Las 59 resoluciones estimadas en 32 millones de euros emitidas durante la pandemia por el Gobierno de Canarias –a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (DGRE)– han sido desveladas bajo una denuncia remitida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas, contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Dicha denuncia hace referencia a  presuntas irregularidades en 23 contrataciones a empresas, como el caso de One Airways, con 1.125.000 euros, y Sanitary Traders Spain SL, con 183.342 euros, inscritas ‘ad hoc’ en 2020 y que posteriormente recibieron estas adjudicaciones.

Según ha podido saber IEN, estas resoluciones se emitieron para adjudicar contratos de material sanitario por vía de urgencia, bajo la justificación ‘emergencia Covid-19’,  sin concurso público, a ciertas empresas. En la denuncia se han aportado estas resoluciones de la DGRE, así como se ha hecho constar que "se aprobaron adjudicaciones sin especificar ‘adjudicatario’ por un coste total de 7.410.000 euros, sobrecostes respecto a los precios de mercado en algunas contrataciones y la contratación de empresas que no pertenecen al sector sanitario o desempeñan otro tipo de actividades comerciales no vinculadas al Covid-19, con una carga al erario público de 17.337.199 euros".

 Entre las empresas subrayadas hacia una investigación –a pesar de tener estas entidades objetivos distintos al ámbito sanitario según el Registro Mercantil– se encuentran: Tout Espagnol Import-Export, S.L, empresa de alimentos en Málaga (1.938.000 euros más 720.000 euros ); ACJ, S.A, comercio al por menor de instrumentos médico ópticos en Las Palmas de Gran Canaria (795.000 euros más 932.000 euros) y Valsons Traders Exportaciones, S.L, distribución al por mayor de productos plásticos y hostelería en Las Palmas de Gran Canaria (1.224.500 euros).

 Ángel Víctor Torres.
En la 'lista' también se encuentran: RR7 United, S.L, comercio al por mayor de vehículos en Las Palmas de Gran Canaria (4.000.000 euros); Titerro Internacional, S.L, construcción de edificios y abastecimiento de aguas en Las Palmas de Gran Canaria (1.920.000 euros); Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L, explotación y distribución de sistemas generadores de electricidad en Zaragoza (2.095.018 euros); Damco Trading Services, S.A. comercio al por mayor no especializado (2.834.610 euros); RC Technology Limited, consultoría informática (600.000 euros); Crambo, S.A, venta de muebles, enseres y objetos de oficina en San Fernando de Henares (51.870 euros); Cosmo Médica S.L, comercio al por mayor no especializado en Valencia, (61.573 euros), y Tiba Spain SAU Valencia, cuyo objeto social no está disponible (164.628 euros).

El denunciante, el empresario gran canario Juan Manuel Pérez -que puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas la adjudicación por el Gobierno canario a una empresa de alimentos de 48.000 Test PCR al triple de su precio-, ha apuntado también en su denuncia al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, y al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Pérez también señala a la cámara parlamentaria –que avala las contrataciones presupuestarias– con el objetivo de que se "esclarezcan los perfiles de estas adjudicaciones por si concurrieran, presuntamente, delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias".

One Airways SAU

En la solicitud de investigación se precisa que "la empresa aérea One Airways SAU -con sede en el área del Aeropuerto Madrid-Barajas- aparece en las resoluciones de la DGRE con una adjudicación para el servicio de transporte aéreo directo entre Shanghái (PVG) y Gran Canaria (LPA). Este servicio transportaba material sanitario para la lucha frente al Covid-19 por un total de 1.125.000 euros, sin que conste un contraste con otros precios de mercado". Esta adjudicación se hizo bajo la dirección de Antonio Olivera –al frente del Servicio Canario de Salud (SCS) en aquel momento–, quien posteriormente sería nombrado viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, también se indica en la denuncia, en función de la información que consta en el Registro Mercantil, que "el primer ejecutivo de esta compañía aérea, Oscar Trujillo –que a su vez forma parte del proyecto  Canarian Airway junto a la participación de fondos públicos del Cabildo de Tenerife (con 700.000 euros) y la asociación hotelera Ashotel en la empresa matriz Lattitude Hub– abrió una sucursal de One Airways en Tenerife el 25 de marzo de 2020. Esto se produjo dos semanas antes de la primera ordenación del pago 514/2020, de 8 de abril de 2020 por  375.000 euros, emitida por  Resolución de la DGRE".

