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El Gobierno ya admite que la inflación existía antes de que Sanchez culpara a Putin

La inflación, que ya se situó en el 7,6% en febrero antes de la invasión de Ucrania, ataca especialmente al bolsillo de las rentas bajas

Economia 14 de marzo de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Sanchez y Calviño

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó el miércoles a Vladimir Putin de la inflación galopante que azota a España, la publicación este viernes del IPC definitivo de febrero, del 7,6%, ha obligado al Gobierno a reconocer que la subida de precios ya había comenzado antes de la invasión de Ucrania, que tuvo lugar el 25 de febrero, tres días antes de que terminara el mes. Admiten también que la subida de precios se agravará a partir de ahora por la guerra y que tendrá unas consecuencias económicas que durarán años.

"Ya teníamos desde el año pasado un shock de oferta y lo que hace esta situación es intensificarlo y añadir incertidumbre. Hay que prepararse para que podamos responder, sin tener claro cuánto va a durar y sabiendo que la invasión es muy grave y va a tener consecuencias durante muchos años. El shock a corto plazo es brutal pero las implicaciones van mucho más allá del corto plazo. Lo que estamos viendo en las últimas semanas va a tener un impacto muy directo sobre la inflación y sobre el crecimiento económico, no sabemos cuánto va a durar. Veníamos experimentando ya ese shock en los últimos meses y ahora tenemos que adaptarnos", ha advertido este viernes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés. 

 Él, que pertenece al cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado -la élite del Ministerio- y que está más en la información macroeconómica que en los grandes mensajes, reconoce que el desajuste de oferta y demanda y la subida de precios ya la teníamos "desde el año pasado", producida en verdad por la pandemia. No hay que olvidar que la inflación empezó a subir de forma preocupante después del verano pasado: tras situarse en el 3,3% en agosto, pasó al 4% en septiembre y ya se disparó en el último trimestre: 5,4% en octubre, 5,5% en noviembre y 6,5% en diciembre. La inflación ya marcaba récord de las últimas tres décadas mucho antes de que Putin desplegara sus tropas.

Sánchez, por el contrario, intenta culpar a Rusia de la inflación en un intento de reescribir el relato. "Es importante decir la verdad a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Es la verdad, señorías", dijo este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Las declaraciones de García Andrés se han producido después de que el INE corrigiera su primera estimación de inflación para febrero, que apuntaba a un incremento del IPC del 7,4%, y admitiera que los precios en verdad subieron un 7,6%, el mayor incremento desde diciembre de 1986. Este aumento sin precedentes de la inflación empobrece a la población y presiona especialmente el bolsillo de las rentas bajas por la composición de su consumo.

Tal y como han advertido distintos servicios de estudios, como el de Euler Hermes o CaixaBank Research, las rentas bajas destinan un porcentaje muy superior de su consumo a bienes y servicios de primera necesidad, como la factura energética o la cesta de la compra. Al ser precisamente esos componentes los que más han subido (la electricidad se ha encarecido un 80,5%; los combustibles líquidos, un 52,3%; y los hidrocarburos, un 33,4%), las familias con menos ingresos son las que sufren comparativamente la mayor pérdida de poder adquisitivo. 

 La guerra va a disparar la inflación en España. El servicio de analistas de Funcas prevé que llegue al 8,6% en el mes de marzo y que en promedio en el año alcance el 6,8%, frente al 4,6% que pronosticaron en su última proyección. En 2021, ese promedio fue del 3,1%.

EL GOBIERNO CONFÍA A EN BRUSELAS Y LOS SINDICATOS
El Gobierno parece no tener herramientas para contener la inflación. De hecho, fía su bajada a dos palancas sobre las que no tiene potestad directa: por un lado, la negociación entre sindicatos y patronal para acordar un "pacto de rentas" y, por otro, una reforma energética que depende de la voluntad de Bruselas para intentar que la subida de precios del gas no se traslade al precio de la electricidad .

"Hay dos medidas fundamentales: desligar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas, y conseguir que la subida de salarios y otras rentas de capital sea suavizada. Los agentes sociales ya se están reuniendo y pensamos que es una de las vías de respuesta fundamental para reducir la incertidumbre, que es muy negativa para la actividad. Hay que dar claridad, coordinación entre los agentes sociales porque el avance hacia la estabilidad de precios tenemos que protegerlo. El Gobierno y los agentes sociales podemos contribuir a dar ese entorno de estabilidad", ha señalado el secretario de Estado.

Los sindicatos reivindican subidas de sueldos que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores y están sometidos a la presión del Ejecutivo, que en esta ocasión se ha alineado con la patronal y pide moderación. Pero para poder aceptar esa subida más leve de los sueldos, CCOO y UGT piden al Gobierno que no se quede con los brazos cruzados.

"Para hablar de un pacto de rentas el Gobierno se tiene que comprometer en la limitación de los precios de la energía, para modificar el sistema de formación de precios de la energía, pero además se tiene que comprometer a aprobar el mecanismo RED de protección para proteger a los trabajadores y trabajadoras que se están viendo profundamente afectados por esta elevación de precios, además de otra serie de medidas que amortigüen esta subida de precios en bienes y servicios que son básicos para poder vivir", han pedido este viernes.

El Mecanismo RED es un nuevo tipo de ERTE al que sólo pueden acogerse las empresas cuando el Consejo de Ministros lo activa para un sector concreto. El Ejecutivo está trabajando en activarlo para las agencias de viajes, y ahora los sindicatos piden que lo haga también para las compañías afectadas por las subidas de precios, como las industriales o agroalimentarias.

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