Los ataques del gobierno contra derechos fundamentales

En España tenemos un gobierno que ya ha recibido tres sentencias del Tribunal Constitucional en su contra por lesionar derechos fundamentales y por interrumpir el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, y en concreto del Congreso de los Diputados, con la excusa de la pandemia.

Además, el 19 de abril de 2020, durante una rueda de prensa en Moncloa, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil reconoció que la Benemérita trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. La declaración provocó un escándalo que el gobierno intentó zanjar diciendo que había sido un “lapsus”, pero el 21 de abril un medio afín al ejecutivo confirmó que se hicieron llegar órdenes a tal fin a las comandancias de la Guardia Civil.

Ese mismo día, la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, se refirió a esa polémica afirmando: “No podemos aceptar que haya mensajes negativos”, mezclando ese concepto con el de mensajes “falsos”.

Las amenazas de este gobierno contra la libertad de información han continuado hasta esta misma semana. Anteayer, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denunció que el gobierno sólo admita preguntas de medios afines, como ocurrió el 29 de diciembre en una rueda de prensa en Moncloa, y que retirase la acreditación a un medio incómodo.

Estos hechos ya indicaban que los españoles tenemos serios motivos para preocuparnos de que este gobierno pretenda limitar un derecho constitucional como es la libertad de información y controlar así las noticias que se publican. Ayer apareció un motivo más de alarma.

El gobierno incluye la «desinformación» entre las amenazas para la seguridad nacional

El último BOE de 2021, publicado este viernes 31 de diciembre, incluyó el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. El resumen del mismo adelanta su principal novedad respecto de anteriores estrategias: “La principal actualización en el mapa de riesgos es la inclusión de las campañas de desinformación“.

Los términos en los que se introduce ese concepto entre las amenazas para la seguridad nacional son francamente alarmantes. El capítulo 1, titulado “Seguridad global y vectores de transformación”, afirma: “En algunos países, la crisis económica ha estado acompañada de una crisis social y política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización“.

Un gobierno que erosiona las instituciones, ahora apela a esa erosión para vigilar la información

Resulta irónico ver que alerta sobre intentos de “erosionar las instituciones” un gobierno que ya cuenta con tres sentencias del TC en su contra por lesionar derechos fundamentales e impedir la labor del control del Congreso al gobierno durante el primer estado de alarma de 2020, y que no ha dudado en aliarse con proetarras y con partidos que apoyaron activamente el golpe separatista de 2017, partidos que tienen en común el rechazo a España, a la Monarquía y a la Constitución.

Además, desde el propio gobierno se han justificado agresiones físicas contra rivales políticos, concretamente contra miembros de Vox, y el ejecutivo no ha condenado hasta ahora ninguno de los ataques sufridos por ese partido y por diputados del mismo. Teniendo en cuenta eso, es muy cínico que el gobierno acuse a terceros de “alentar la polarización”, y cabe preguntarse si no está utilizando este concepto para colarnos otra cosa.

El ejecutivo se arroga el poder de decidir qué es un «contenido manipulado»

Sobre esa pregunta arroja luz el capítulo 3 del citado decreto: “Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –fake news– o información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado“.

Con estas afirmaciones, el gobierno se adentra en un terreno peligroso, al arrogarse la potestad de determinar qué es “contenido manipulado” y qué no lo es, y más aún teniendo en cuenta que el ejecutivo es parte interesada en muchas de las informaciones que se publican en España, al incluir cualquier dato o información negativa para el gobierno que éste podría etiquetar, sin más, como manipulaciones para impedir o entorpecer su difusión.

Hay que tener presente que en toda democracia, quienes deben determinar los posibles excesos en el ejercicio de la libertad de información son los jueces, y ningún juez podría juzgar un caso en el que fuese parte interesada.

Utiliza términos ambiguos con los que podría etiquetar cualquier cosa como una amenaza

El decreto del gobierno explica así lo que considera como objeto de su vigilancia en aras de la seguridad nacional: “Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque.

Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales“.

Como se puede comprobar, el gobierno utiliza términos tan ambiguos que podrían utilizarse para calificar como una amenaza para la seguridad nacional a casi cualquier información que le resultase incómoda. Resulta preocupante que un gobierno, utilizando los abundantes recursos que tiene a su disposición, pretenda señalar como una amenaza para la seguridad nacional a todo aquel al que pueda acusar de cosas tan difusas como “generar confusión y socavar la cohesión social”, el “uso coordinado de distintos medios” (algo que hacen hoy todos los medios de comunicación) e incluso conceptos como “desprestigio o influencia”.

Recordemos que muchas cosas que dicen el PSOE y Podemos en sus mítines podrían ser etiquetadas con esos términos, sobre todo teniendo en cuenta que esos partidos utilizan frecuentemente la mentira como arma política.

El cinismo del gobierno al hablar de «actores extranjeros»: ¿se refiere a HispanTV?

Una parte especialmente cómica del decreto del gobierno figura también en ese capítulo 3: “Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”.

No, no es una broma: esto lo dice el mismo gobierno cuyo exvicepresidente Pablo Iglesias reconoció en 2013 que se dejó utilizar por Irán para desestabilizar España, y que hasta su entrada en el consejo de ministros trabajó como presentador en un programa que se emitía en un canal, HispanTV, propiedad de la República Islámica de Irán, lo cual no impidió que en marzo de 2020 Sánchez utilizase el decreto del primer estado de alarma para meter a Iglesias en el órgano de Control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es uno de los organismos implicados en el diseño de la citada estrategia.

Pretende implicar a medios y redes sociales: ¿les dictará qué deben censurar?

El capítulo 4 del decreto insiste en los términos que acabamos de repasar y señala a los actores implicados en el posible control de esas informaciones incómodas: “hacer frente a las campañas de desinformación, que socavan la confianza a de los ciudadanos en las instituciones democráticas y conducen a la polarización social, requiere hacer un uso sistemático de la detección, alerta temprana y notificación así como la coordinación de la respuesta, siempre en línea con las pautas y el trabajo desarrollado en el seno de la Unión Europea.

La colaboración público-privada, especialmente con los medios de comunicación y proveedores de redes sociales, y la sensibilización de la ciudadanía son aspectos clave a la hora de detectar y hacer frente a las campañas de desinformación“.

Cabe preguntarse cómo pretende el gobierno que sea esa “colaboración” de los medios y las redes sociales en dicha lucha contra lo que llama “desinformación”. ¿El ejecutivo va a indicar a medios y redes lo que deben censurar, sin pasar por un juez? ¿En qué quedan el Artículo 20 de la Constitución, que ampara el derecho a la libertad de información, y el Artículo 24, que otorga a los ciudadanos el “derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”?

El gobierno enmarca esos objetivos en las labores de contrainteligencia

Hay que señalar que el documento en cuestión vincula esos objetivos con el trabajo de contrainteligencia de los servicios de inteligencia españoles. No se trata de ninguna broma ni de algo que debamos tomarnos a la ligera: de lo que se está hablando en ese documento es de recurrir a los servicios de seguridad del Estado para combatir o controlar informaciones potencialmente incómodas para el gobierno.

El uso de servicios de inteligencia para interferir en el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de información es algo muy delicado, y cuando esto lo hace un gobierno que ya ha lesionado varias veces derechos fundamentales, según el TC, tenemos serios motivos para alarmarnos.

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