 Publicación en Twitter de Oscar Trujillo.
Los siguientes pagos de ordenación fueron "534/2020 de 21 de abril por 375.000 euros y 581/2020 de 12 de mayo por 375.000 euros, hasta completar la cifra de 1.125.000 euros". Es más, la propia Zona Especial Canaria (ZEC), emitió un comunicado el 8 de abril -coincidiendo con el primer pago- confirmando el establecimiento de esta compañía en Canarias.

En este sentido, el denunciante insta a una averiguación respecto a esta adjudicación por parte del Gobierno de Canarias, presuntamente, de carácter ‘ad hoc’, por vía de emergencia, bajo negociado sin publicidad, para esclarecer este contrato, así como la cuantía de esta prestación por parte de ONE AIRWAYS, en base a la comparativa  los precios de otras compañías aéreas.

 Otra de las aristas de este caso radica, según se señala en la denuncia, en "averiguar si esta adjudicación a ONE AIRWAYS pudiera llegar a tener alguna presunta vinculación que con el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, AENA, ó algún cargo de confianza o empresas de terceros, o  presunta relación con cargos públicos de Canarias".

El motivo lo marca el denunciante en que "esta empresa aérea, para llevar a cabo los transportes del material sanitario, tuvo que subcontratar a la aerolínea Plus Ultra -rescatada con 53 millones de euros por el Estado- porque cuando ONE AIRWAYS recibió los pagos de los fondos públicos correspondientes a la adjudicación por parte del Gobierno de Canarias no disponía de los permisos de vuelo requeridos para realizar el desplazamiento entre Shanghái y Gran Canaria".

 Este extremo de la contratación con Plus Ultra y la obtención posterior del certificado de operador aéreo (AOC) a la propia contratación pública, está acreditado por ONE AIRWAYS junto a su ejecutivo y CEO, Oscar Trijillo, en su red social Twitter.

Sanitary Traders Spain SL

Otra de las empresas a las que señala la denuncia ante la UDEF, en referencia a una presunta "constitución ad hoc para acceder a estas adjudicaciones públicas emitidas por el ejecutivo regional canario", es SANITARY TRADERS SPAIN SL. Esta entidad, según el Registro Mercantil, se encuentra ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, formada el 21 de abril de 2020 -concordando con las fechas de las resoluciones aprobadas por la DGRE-, con la finalidad de compraventa al por mayor de material sanitario, mascarillas y respiradores, productos farmaceúticos, madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios, bajo la gestión de Diego Luis Cruz de Mercadal, como administrador único.

 Registro mercantil de Sanitary Traders Spain.
La empresa SANITARY TRADERS SPAIN SL, recibió la adjudicación de 62.150 mascarillas KN95/FFP2, por una Resolución de la DGRE de ordenación del pago n.º 2174/2020, de 10 de diciembre de 2020, por un importe de 183.342 euros. Según según esta contratación, cada mascarilla costaría 2,94 euros por unidad, mientras en el precio de mercado oscilaría sobre 90 céntimos cada unidad, es decir, se adjudicaron al triple de su precio, otro hecho que consta en la denuncia.

Empresas adjudicatarias sin identificar

También se ha puesto de manifiesto, en esta petición de investigación, que "en algunas resoluciones de la DGRE, no se especifica un adjudicatario o empresa adjudicataria concreta y, además, se observa un presunto sobrecoste en función de los precios de mercado en base a estas contrataciones".

"Estas adjudicaciones sin ‘adjudicatario conocido’, consistentes en  60.000 cajas de guantes de nitrilo con un coste de 1.500.000 euros en el expediente de resolución, 600.000 Escobillones Virus Estériles Viscosa por 2.460.000 euros, 700.000 mascarillas KN95 por 1.750.000 euros, y 1.000.000 de uds. de MASCARILLAS FFP2 415723 por 1.700.000 euros, suponen una inversión total de 7.410.000 euros por parte del Gobierno de Canarias", por lo que se ha instado a "la averiguación de los adjudicatarios de estas contrataciones".

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv