“El Estado contra los Whistleblowers españoles.”
Noticias 30/12/2021
Impacto España Noticias
De acuerdo con una inquietante denuncia llegada al buzón de ACODAP, la Fiscal General -abusando de su cargo- habría emprendido una campaña de acoso, derribo y represalias contra el presidente de la asociación que la ha denunciado por corrupción. Por eso, el juez Presencia exige a la FGE que confirme o desmienta tan grave y posible cuestión.
Las dos denuncias que ha presentado ACODAP -una en relación a la posible ilegalidad del nombramiento de Dolores Delgado y otra sobre el “video de La Cumbia”- podrían haber sido la causa detonante del estratosférico enfado que parece haber pillado la fiscal general del Estado a propósito del juez Fernando Presencia. Quienes la conocen dicen que con solo escuchar el nombre del juez Decano de Talavera de la Reina “a la Lola le salen espumarajos por la boca”.
La obsesión ha llegado a tal punto que, según una información denunciada a través del buzón de ACODAP, la novia de Garzón podría haber dado órdenes (ilegales) para que se investiguen las supuestas fuentes de financiación que la encargada de la FGE opinaría están sufragando las “subversivas” actividades del juez Presencia.
La pareja de “el Balta” cree que al juez Presencia le está financiando nada menos que el omnipresente y multifacético Villarejo. O que incluso el dinero proviene del PP de Casado. Tal vez de las dos fuentes a la vez. De ser así la cosa, habría omitido citar la financiación del maestro Armero y del padre de Domingo Ortega.
Si se diera el caso, y la información recibida por ACODAP fuera o fuese cierta, la Sra. Lola debería haber incoado al menos diligencias de investigación, con la obligación inexcusable de haber informado previamente sobre ellas al juez represaliado, de acuerdo con lo que establece el art. 24 de la Constitución española.
De no hacerlo como está mandado, y si la información facilitada a la asociación denunciante de corrupción es cierta, Dolores Delgado podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa.
Lo que sí está claro es una afirmación indiscutible que incumbe directamente a la Dª Lola: La Fiscalía no protege a los denunciantes de corrupción, participando en las represalias. En lugar de haberse reunido hace tiempo con el juez Presencia, la Sra. Delgado habría optado por emprender su particular “operación castigo” al estilo medieval del usté-no-sabe-con-quien-está-hablando. Esto significaría una situación insostenible en Europa: “El Estado contra los Whistleblowers españoles.”
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