La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez le pondrá las cosas aún más difíciles a la Policía. Y mucho más fáciles a los malos. Y Europol se ha extrañado de que se permita fotografiar a policías. Entre las propuestas se encuentra levantar la prohibición de hacerles fotos a los agentes mientras realizan alguna de actuación, por lo que sus rostros podrían terminar con facilidad en internet.

Un hecho sobre el que alertaron expertos policiales en un encuentro internacional de Europol sobre terrorismo celebrado recientemente en Madrid. La circulación de fotografías de policías, advirtieron, les pone «en peligro».

Hasta ahora, hacer fotos y vídeos a los agentes estaba prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana que tanto PSOE como su socio Podemos, con apoyo de sus muletas parlamentarias de ERC y EH Bildu, van a remodelar por completo. Es, quizás, uno de los puntos de la reforma de la ley que más ha soliviantado a las plataformas y asociaciones policiales, que ya han anunciado que saldrán a las calles los próximos 24 y 27 de noviembre para mostrar su indignación.

La cuestión no es banal: los agentes recuerdan que su seguridad -y la de sus familias- depende en muchas ocasiones de su anonimato como funcionarios del orden. No es una exageración suya fruto de un exceso de celo con su privacidad, sino un precepto aceptado y difundido abiertamente en la comunidad policial internacional.

 Advertencia internacional
De hecho, eso mismo se puso sobre la mesa el pasado mes de octubre en un evento monográfico de cinco días celebrado en el complejo de la Policía Nacional en Canillas (Madrid), organizado por el Ministerio del Interior, la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) y Europol. Por allí pasaron cerca de medio centenar de representantes de cuerpos policiales, servicios de información antiterrorista europeos y expertos en yihadismo.

Según fuentes policiales que estuvieron presentes en esas jornadas, que tuvieron un importante componente formativo, una de las cuestiones sobre las que se hizo especial hincapié fue en las medidas de autoprotección que todos los policías deben tener para evitar ponerse en la diana de terroristas. Se recordó que, como agentes de las fuerzas del orden, son un objetivo prioritario de las redes yihadistas. Y no sólo de ellos, sino de grupos radicales y bandas de crimen organizado.

 Entre esa protección, recuerdan quienes participaron en esas jornadas, los expertos de CEPOL y Europol incidieron en «extremar la vigilancia» para que ninguno de sus datos personales o imágenes, especialmente del rostro, terminaran a la vista de todos en redes sociales o en cualquier otro lugar de internet. Ni por su propia parte -mediante su actividad en redes- ni por la de terceros. Y por ello, recordaron, es necesario disponer de una normativa que proteja a los agentes frente a ese tipo de prácticas, similar a la que rige en la mayoría de países de Europa. España incluida, aunque sólo de momento.

Flexibilizar la ley
En cambio, el Gobierno ha optado precisamente por la vía contraria a esas recomendaciones. Lo que plantea el Ejecutivo de coalición es que, a partir de ahora, cualquier persona pueda acercarse a un agente en la vía pública con la cámara de su teléfono móvil encendida y grabarle.

En principio, la propuesta no permitirá explícitamente compartir esas imágenes en internet o en cualquier otro medio. Sin embargo, como recuerdan los agentes, al ser en ese escenario perfectamente legal la toma de imágenes muchos de sus autores no van a ser identificados. De esa forma, si se filtran en las redes, no habrá manera de saber quién lo ha hecho. La identificación previa era, dicen, la mejor protección ante la posibilidad de que sus rostros terminasen en internet.

Las asociaciones policiales han explotado ante los planes del Gobierno. Las plataformas AUGC y el SUP venían reclamando desde hace tiempo la reforma del Código Penal «para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública, el Gobierno y sus socios contestan con una reforma que pone en mayor situación de riesgo a policías, guardias civiles y las familias de todos», tal y como advirtieron en un comunicado conjunto tras reunirse la semana pasada con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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