La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales ha contestado  al comunicado difundido por el despacho que dirige el exmagistrado Baltasar Garzón y en el que adelantaba el envío de un burofax a esta entidad, mayoritaria de la Carrera Fiscal, porque consideraba que se estaba excediendo al pedir a la fiscal General del Estado información sobre los abogados que bajo su marca, defienden a investigados en el caso Villarejo.

La reacción es contundente. La asociación considera que los términos de la misiva del despacho de Garzón «son inaceptables e improcedentes, constituyen un ataque insólito a los consejeros electivos del Consejo Fiscal y a la propia Carrera Fiscal a la que representan«. Entiende que »pretende condicionar la actuación de los consejeros electivos e impedir el conocimiento de lo acaecido mediante intimidaciones encubiertas«.

 Y lo acaecido es el caso del fiscal Ignacio Stampa, que estuvo al frente de la investigación al comisario José Manuel Villarejo hasta que en octubre del año pasado, no obtuvo plaza fija en Anticorrupción. En aquel momento tenía abiertas unas diligencias en la Fiscalía de Madrid por una denuncia de revelación de secretos que según denunció después en ABC el instructor que las llevaba, se alargaron de forma «torticera» con la mediación de la mano derecha de Dolores Delgado.

En paralelo, el propio Stampa ha emprendido una reclamación patrimonial en la que señala que teniendo ella un «interés personal y directo» en el caso Villarejo, dado que es pareja de Garzón y tres de sus abogados defienden a investigados, debió abstenerse en todo el proceso de asignación de plazas.

Fue la propia Delgado quien sometió lo denunciado por Stampa a consideración del Consejo Fiscal, el sanedrín de la carrera, hace unos días. Y al cabo de la reunión, los vocales adscritos a la Asociación de Fiscales le pidieron por escrito toda la documentación del caso así como información sobre el papel del bufete de Garzón en el asunto de Villarejo.

El despacho respondió acusando directamente a la Asociación de pretender acceder a datos reservados que vulnerarían el derecho de defensa. Obviaba así que no es la agrupación mayoritaria quien lo está pidiendo, sino los vocales electos del Consejo Fiscal y que por tanto, representan a toda la carrera.

Para la cúpula de la Asociación de Fiscales la reacción del despacho de Garzón es intolerable. «La Comisión Ejecutiva no acepta tales advertencias, en ningún caso se va a dejar amedrentar y reitera su compromiso con la Carrera Fiscal, la transparencia, los deberes de abstención y la imparcialidad de todos los fiscales. La indicada comunicación nos reafirma en esta necesidad«, dice en un comunicado.

No tiene legitimidad para interferir en un órgano de la Fiscalía
Recuerda que son «los consejeros electivos (y no la Ejecutiva de la Asociación)» quienes «han solicitado información por escrito» sobre «cuestiones esenciales para conocer si han existido conflictos de intereses, causas de abstención o intromisiones en asuntos por parte de la Fiscal General del Estado, precisamente en relación con Baltasar Garzón, quien según información pública es su pareja sentimental».

«Tal solicitud es legítima, se incardina en sus funciones y fue solicitada en un apartado del orden del día dedicado a tal fin, incluido por la propia Fiscal General del Estado a propuesta de otra asociación profesional y consecuencia de las noticias de prensa relativas a presiones en las Diligencias de investigación en que estaba investigado el fiscal encargado del procedimiento en el que podría estar personados letrados del despacho ILOCAD«, añaden.

Recuerdan que «precisamente ILOCAD es quien carece de legitimación para interferir en el funcionamiento interno de un órgano del Ministerio Fiscal, y mucho menos para solicitar de una asociación profesional sus actas ni copias certificadas de sus reuniones, debates y votaciones internas», como anunciaba que iba a hacer mediante un burofax a la Asociación.

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