Le acusa de facilitar los preparativos del referéndum cuando era directora de servicios de Vicepresidencia
Investigacion Judicial 20/12/2021
Impacto España Noticias
La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por presunta desobediencia con los preparativos del 1-O en su etapa como directora de servicios de la Conselleria de Vicepresidencia, Economía y Hacienda.
El fiscal pide al tribunal admitir la causa contra Garriga, que antes de ser aforada estaba investigada en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
También pide al tribunal que fije un instructor para investigarla, que incorpore a la nueva causa la documentación que ya se había recavado hasta ahora y que cite a Garriga para interrogarla.
El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para que el TSJC investigue a Garriga y recuerda que estaba "bajo la inmediata dirección" del exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, procesado por la organización del referéndum.
Le atribuye la adjudicación de contratos para acondicionar un 'call center' en un edificio anexo al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y de supuestamente enviar varios mails avisando de que el centro "estaría operativo en la fecha del referéndum ilegal como centro de recogida de datos".
La Fiscalía también cree que Garriga hizo de "enlace" entre Jové y la persona que presuntamente cedió unas naves industriales en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar material electoral del 1-O.
Al principio, Garriga estaba procesada por malversación pero la investigación lo descartó, y aunque no se la había investigado por desobediencia el fiscal pide hacerlo ahora porque cree que tenía la "clara voluntad" de usar su cargo para desobedecer al TC facilitando los medios necesarios para celebrar el 1-O.
En el escrito, el fiscal recuerda que Garriga "ejercía relevantes funciones de dirección, gestión y supervisión" en el departamento y señala que eso le obligaba aún más a cumplir la ley.
Asegura que hizo esa "relevante función de intermediación a pesar de tener perfecto y cabal conocimiento de que el TC había dictado numerosas resoluciones" que declaraban inconstitucional el 1-O.
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