Cuando el Presidente del Gobierno se presenta ante los ciudadanos como el adalid de la “Democracia” y de la “Separación de Poderes”, estamos contemplando la máxima expresión de la hipocresía porque la realidad es que está haciendo “exactamente” lo contrario a lo que dice, como es habitual en el presidente.

En España hay un gravísimo problema que tiene visos de volverse endémico, y es que el Poder Judicial está controlado en la sombra por un “grupo de personas”, propuestas en su mayoría, por no decir todas, por el PSOE o PP.

La estructura desde fuera reviste la apariencia formal de independencia y transparencia, requerida por la Leyes españolas y por la Unión Europea lo que además es absolutamente necesario para, por ejemplo, obtener las ansiadas ayudas económica que vienen de Europa, es más, la Unión Europea identifica este aspecto de obligatorio cumplimiento y sin él no se recibirían las ayudas.

El Presidente afirma en todos los medios de comunicación que España cumple con este requisito y que los Jueces españoles son independientes, sin embargo hay aspectos muy claros de nuestro día a día que delatan que esas afirmaciones son manifiestamente falsas y, lo que es más grave, ni siquiera nos imaginamos el peligro que conllevan y las conexiones de lo que hay detrás, sin separación de poderes no hay Democracia.

Vamos a ir perfilando la situación, primero, haciendo un Zoom sobre los tres organismos autónomos vitales en un Estado de Derecho, por un lado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados de España,  y el segundo el Tribunal de Cuentas (TCU),  que es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, es decir, todos los ingresos y gastos del Estado están supervisados y controlados por este Tribunal y el tercero el Tribunal Constitucional, que está directamente relacionado con lo que ocurra en el CGPJ

Así toda España lleva tiempo escuchando en las noticias que el Consejo General de Poder Judicial no se puede renovar por falta de consenso entre los partidos políticos, pero... ¿Cuál es el motivo de la falta de consenso? La Constitución dice que “tienen que ser elegidos directamente por los jueces”, refiriéndose a 12 de los vocales del órgano judicial, sin embargo, el Gobierno no está de acuerdo con esa interpretación y su versión es que 12 vocales serán elegidos ‘entre’ jueces.

Es la cuestión de las preposiciones. Dice ‘entre’ pero no ‘por’” y de esa forma tan sutil, y gracias a una preposición, el Gobierno se arroga la potestad de elegir a los jueces afines a su “hoja de ruta”. 

La Comisión Europea que no entiende de preposiciones y urge a su renovación y así, la vicepresidenta para Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Dña.Vera Jourová, ha afirmado que Bruselas viene manteniendo un “diálogo muy intenso” con el Ministerio de Justicia de España en el que se ha insistido en la “necesaria renovación” del CGPJ y en la necesidad de que las nominaciones y nombramientos sean “independientes”.

Los nombramientos discrecionales, es decir que PSOE quiere nombrar aplicando su teoría, pendientes en el mes de diciembre son, en concreto 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y seis a la jurisdicción militar, y por ejemplo en el Tribunal Supremo 12 plazas están ya vacías. Todas estas decisiones son las que están afectas por esa “sutil” preposición que sumaría, si cabe, más capacidad de decisión al PSOE, dada la falta de independencia en la elección de los miembros y su nombramiento en función de su adscripción política.

Ahora pasamos al otro ejemplo, el Tribunal Cuentas. Este órgano colegiado totalmente desconocido para la mayoría de los ciudadanos es un organismo vital dado que supervisa, entre otros, la aplicación de todos los fondos europeos esperados por España, en concreto la  astronómica cantidad de 140.000 millones en seis años, más del 11% de su PIB así como controla el reparto de dichas cantidades entre las comunidades autónomas, las ayudas directas… así como conocerá de las responsabilidades en que incurran las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes y de su rendición de cuentas todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, y de todas las responsabilidades que se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público.

