En honor a la verdad, es prioritario, atestiguar que, sin la presencia, más que valorada y reconocida de la Guardia Civil en Canarias, por parte de lo residentes canarios, las islas correrían un serio peligro en materia de seguridad, por varias cuestiones fundamentales: Inmigración ilegal hacia el archipiélago orquestada de manera indiscriminada por Marruecos, vía por la que se han ‘colado’ yihadistas, perfiles militares y ex presidiarios en las islas, además de abandonar a su suerte a sus propios súbditos alauitas en pateras para cruzar el Océano Atlántico; pero también, la progresiva modernización y acopio de las Fuerzas militares marroquíes, en base a la construcción del puerto naval militar en Dakhla, bajo el deseo de controlar el Norte de África en detrimento de Canarias.

Redes de narcotráfico de hachís y cocaína, presencia de mafias procedentes de Europa del Este, corrupción política, crímenes de diversa índole, o refugios usados por peligrosos criminales huidos de otros países. Incluso, en otro sentido, ‘personajes cercanos’ a los presidentes, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro, al parecer, se encuentran ‘afincados en mansiones canarias’, sin que trascienda a la sociedad. Son episodios que ‘sacuden’ al archipiélago canario. Pero la Guardia Civil, siempre trabaja sin descanso, contra la corrupción. Siempre lucha contra la corrupción.

Necesitamos a la Guardia Civil en Canarias

Soy la cuarta generación de mi familia que apoya a la Guardia Civil, desde el asesinato de mi bisabuelo por respaldar a este Cuerpo durante la Guerra Civil. En mi generación, siempre lo he dicho. Sin la presencia de la Guardia Civil, Canarias estaría perdida en muchos sentidos. Rescates heróicos en montaña, participación en el control de incendios forestales, despliegue ejemplar en la erupción volcánica en La Palma. También su presencia social es fundamental en las islas, para inspirar tranquilidad, seguridad, y confianza en la democracia.

Es fundamental que, el pueblo español despierte al papel de las Islas Canarias en estos tiempos, debido a su posición geoestratégica, geopolítica, así como a la ‘codiciada’ presencia de telurio y las denominadas, ‘tierras raras’ en el archipiélago.

 Bajo esta labor de la Benemérita, en honor a la verdad, siempre voy a reconocer la fundamental y encomiable dirección en las islas, del general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas, así como de su equipo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, en el caso de la muerte del menor de origen saharaui, Barrag. E.H.

Este equipo judicial, comisionado por la fiscal, Beatriz Sánchez, investiga a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, en relación a presuntas irregularidades en la gestión del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Puerto Bello, al sur de Gran Canaria, en el que se alojó este menor fallecido. Una muerte aún sin esclarecer, que investiga la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional de Las Palmas.

 El caso de Barrag, y de otros menas abandonados por esta fundación, lo destapamos en IEN.

Duelo y fracaso institucional 

Bajo mi compromiso con el periodismo de investigación, vengo a decir, que, tras acompañar a estos menores durante el verano de 2021, -acogidos en el centro de Puerto Bello tras llegar en patera a Canarias en 2020-, por el periplo burocrático pidiendo ayuda a las instituciones para solicitar ser testigos protegidos, por atreverse a denunciar irregularidades que vivieron de manera directa, respecto a la gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, he de alertar, del fracaso institucional de las instituciones canarias en materia migratoria.

Nadie me lo ha contado. Lo he vivido en primera persona a través del sufrimiento de los menas, desamparados, viviendo en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en situación de abandono institucional. Las ONGs cobran grandes subvenciones para ‘echar’ a la calle a los menas al cumplir la mayoría de edad. Toda una mala praxis social. Solo que, en el caso de Barrag, a modo de ejemplo verificado, aún era menor. Acabó en la calle, siendo menor. Toda una desgracia, su trágico final con resultado lesivo para su propia vida.

 Imaginen el dolor, el duelo, el desgarro de la madre de Barrag, con la que estoy en contacto directo. Escucho su lamento, por la muerte de su hijo. Se me rompe el corazón. Intenté ayudar a su hijo con sus denuncias por corrupción. Pero al poco tiempo, después de denunciar esta corrupción sistémica, perdió la vida en ‘extrañas circusntancias’, según su entorno.

