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Yak-42, Jueces corruptos, Militares y el Político que se libro de las imputaciones

La Justicia española esta corrupta y será difícil cambiar esto mientras los políticos y jueces vallan de la mano.

Corrupción 26 de noviembre de 2021 Salvador T. Gimenez
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El accidente del Yak-42 fue uno de los accidentes aéreos más impactantes del momento y que trajo consigo barbaridades cometidas por militares médicos, jueces y políticos. La falsificación de los certificados de los fallecidos fue la denigración de esos fallecidos y de sus familiares que sufrieron desplantes, insultos, maltrato y desprecio de las instituciones.

Un juez militar que cometió un delito en la recepción de los cadáveres y entregando los mismos de manera errónea a los familiares a sabiendas de lo que hacía, esta situación fue una orden política mientras que el juez no tenía la competencia para emitir ningún certificado ni ningún informe, además de ser falsificados, se supone que estas personas son  quienes deben cumplir las leyes que juraron.

La Asesoría Jurídica de Defensa contactó con el juez de guardia de Torrejón de Ardoz (Madrid), pero éste se negó, alegando que no tenía competencia sobre el caso. Por la mañana, Defensa lo intentó de nuevo con el juez que lo sustituyó en el turno siguiente. Pero tampoco dio su brazo a torcer.

Finalmente, Trillo echó mano de la justicia militar donde tenía personas cercanas al ministro para lograr sus fines repulsivos. Fue el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 quien desde Zaragoza, y sin más apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración, amigo de carrera de Trillo. Así es como evitó el escándalo y la investigación.

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Los turcos habían tomado muestras de ADN para poder identificar a las victimas, ya que cerca de  30 cadáveres  eran imposible que fueran reconocidos, los turcos recomendaron a la comisión española que acudió a Turquía que fuera por este medio del ADN  el reconocimiento de los cadáveres.

Sin embargo la Comisión enviada decidió falsear los informes y certificados, metieron los cadáveres en bolsas  mezclando partes de cuerpos en esas bolsas, sin ser identificados, la consecuencia de estos actos fueron que a la entrega de los cadáveres a sus familiares, fueron entregados de manera errónea por la falsedad de los documentos elaborados por la Comisión enviada a Turquía.

El traslado a España de los restos fue a través de la contratación de subcontratas y por otro lado los pilotos acumulaban 23 horas de trabajo de manera que física y mentalmente no estaban en condiciones de volar.

El informe de Consejo General del Poder Judicial reconoce los delitos, sin embargo no investigaron las acciones políticas y de algunos militares, tampoco a nivel militar hubo investigación alguna.

Aquí la Resolución

Informe de Inspección.pdf

DENUNCIA DE JUAN M. MOLINA VALDES ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

En fecha 10 de junio de 2020, D. Juan Manuel Molina Valdés presentó ante el Consejo General del Poder Judicial un Formulario de Atención Ciudadana en el que denunciaba la actuación del titular del Juzgado Militar Territorial número 32 de –Zaragoza en relación con la recepción de los cadáveres del accidente aéreo del YAK 42, acaecido el 26 de mayo de 2003 en Turquía. 

D. Juan M. Molina denuncia las irregularidades de un Juez militar en el proceso fraudulento de recepción de las víctimas del Yak 42, presuntamente este juez no tenía competencia sobre esta recepción y además se incurrió en la falsificación del informe y certificados, lo curioso es que este tema no se ha investigado, además todas estas acciones fueron realizadas por una orden política, el Ministro de Defensa de ese momento era  Federico Trillo que es presuntamente coautor de los actos realizados por los militares.

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El ministro Trillo esquivó la Justicia Militar para el delito por el que fue juzgado y condenado el Teniente General Beltrán, dada la gravedad del mismo en el Código Penal Militar, siendo ya condenado por justicia civil, Trillo jamás fue investigado y eso se debe a que en España no es obligatorio investigar, esta connotación fue descubierta por el Juez Fernando Presencia, nadie conocía este detalle tan importante, los que si lo conocían son los jueces que tienen el monopolio, es decir, el Tribunal Supremo investiga lo que quiere, cuando quiere, en caso de no querer todo queda en un cajón según interese al político o juez de turno, este es un caso flagrante de lo que pasa hoy en día con la Justicia Española totalmente secuestrada por el poder político.

Trillo siempre alego que el accidente se produjo por las inclemencias del tiempo y un error humano, sin embargo el Consejo de Estado dijo que el accidente pudo ser evitado si se hubiera velado por las condiciones en las que viajaban los soldados.

Hubo un informe un mes antes del Centro de inteligencia y Seguridad del Ejército donde se advertía del riesgo de seguir volando con esos aviones por un mantenimiento más que dudoso.

La crueldad de este caso es que no tengan el castigo que merecen los que cometieron un acto repulsivo, los familiares de las víctimas y las propias víctimas precisan del respeto de las instituciones y que se den las investigaciones necesarias para que paguen los autores de los actos y a quienes fueron las cabezas intelectuales de esos macabros actos.

Juan M. Molina destapo y denuncio alegando La participación de un juez militar en ejercicio de su carrera, fuera del ámbito territorial de su jurisdicción y para un asunto ajeno a la jurisdicción militar, como es la certificación de víctimas de un accidente aéreo para entrega a familiares al objeto de entierro o incineración, supone un quebranto en la Disciplina judicial, y un delito de deslealtad de los contemplados en el Código Penal Militar al emitir informes de certificación y entrega de cadáveres falsos a los familiares, a sabiendas de que lo hacía fuera de su autoridad, y territorialidad, por hacer favor a una autoridad política, y compañero de carrera de su amigo Trillo, con un desprecio a las víctimas y familiares. 

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Por su parte Trillo echó mano de la justicia militar. Fue el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 quien, desde Zaragoza, y sin más apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración. 

 La justicia esta corrompida y los que deben proteger, velar por que se cumpla la ley, están implicados directamente en muchos casos de actos ilícitos, son ellos mismos los que deben investigar sus propias corruptelas por lo que queda claro que no serán investigados, al no ser obligatorio investigar todos sus delitos quedan olvidados. Estos informes y sentencias no salen a la luz pública tapada por los políticos y los medios de comunicación subvencionados.

En el caso del Yak-42 el trato recibido por los militares fallecidos fue de degradación y humillación a los que venían de defender a España en Afganistán.

El trato recibido fue meter los trozos  de esos fallecidos  sin hacer las pruebas de ADN, como pidieron los turcos, supuso que se entregaran los cadáveres a sus familiares de manera errónea y mezclando en los ataúdes partes de diferentes cuerpos, al mas puro estilo Frankestein, lo que demuestra la falta de escrúpulos  y de impunidad que tienen las élites políticas y judiciales.

Al ser entregados de manera errónea algunos familiares incineraron a quien no debía incinerarse, y al contrario algunos fallecidos que tenían que ser incinerados fueron enterrados, por lo que el daño causado fue irreversible.

Fue en Noviembre de 2004 cuando se exhumaron los cuerpos y entregados a sus verdaderos familiares después de hacer las pruebas pertinentes.

LA DENUNCIA DESCONOCIDA DE LA QUE NADIE HABLO 

El informe del Consejo General del Poder Judicial al que ha tenido acceso Impacto España Noticias en su sentencia archiva el caso contra el Juez las actuaciones relativas al Juzgado Togado Militar Territorial número 32 y de Federico Trillo, los cuales pese a no tener competencias y a sabiendas del tribunal no fueron ni investigados. 

En la propia resolución llama la atención que reconocen los delitos, lo inaudito es que no investigan y dejan con total impunidad a los corruptos.

Una vez más los jueces protegen a jueces y a políticos. Como siempre suele pasar en prisión acabaron los que realizaron los actos, pero los que mandaron hacer esas prácticas delincuenciales   y que  utilizaron los medios a su alcance para quedar impunes ante los presuntos delitos que se denunciaron y que nunca  fueron  investigados.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

 En la sentencia  de la Audiencia Nacional fueron sentenciados Vicente C. Navarro Ruiz, Jose Ramón Ramírez Garcia y Miguel A. Saez Garcia, estos dos últimos fueron sentenciados por complicidad en los delitos, también fue sentenciado al Ministerio de Defensa por su responsabilidad civil subsidiaria, y fue la que tuvo que pagar las indemnizaciones a los familiares  por los delitos cometidos por los funcionarios.

En el caso de Vicente C. Navarro Ruiz fue condenado por ser el autor de un delito de falsedad en documentos oficiales.

Quince años después el Yak-42 sigue sin terminar de investigarse y  los que dieron las órdenes a los militares, no han sido penalizados por sus actos, debe cambiarse la ley de enjuiciamiento criminal y que sea obligatorio investigar, mientras esto no se produzca casos como el del Yak 42 seguirán pasando y quedaran impunes los presuntos delincuentes.

La Justicia española esta corrupta y será difícil cambiar esto mientras los políticos y jueces vayan de la mano.

Sentencia Yak-42.19-05-09.pdf

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