Como se puede entender con la simple lectura de sus funciones, es vital para el Gobierno controlar este organismo y se ha puesto manos a la obra. Casado y Egea intercambiaron cromos con el PSOE, en concreto la cabeza de Ayuso a cambio del Tribunal de Cuentas y paralizar una denuncia contra el socialista Óscar López, ante el Tribunal de Cuentas por el pago irregular de dietas cuando presidía Paradores.

Y es que el PSOE tenía que desmantelar el Tribunal de Cuentas para que ERC votase a favor de los Presupuestos Generales del Estado.

 La situación hizo crisis cuando se conoció que el Tribunal de Cuentas iba a rechazar los avales presentados por los independentistas catalanes para cubrir la responsabilidad económica por el golpe del 1-O, y  de esta forma, el hasta entonces  líder del PP, Pablo Casado, propuso públicamente al PSOE en el Congreso de los Diputados la renovación del Tribunal de Cuentas y así conseguía que no se tumbaran los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior" y, ya de paso, frenaban la denuncia que iban a presentar contra el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

El iter fue el siguiente, primero la diputada Isabel Borrego, esposa del ex dirigente popular Vicente Martínez-Pujalte y persona de la máxima confianza del exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, paró la posible denuncia contra López en septiembre, sólo un mes antes de que populares y socialistas cerrasen el acuerdo de para renovar el Tribunal de Cuentas. Y ya está.

Así las cosas, el tanteo ha quedado como sigue, de los doce conforman el Tribunal de Cuentas, 6 miembros son del PSOE, 1 de Podemos y cinco miembros del PP.  Ya no hay discrepancias en el seno del Tribunal de Cuentas que puedan preocupar al Gobierno durante tres años.

Los afortunados son los siguientes: Los Doña Enriqueta Chicano Jávega. Presidenta. PSOE;  Doña M. ª Dolores Genaro Moya. PSOE; Doña Rebeca Laliga Misó. PP; Doña Isabel Fernández Torres. PP: Doña María del Rosario García Álvarez. PSOE; Doña Elena Hernáez Salguero. PP; Don Diego Íñiguez Hernández. PSOE: Don Joan Mauri Majós. PSOE: Don Javier Morillas Gómez. PP; Don Luis Antonio Ortiz De Mendívil Zorrilla. PODEMOS-PSOE; Don José Manuel Otero Lastres. PSOE; Don Miguel Ángel Torres Morato. PP

Nos acercamos al Tribunal Constitucional. La raíz del problema proviene de la reforma aprobada por el PSOE y Unidas Podemos de la ley orgánica del Poder Judicial el pasado mes de marzo que impide al órgano de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones. Esa modificación se realizó para tratar de forzar al PP a pactar la renovación del organismo.

Sin embargo, cuando establecieron esta limitación no se dieron cuenta que estaban provocando un problema muy grave en el Tribunal Constitucional (el gran olvidado) y que además está Ley pone en jaque a la propia Constitución, que recoge que los nombramientos de los magistrados del TC deben hacerse en tres bloques cada cuatro años.

Uno de esos bloques es el que debe hacerse en junio  de 2022 y corresponde a cuatro magistrados, dos elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. El CGPJ se va a encontrar con el dilema de cumplir con la ley, y no llevar a cabo los nombramientos, o con la Constitución, y hacerlos, lo que pone de manifiesto que el CGPJ es la clave para controlar de forma omnímoda todo el sistema judicial.

Si lo anterior ya supone un claro ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes, porque como estamos viendo el Estado de Derecho no está conformado por tres poderes independientes sino que hay un cuarto poder oculto que controla los otros tres que el PSOE y su entorno.

Para que quede más claro cómo funciona el cuarto poder, vamos a analizar lo que le pasa a un ciudadano (un justiciable) cuando se opone al aparato del partido o cuando tiene una posición, probablemente más que justa en Derecho, pero que atenta contra los interés del cuarto poder (el PSOE) por intereses generales o particulares de alguno de sus componentes, es decir las represalias que va a sufrir un ciudadano normal cuando pretenda obtener Justicia y tenga de adversario a algún miembro de este cuarto poder.