 'Chiringuitos' de Marlaska en Canarias  

Por todo este duelo descrito, había que actuar en consecuencia: De las denuncias de Barrag, así como de otros menas, ex usuarios del centro de Puerto Bello, se puso en conocimiento de estos hechos, tras la muerte de Barrag, ante la Fiscalía General de Estado, Defensor del Pueblo, Diputado del Común de Canarias, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía Nacional, Subdelegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, Brigada de Homicidios de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria y Guardia Civil de Canarias.

La respuesta de estas instituciones, evidentemente, fue favorable hacia esta investigación.

 Pero también, era de todo punto necesario, en el ‘caso de los menas de Puerto Bello’, poner en valor ante estas mismas instituciones, la ‘mala praxis’, de la OPC de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de la agente, Yaiza Hidalgo, cuya pareja, es el comandante Jefe de Personal, José Antonio Vidal, en esta misma comandancia.

Es decir, ‘una agente de prensa, incuestionada por este mismo jefe de personal, debido a su relación familiar, que todos conocen en este centro de trabajo, y el malestar que conlleva, debido al miedo a represalias si algún agente denuncia esta situación’, según relatan miembros de esta comandancia. Uno de los ‘chiringuitos’ que, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska no debería permitir. Se ha de medir bajo el mismo ‘rasero’ a todos los agentes, o ¿no se debería, en virtud de relaciones interpersonales?

Pero además, hay que resaltar, que la agente Yaiza Hidalgo, se encuentra en comisión de servicio anual, en esta oficina de prensa de la comandancia, por designación directa, cuando realmente su puesto está en el Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, ‘Hidalgo cobra por este trabajo aeroportuario que no realiza, un sueldo muy superior al de la oficina de prensa, que viene ejecutando hace más de un año, sin renovar esta comisión en la actualidad’, informan fuentes de la Guardia Civil.

Por otra parte, su plaza en el aeropuerto grancanario, queda desierta, sin cubrir, cuando, es tan necesaria la presencia de agentes femeninos para cachear a las mujeres o atenderlas en esta zona aérea, señalan guardias civiles. Es más, este sueldo y la permanencia de Hidalgo en la OPC de Prensa, plaza sin convocar este año, podría conllevar a un presunto fraude de ley con esta plaza, que podrían ocupar otros agentes, indican.

 Sin embargo, esta situación de conflicto, viene desatada, previamente, desde la Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña, cuando Hidalgo, ocupaba también otra comisión en la OPC de Prensa. ‘El mismo ‘modus operandi’ en ambas comandancias’, sostienen agentes gallegos consultados.

Otro ‘chiringuito’ que Marlaska no debería permitir, porque la Guardia Civil, no es una agencia de colocación de comisiones de servicio para los mismos agentes una y otra vez. Es una institución seria.

¿Qué fue realmente lo que sucedió con la OPC de Prensa?  

En honor a la verdad, tal como se ha acreditado bajo las comunicaciones mantenidas con la OPC de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, ante todas las instituciones citadas, hay que subrayar, que ‘desde esta oficina de Prensa, bajo la dirección de Yaiza Hidalgo, se negaron a atender la solicitud de ayuda para el ‘caso menas de Puerto Bello’, negando la competencia de esta misma comandancia’. Algo absolutamente falso, pues esta comandancia ostenta toda la competencia, máxime, cuando se trata de delitos contra las personas, en este caso menores de edad, sucesos ocurridos en Gran Canaria.

Ante esta falta de diligencia de la OPC de Prensa, esta situación, las denuncias de los menas, bajo su expresa voluntad, fueron remitidas ante la Fiscalía, que admitió este caso, al ser competente en la investigación del centro de menas de Puerto Bello. Igualmente, los ex monitores de este recinto de menas, habían dado parte anteriormente, a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, entre otras instituciones canarias, como Presidencia del Gobierno.

 Finalmente, como no podría ser de otra manera, la ‘mala praxis’ de la OPC de Prensa, más el presunto fraude de ley con el sueldo y la plaza de prensa que ocupa la agente, Yaza Hidalgo, ha acabado en la mesa de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil en Madrid. No obstante, el ministro Marlaska debería tomar cartas en este asunto.

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv