Se publicó en el BOE del 6 de mayo de 2021, sin apenas difusión, una Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Organismo regulador del sector eléctrico, por la cual se aumentaba el techo del precio máximo para el mercado diario eléctrico hasta los 3.000,00 euros el Megavatio hora.

Esta Resolución atiende al Reglamento de la UE 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones.

Este cambio viene establecido en su artículo 54, el cual dice:

Precios máximos y mínimos

1. En el plazo máximo de 18 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, todos los operadores designados, en cooperación con los GRT pertinentes, elaborarán una propuesta de armonización de precios de ofertas máximos y mínimos, que se aplicará en todas las zonas de oferta que participen en el acoplamiento único del mercado intradiario. La propuesta deberá tener en cuenta una estimación del valor de la energía no servida.

En pleno confinamiento
Sin apenas difusión mediática y escasa divulgación pública, la explicación que se ofreció públicamente era que los umbrales han de ser modificados para que coincidan con los que se establecen en el resto de los países europeos.

El mercado diario en España está acoplado al resto de Europa, y calculado mediante un algoritmo (Euphemia) cuyo código fuente -es decir, la forma de cálculo- sólo conocen sus creadores de la empresa N-SIDE, una corporación que recibe financiación de las 15 energéticas más grandes de la Unión Europea. Sólamente sus creadores saben cómo se determina el precio de la energía, y en definitiva, son los que deciden mediante este software lo que se va a pagar a final de mes.

Quien tomó la decisión de que el precio máximo de la electricidad fuera de 3.000 € el MWh le correspondió a la Agencia europea para la cooperación de los reguladores de energía (ACER), que se adoptó en el primer semestre de 2021, durante el confinamiento sanitario, cuando la gente tenía los ojos puestos en las medidas sanitarias.

El gobierno español adoptó esta norma de manera inmediata.

El falso argumento de «esto viene de Europa»
En España, las explicaciones recurrentes respecto a las decisiones perjudiciales para el bolsillo de la gente suelen ser que esto se trata «de una norma que viene de Europa», argumento que sirve para un roto y para un descosido, pero que es falso.

El sistema legal europeo, conocido como el de la Europa de las dos velocidades, permite en su legislación las llamadas «Decisiones de exclusión voluntaria». La regla general es que la normativa de la Unión Europea es válida en los veintisiete estados miembros.

No obstante, éstos pueden adoptar ciertas exclusiones de la legislación o de los tratados, o dicho de otro modo, que no tienen que participar en ciertas áreas políticas.

Actualmente, tres estados tienen este tipo de opciones de exclusión voluntaria: Dinamarca (tres opciones de exclusión voluntaria), República de Irlanda (dos opciones de exclusión voluntaria) y Polonia (una opción de exclusión voluntaria). El Reino Unido tenía cuatro cláusulas de exclusión voluntaria antes de abandonar la Unión.

Esto significa que la sumisión española en el mercado eléctrico (y en todo lo demás), es una decisión política, no técnica. Aunque las excusas para justificarlo pueden ser diversas: pandemias, Rusia, etc.

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