Para comprobar lo que sucede es necesario adentrarnos en las entrañas del CGPJ, en concreto en la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que como su propio nombre indica, pondría coto a un Juez “desmandado”, es el órgano fiscalizador de los Jueces. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio.

Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere el número anterior serán recurribles, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno. Conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales (Artículos 603 y 604 de la LOPJ).

Los Jueces están divididos en dos asociaciones, APM la conservadora (afín al PP) y JD (afín al PSOE), es decir, en función de su adscripción a una u otra asociación apoyaran las propuestas de un partido y su entorno.

¿Qué composición tiene la Comisión Disciplinaria? Cuatro miembros pro PSOE y tres pro PP, algo a lo que le hemos dado normalidad, es decir que, hay jueces de izquierdas y de derechas, los jueces deben impartir justicia, lo otro, es otra cosa.

Dentro de los miembros pro PSOE, como jurista de reconocida competencia (que no Juez) nos encontramos con uno de sus miembros, en concreto Dña. María Ángeles Carmona Vergara  que a su vez es la Directora del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que es una institución creada en el año 2.002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia.

Está integrado actualmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

Resulta que desde el Observatorio se castiga al juez disidente y que no obedece al mandato de Sanchez, Fiscal General del Estado, Irene Montero, Pilar LLop, Ministro de Sanidad, Ángeles Carmona que es la pieza clave del entramado, pues es Juez y parte, Ángeles Carmona pertenece a la COMISIÓN DISCIPLINARIA y Presidenta del Observatorio, es decir controla el CGPJ y además dice a quien sancionar, y que caso se deben investigar y cuáles no.

Podemos poner un ejemplo para que se entienda, Carolina Darias estuvo dentro del Observatorio, todas las denuncias puestas por abogados contra la gestión de la Pandemia, y denuncias por el Covid las cuales en su 95% han sido archivadas, estas denuncias son controladas por este grupo, como un juez va a denunciar a sus jefes, alguien se lo cree.

Otros ejemplos serian las denuncias contra el PSOE y Unidas Podemos por corrupción las cuales o son archivadas o metidas en un cajón, la propia fiscalía se encarga de eso.

Un caso claro de conflicto de intereses lo tenemos con Dolores Delgado, ella se supone que defiende los intereses de España, pero al lado opuesto esta su pareja, el Sr. Garzón quien defiende a la mayoría de casos contra España, esto es un conflicto de intereses y una clara vulneración de la ley, ya no entremos en el nombramiento de Dolores Delgado que fue ilegal de principio a fin donde los hermanos prevaricaron de manera fragante.

Otro ejemplo es el de Margarita Robles, defraudo 6 millones de euros Hacienda, la propia hacienda dicto embargos y paso el caso a la fiscalía de Dolores Delgado entonces para que investigara de donde venían los fondos, los 6 millones fueron a paraísos fiscales, ¿Alguien ha tomado medidas?, no, ni lo harán, además Sánchez tiene controlados a los medios de comunicación por lo cual esto no se conoce, si fuera un ciudadano de a pie, le embargarían en media hora pulsando el botón con una multa impagable.

¿Cuándo nace y quiénes lo integran?

El convenio de constitución del Observatorio fue suscrito el 26 de septiembre de 2002. En la actualidad está integrado por las siguientes instituciones: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ostenta la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, a través de turnos rotatorios anuales, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

¿Cuáles son sus objetivos?

La utilidad del Observatorio está relacionada con los objetivos fijados en el documento constitutivo:

 ●        Recopila y analiza los datos obtenidos de las estadísticas judiciales, tales como número de denuncias, órdenes de protección, sentencias, víctimas...

●        Promueve análisis, estudios e investigaciones acerca de la respuesta judicial.

