Una furgoneta de mudanza frente a la planta de bollería de Nerva Croissant S.L., ubicada en el municipio nervense, encendió las alarmas de las trabajadoras. No era para menos. Llevaban meses sin cobrar sus nóminas y sometidas a un expediente de regulación de empleo (ERE) cuando se encontraron vacía la nave en la que elaboraban cruasanes y otros productos de bollería ultracongelada, que desde la localidad onubense se distribuían al por mayor en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

Aquel trasiego de furgonetas venía a confirmar sus sospechas: el dueño de la empresa, el catalán Carles Vandellós Blanch, estaba desmantelando a toda prisa la fábrica y llevándose a Girona la maquinaria financiada con incentivos de la Junta de Andalucía.

Esta historia comienza en el año 2003, cuando Vandellós decide establecer su fábrica en la cuenca minera onubense al calor de las ayudas que la Junta y el Ayuntamiento de Nerva destinaban a las industrias que se asentaran en esta zona deprimida.

Cuatro años después, empezaron los problemas. Dejó de pagar las nóminas a sus 31 trabajadoras y éstas denunciaron ante la Junta que el empresario había paralizado la actividad después de haber recibido ayudas de entre 12.000 y 18.000 euros por cada contrato, a cambio de comprometerse a mantener la plantilla durante cinco años.

En mayo de 2009, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino subasta las dos naves que albergaban la maquinaria.

 Vandellós desmanteló la fábrica de Nerva después de que la Junta financiara los contratos y la maquinaria
El conflicto laboral se recrudece y el 3 de agosto de 2009 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez Contreras, concede a Nerva Croissant S.L. una ayuda sociolaboral excepcional de 84.522,13 euros con cargo al fondo de los ERE. El 75% de la subvención (63.391,63 euros) abonada por la Agencia IDEA, por orden de Márquez, acabó en las arcas de la Seguridad Social, que había embargado la cuenta de la firma por los impagos que arrastraba.

Como la ayuda se dedicó a saldar sus deudas, Vandellós volvió a solicitar una nueva por la misma cuantía, pero esta vez a través de otra empresa creada por él, Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva S.L. Juan Márquez accedió a darle otros 84.522,13 euros el 9 de diciembre de 2009.

A la Guardia Civil le llama poderosamente la atención que se otorgara otra ayuda sociolaboral a una sociedad que no tenía trabajadores, según recoge en el informe que remite al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa de los ERE.

Solicitud vía «motorista»
En su declaración ante los agentes de Huelva el 14 de marzo de 2018, el empresario barcelonés relató que la solicitud de la ayuda llegó a sus manos «mediante un motorista que le envía Juan Márquez» y como le resultó «sospechoso» fue a visitarlo para que le explicara por qué tenía que «firmar esa resolución». Declaró también que «nunca» recibió los 147.913,76 euros concedidos a sus dos empresas y tampoco la documentación del reintegro que posteriormente tramitó la Administración.

Vandellós ha sido llamado ahora por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla a sentarse en el banquillo a partir del próximo 22 de marzo para ser juzgado por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

Según especifica el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez José Ignacio Vilaplana, la Fiscalía pide para el único acusado cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta. La Junta rebaja a dos años y seis meses la pena de cárcel y le reclama como responsable civil los 147.913 euros que le dio.

En enero de 2010, Vandellós tuvo que dejar Nerva escoltado por la Guardia Civil para protegerse de los vecinos que protestaban frente a su casa. Puso rumbo a su tierra. El pueblo perdía su fábrica y la Junta, su dinero. El horno de Nerva no estaba ya para bollos.

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