El Gobierno ha presentado a los transportistas una serie de propuestas para que la patronal desconvoque los paros que tendrán lugar del 20 al 22 de diciembre, e incluyen una limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros, pero en ningún caso lo prohíbe, dejando a la negociación privada cualquier decisión en este aspecto.

Según el documento, algo parecido ocurre con otra de las demandas del sector, la revisión de precios para que el transportista no tenga que hacer frente él solo al incremento del diésel, una propuesta que el Gobierno también limita pero no prohíbe.

En ambos casos se aplicará de forma automática la obligación del cliente de asumir la carga y descarga y de revisar el precio. Sin embargo, todo esto podría revertirse si se pacta entre ambas partes cualquier otra condición, poniendo en riesgo otra vez la menor capacidad de negociación de los transportistas frente a los clientes.

El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana admite esta problemática, aludiendo a que el primer sector está atomizado --autónomos y pymes-- y el segundo formado por empresas de mayor tamaño, lo que condicionaría las relaciones entre ambos y presionaría a los transportistas a asumir la carga y descarga y el aumento de precios para ganar una ventaja competitiva.

Por eso el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), entidad que reúne con el Gobierno a las empresas del sector y que ha convocado el cierre patronal, pide la prohibición expresa de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga y la aplicación obligatoria de una cláusula de revisión precio del gasóleo.

Lo que sí ha propuesto el Ministerio es que cualquier cambio en las condiciones tenga que ser pactado con al menos 24 horas de antelación, y que, en caso de que el camionero realice la carga, se pague un suplemento por esta actividad. Respecto al diésel, cualquier pacto que anule la revisión de precios se considerará nula si contempla condiciones abusivas.

En cualquier caso, por parte de los sindicatos lo que se teme es que las presiones realizadas desde la parte empresarial al Gobierno --que ahora amenazan con paralizar la actividad de forma indefinida-- solo consigan abaratar el combustible y rebajar impuestos a las empresas, algo que no solucionaría el problema laboral y social que consideran que prima actualmente sobre el sector.

COMPROMISO RESPECTO A LOS PEAJES
Entre el resto de propuestas trasladadas por el Gobierno al CNTC, rechazadas por ahora, también se encuentra el compromiso por escrito de que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector, en el marco de la medida en la que trabaja el Ejecutivo para implementar el pago por uso en las autovías a partir de 2024.

También amplía la altura y la masa máxima permitida en ciertos camiones, ofrece 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, 400 millones para la renovación de flotas y 143 millones para la digitalización y capacitación digital, aunque todo ello ya estaba previsto en los programas del Ministerio.

Por el momento, el CNTC ha rechazado de forma íntegra este primer borrador de medidas, mientras que el Ministerio cree que recoge unas soluciones "razonables" y que suponen un avance "significativo" para resolver los problemas que motivaron la convocatoria de paro. Las negociaciones continuará la próxima semana.

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