●        Elabora conclusiones y recomendaciones sobre la evolución de la violencia de género.

●        Concede premios anuales de reconocimiento a la persona, institución o asociación que más haya destacado en la erradicación de la violencia doméstica y de género.

Y, especialmente, es un instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones que lo forman y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para erradicar, desde la Administración de Justicia, la violencia doméstica y de género.

¿Cómo Controla el Presidente del Gobierno Pedro Sanchez a todo el Poder Judicial?  A TRAVES DE LA COMISION DISCIPLINARIA.

Toda esta información es pública (en la propia web del CGPJ) y la inmensa mayoría de los magistrados desconocen que la presidente del OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO del CGPJ forma parte de la COMISIÓN DISCIPLINARIA del CGPJ.

Este sistema se implantó en el año 2004 (siendo Ministro de Justicia el Sr. López Aguilar) cuando se nombró a la presidente del Observatorio doña Montserrat Comas, presidente de la COMISIÓN DISCIPLINARIA.

Desde julio del 2020 se ha informado a los organismos europeos de esta falta de independencia judicial, que provoca una falta de imparcialidad. Esta cadena de mando / estructura del control judicial, es la que cuestiona la independencia judicial, y podría ser motivo de revisión de numerosas sentencias judiciales.

El ministro de Justicia de 2004, el Sr López Aguilar, es ahora europarlamentario y presidente de la Comisión de Libertades y de Justicia del Parlamento Europeo.

Él es quien está recriminando a Polonia y Hungría su Falta de Independencia Judicial, por el control que ejerce el gobierno sobre el Poder Judicial. Curioso.

El GRUPO DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN ( GRECO), ha indicado que España, con esa estructura / cadena de mando,  no garantiza la independencia judicial, lo que podría acarrear que España no pudiera recibir fondos Europeos, tal como España está haciendo con Polonia y Hungría al querer negarle los fondos porque según España estos países no tienen independencia Judicial, tampoco pasara el que España no reciba fondos, Ursula necesita los votos de Sanchez para seguir como presidenta de la UE.

Miles de decisiones judiciales podrían ser nulas.

Desde el año 2004, el OBSERVATORIO participa en la COMISIÓN DISCIPLINARIA.

En un Estado de Derecho, no se puede ser Juez y parte a la Vez:

Todos los procesos en los que haya un fiscal podrían ser revisables pues el Fiscal General del Estado, lidera la Fiscalía qué es un órgano jerárquico, y tiene poder para sancionar a los jueces.

No es de extrañar que las denuncias y querellas como decíamos anteriormente presentadas contra el Gobierno o Ministro de Sanidad por la gestión del COVID, se han archivado ( el Presidente del Gobierno y el Ministro de Sanidad forman parte del Observatorio qué forma parte de la COMISIÓN DISCIPLINARIA).

Nulidades en familia: 

Todos los años, hay más de 100.000 separaciones con hijos menores.

Desde el año 2004 (año que la Presidente del OBSERVATORIO también presidía la COMISION DISCIPLINARIA) han pasado 18 años.

En estos asuntos siempre hay un fiscal cuya función, en principio, es proteger al menor…. Esta situación podría provocar un auténtico terremoto en los asuntos de violencia de género pues la participación de la Ministra de Igualdad y del Fiscal General del Estado en la COMISIÓN DISCIPLINARIA podría cuestionar la independencia judicial y provocar la Revisión de multitud de decisiones judiciales.

La situación es muy grave, pues el Fiscal General del Estado es nombrado por el Presidente del Gobierno, por lo tanto,  protege al gobierno frente a las denuncias que presente la ciudadanía contra el gobierno (por ejemplo con motivo del COVID). 

Como ha afirmado la presidente de la Comisión Europea recientemente por el asunto de Polonia y Hungría: Sin Independencia Judicial, no hay Estado de Derecho y …… no hay Ayudas Europeas para estos países. Si las palabras de la presidente de la Comisión Europea se llevan a la práctica España no puede recibir ningún dinero, mas aun cuando Sanchez ahora controla también el Tribunal Constitucional. 

