El Gobierno ha alegado que viene desarrollando un "extraordinario" volumen de producción legislativa para justificar que el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón decidiese recurrir a un despacho privado, en vez de la Abogacía del Estado, para contratar por 12.000 euros un informe jurídico sobre la trasposición de una directiva europea.

Así responde el Ejecutivo a una batería de preguntas registrada en el Congreso por Ciudadanos, que pedía saber por qué Consumo contrató con el despacho de abogados Consumer Consulting S.L., propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo, para un informe para el que, según apunta la formación naranja, eran competentes los letrados y funcionarios adscritos a ese Ministerio.

En su respuesta,  el Gobierno explica que dicho contrato tenía por objeto elaborar un informe acerca "del modo de llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico nacional" de una nueva directiva de la UE aprobada el 25 de noviembre de 2020 sobre las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Recalca que se trataba de un ámbito "previsto legalmente en la actualidad", en cuanto concierne al ámbito de consumo, y que, por tanto, "se hacía preciso contar con el apoyo de un informe que valorase los criterios que han de tomarse de referencia para fijarlos en el anteproyecto de ley de transposición de la norma de la UE".

Según el Ejecutivo, la finalidad de dicho informe fue contar con valoración jurídica "experta" para conocer las características que deben concurrir en las asociaciones de consumidores que serán habilitadas para la interposición de las acciones de representación a la que se refiere la directiva europea, así como el procedimiento para su designación y seguimiento de su actividad.

En el texto, el Gobierno especifica que el presupuesto máximo de licitación del contrato se fijó en 11.999,99 euros, IVA incluido, siendo adjudicado la empresa Consumer Consulting S.L. por ser ésta "la oferta más ventajosa económicamente".

ES UN CONTRATO MENOR
Con todo, puntualiza que la Ley de Contratos del Sector Público posibilita la realización de contratos menores de servicios, como es el caso, a aquéllos con un importe inferior a 15.000 euros, y añade que en la tramitación del expediente se dio cumplimiento a todos los requisitos y obligaciones establecido por la legislación aplicable.

Explica, no obstante, que la razón de recurrir a la contratación externa del informe respondió al "eventual y extraordinario volumen de producción normativa" derivado tanto de la trasposición de normativa de la Unión Europea, como de la pandemia o la explosión del volcán de La Palma.

En todo caso, recalca a Ciudadanos que "no es función de la Abogacía del Estado" el asesoramiento sobre el modo de llevar a cabo la transposición de una directiva europea, ni tampoco en la elaboración de textos normativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

En cualquier caso, el Gobierno precisa que desde la aprobación de la Directiva objeto del informe, el 25 de noviembre de 2020, el personal del Ministerio de Consumo ha participado en la elaboración de al menos siete normas relacionadas con los ámbitos relativos a la protección de los consumidores.

  Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv