Cuando en 1979 el PSOE cumplió sus cien años de historia, el eslogan era «100 años de honradez». Este fue el año en el que la UCD ganó las elecciones y los socialistas se consolidaron como segunda fuerza política de España. Tan solo tres años después, Felipe González obtuvo su primera mayoría absoluta, y alcanzó la presidencia del Gobierno.

Sin embargo, durante los 137 años de historia que ha cumplido en 2016 el PSOE, los escándalos por corrupción y dimisiones se han sucedido. Entre los más sonados, el caso Filesa que recogía la financiación ilegal del partido. Tras destaparse el caso, Alfonso Guerra dimitió después de que se destapase el caso de corrupción de su hermano Juan Guerra.

La lista de dimisiones socialistas está conformadas por ministros, alcaldes y presidentes autonómicos de la formación. Tomás Goméz, José Ramón García Besteiro, Carmen Heras, Mariano Fernández Bermejo son solo algunos de ellos. También aparecen en la lista, Josep Borrell (por un escándalo cuando era Secretario de Estado de Hacienda) o Magdalena Álvarez, por su relación con el caso de los ERE.

La última, María del Puerto Gallego que renunció a su escaño el pasado miércoles después de que el Tribunal Supremo abriese un auto de investigación por un supuesto delito de prevaricación entre 2003 y 2009, años en los que era alcaldesa de Santoña.

Tomás Gómez, por el tranvía de Parla

Tomás Goméz ostentó el liderazgo del PSM-PSOE durante ocho años. Goméz saltó a la política regional tras su gestión al frente del Ayuntamiento de Parla. Fue en el municipio madrileño donde puso en marcha uno de los proyectos más sonados de la periferia de la Comunidad de Madrid: el tranvía de Parla, que dejó un agujero en las arcas municipales.

En febrero de 2015, y en plena guerra por el poder en el PSM (Gómez era contrario al secretario general socialista), la UDEF y la fiscalía pusieron en marcha una investigación por el sobrecoste en el tranvía de Parla. Ese fue el motivo por el que Pedro Sánchez le destituyó.

Juan Ramón García Besteiro

Afín a Sánchez, el líder de los socialistas en Galicia, Juan Ramón Gómez Besteiro sumó diez imputaciones en la Operación Pulpo y el caso Garañón. En ellas, se le acusaba de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

En un primer momento, se negó a dimitir o abandonar la secretaria del PSdG. Sin embargo, terminó dejando el cargo en una sonada mañana de marzo en la que negó haber recibido presiones de Ferraz, y que justificó como una decisión personal.

La era Zapatero

En 2009, Mariano Fernández Bermejo ostentaba la cartera de Justicia en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Ministerio que ocupó hasta que salieron a la luz unas fotografías en la que aparecía junto al juez Baltasar Garzón y altos investigadores del caso Gürtel.

La era Pedro Sanchez

Ex dirigentes del Partido Socialista (PSOE) de Andalucía fueron condenados en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna, en un momento incómodo para el líder actual, Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en el macro escándalo. Caso ERE originado en el reparto opaco y clientelista de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis. 

Las condenas recayeron sobre 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos. José Antonio Griñán, presidente andaluz de 2009 a 2013, ex consejero regional de Hacienda y ex ministro fue condenado a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.

Su predecesor, el histórico presidente andaluz de 1990-2009 y ex ministro Manuel Chaves recibió 9 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación. Los sentenciados del Caso ERE Diecinueve de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, acusados en la pieza política de los ERE, son el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, condenado 9 años de inhabilitación por prevaricación; el ex presidente de la Junta José Antonio Griñan, condenado a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación; Gaspar Zarrías, 9 años de inhabilitación por prevaricación; Magdalena Álvarez, 9 años de inhabilitación por prevaricación; José Antonio Viera, 7 años de prisión y 18 años de inhabiltiación; Antonio Fernández, 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación absoluta; Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta.

Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Francisco Javier Guerrero, 7 años de cárcel y 19 años de inhabilitación; Juan Márquez, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; José Salgueiro, 9 años de inhabilitación; Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Miguel Ángel Serrano, condenado a 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación.

Así como Jacinto Cañete, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Juan Francisco Sánchez, 9 años de inhabilitación; Javier Aguado, 9 años de inhabilitación; Lourdes Medina, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Antonio Vicente, 9 años de inhabilitación; Manuel Gómez, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación, y Francisco del Río ha sido absuelto del delito continuado de prevaricación Diecinueve de 21 ex funcionarios españoles fueron sentenciados tanto a prisión como en inahibitación del servicio público (en orden los sentenciados de izq. a der.) Otra ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, fue condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia, del Tribunal Supremo, cayo en mal momento para Pedro Sánchez.

Pedro Sanchez amarró los apoyos de la izquierda radical de Podemos, con la que anunció que gobernará en coalición. Pero para ser investido necesito más apoyos, por lo que sus colaboradores son entre ellos los independentistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu. 

 Es "una sentencia muy dura", reconoció el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, añadiendo que al referirse aquélla a hechos de la pasada década, "no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista". En Andalucia donde ahora PP gobierna en coalición con los liberales de Ciudadanos y el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox.

"Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Ahora deberia ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España", afirmó el líder del PP, Pablo Casado.

El PP sigue muy dolido con un Pedro Sánchez que llegó al poder en junio de 2018, merced a una moción de censura contra el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy. La moción estuvo motivada por una sentencia judicial en otra megacausa por corrupción, la Trama Gürtel. La justicia condenó entonces al PP como "partícipe a título lucrativo" de una trama en la que cargos 'populares' daban contratos públicos a una red de "empresas amigas". La sentencia estableció también que durante dos décadas el PP mantuvo una contabilidad irregular. 

La base del Caso ERE de mil 821 páginas, termina con un entramado de corrupción cuya instrucción arrancó en 2011, en plena crisis económica en España, y dio lugar a un juicio oral de un año de duración. Los hechos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010. Su núcleo es el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).

El dinero se concedió sin embargo discrecionalmente, "eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", según la sentencia. "No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas socio laborales y ayudas a empresas", afirma la sentencia, que habla de "descontrol absoluto" en el manejo de esos fondos y de "resoluciones muy gravosas para el erario". La consecuencia de este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores, y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas ayudas. 

La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE utilizaron dinero público  para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción".

La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un montante que en sus conclusiones definitivas rebajó a 680 millones. 

LA HISTORIA DEL PSOE HABLA DE UN PARTIDO CORRUPTO