Está demostrado que el Poder Judicial está controlado por el gobierno, además de la propia corrupción existente en el Poder Judicial, la cantidad de ilegalidades que están realizando los que deben cumplir la ley y proteger al ciudadano, ha creado un Estado democrático fallido, quien crea que en España existe Democracia, vive en Alicia en el país de las maravillas.

Esta organización, como si fuera una empresa privada que trabaja dentro del aparato del Estado no acepta ni Jueces ni Justiciables que sean de opinión libre fundada en Derecho o que, simplemente reclamen una “Sentencia Justa” y que, a tenor de los hechos, y sin sesgo, se aplique el Derecho, pues bien, podemos calificar, ahora mismo, que eso empieza a ser misión imposible.

La situación se vuelve muy compleja y no está a la altura del ciudadano normal, hay que estar dotado de unas habilidades técnicas y aguante personal para no caer en situaciones desesperadas. 

El iter comienza por la interposición de la demanda, en el reparto de asuntos se establece un sesgo y casualmente, los que están metidos dentro del Sistema, consiguen que sus demandas vayan a parar a sus Juzgados de referencia, donde va a obtener una Sentencia satisfactoria y en el caso de ser una querella, esta será archivada sin Diligencias, dándose el caso de ser archivadas “alimine” es decir según llegan al Juzgado se archivan. 

El caso de que sea un tema de familia, basta con que la interesada denuncie con cualquier vaga excusa así se asegurará que su asunto recae en un Juzgado de Violencia de Genero y así se asegura que su caso tendrá el resultado de ahí que ahora se esté peleando para que el archivo de las denuncias no se considere una denuncia falsa con tal de que se tramite, y obviamente, se tramiten todas aunque se archiven.

Cuando el Juez empieza a resolver de una manera arbitraria y con visos de prevaricación y el Justiciable que no está metido dentro del Sistema no se aquieta, tiene tres opciones, recursarle, interponer una denuncia ante el CGPJ o finalmente querellarse contra él Juez, TENIENDO EN CUENTA EL CONTROL SOBRE LOS JUECES TODOS ESTOS PUNTOS SON INVIABLES DE UNA RESOLUCION FAVORABLE A UN DENUNCIANTE.

Si opta por recusarle se encontrará una resolución que diga que no hay causa de recusación y que todas sus resoluciones son acordes al control jurisdiccional por ejemplo aquí incorporamos un ejemplo:

 Si el Justiciable adicional o independientemente de la acción anterior, interpone la acción en el CGPJ ira a parar a manos del Promotor de la acción que decide si se incoa a no expediente disciplinario. Si considera que hay indicios se va a la Comisión Disciplinaria.

Si decide que no, su decisión es recurrible en alzada ante la Comisión Permanente del Consejo, que son ocho miembros y de ahí se va al Tribunal Supremo que en caso de que diga que sí vuelve a la Comisión Disciplinaria y ya vuelven a tomar el control.

Y la tercera vía es la querella, en donde al Juez le dan una prerrogativa que no tiene ningún Justiciable que se derogó en 1995 y que por aplicación del 410 del LOPJ se extralimita de forma tal que el Juez puede alegar lo que a su derecho convenga y conocer todos los hechos de la querella sin ser parte en el proceso ni siquiera que el proceso esté abierto contra él como investigado dando como resultado la apertura de unas Diligencias indeterminadas que no constan en los archivos, una corruptela judicial que encubre la gran corrupción. 

Con este sistema corrupto no puede existe ni separación de poderes, ni mucho menos democracia, estamos cerca de alcanzar la meta de la izquierda en parecernos a Venezuela, mientras no se tomen medidas al respecto, España ya tiene los tintes autoritarios dirigidos por un narcisista como Pedro Sánchez.

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