ESPECIALMENTE GRAVE"
La formación liderada por Santiago Abascal preguntó al Ejecutivo si tenía intenciones de destituir a Delgado a raíz de las publicaciones sobre la presunta contratación por parte de PDVSA del despacho del exjuez Garzón.

En el marco de la exposición de motivos de su pregunta, Vox ha recordado que, "según ha aparecido publicado en medios de comunicación", el despacho de abogados Ilocad --propiedad de Garzón-- fue contrato en 2016 por la petrolera venezolana "para la prestación de diversos servicios por un importe de 8,8 millones". Cabe recordar que entonces Delgado no era ni Ministra de Justicia ni fiscal general.

"El objeto de este contrato constituía, principalmente, la interposición de acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Sin embargo, entre las tareas encomendadas también se preveía la 'coordinación con la Fiscalía y Tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial", ha señalado el partido.

La formación considera que "uno de los trabajos previsto en el contrato afectaría de plano a los procedimientos en los que el despacho de abogados defiende los intereses de la empresa estatal venezolana e incluso en los que la Fiscal General estaría interesada personalmente", lo que a su juicio es "especialmente grave".

Tras la publicación de The Objective, el despacho de Garzón expuso en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Boggs, "que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven", para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y ex funcionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo.

EL GRUPO MIXTO PREGUNTA SI SE PEDIRÁN "EXPLICACIONES"
El Gobierno también ha respondido al diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, quien preguntó al Ejecutivo si tiene previsto "solicitar explicaciones" a Delgado sobre el "presunto y pretendido uso de la actividad jurídica de la Fiscalía para beneficios de empresas privadas vinculadas a su actual pareja el exjuez Baltasar Garzón".

El diputado, a su vez, preguntó al Gobierno si "habiendo coincidido la vigencia de este supuesto contrato con la actividad de la Ministra de Justicia y actual Fiscal General del Estado, ¿tuvo conocimiento el Ministerio del mismo?".

En el marco de su escrito, además, requirió saber si "de confirmarse estas gravísimas informaciones" Delgado sería cesada o dimitiría.

Desde La Moncloa se han limitado a asegurar que actúan "siempre" con "respeto a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, como defensor de los derechos de la ciudadanía y del interés público y social y siempre dentro del marco de la Ley" por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

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