Como publico en exclusiva Impacto España Noticias en varios artículos el gobierno de Armengol e Yllanes se dedica a falsificar documentos oficiales, a disponer de Abogacía de la comunidad Balear para defender a los funcionarios que por orden  de sus jefes, realizan resoluciones, manipulan certificados entre tantas otras irregularidades.

Para coronar las actividades delictivas del gobierno comunista balear, a las empresas que no se les tramitaban las sanciones recibieron subvenciones por millones de Euros.

Es más, estas empresas eran las que formaron asociaciones y recibieron subvenciones también por medio de las asociaciones.

Recordemos que estas empresas habían sido sancionadas por delitos contra  el medio ambiente y la seguridad laboral.

Ahora añaden un nuevo capítulo manipular y falsificar la hora y el documento del CSV, (CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN)

El 5 de Febrero sacábamos la exclusiva de la falsificación de unos documentos del gobierno balear. La falsedad documental descubierta comienza cuando Negueruela es Conseller y continua  con el Juez y Vicepresidente actual del gobierno de Armengol el Sr. Yllanes, ante varias querellas emprendidas contra la administración esta se ha dedicado a "falsear documentos oficiales" para así poder ir archivando causas o dejarlas en un cajón, todo con un plan elaborado en el que varios funcionarios han sido participes de esta corruptela gravísima que implica presuntamente a la propia justicia.

El día 10 de septiembre de 2020 se informa vía carpeta ciudadana a la empresa Grupo Fabkina,  denunciante de la resolución del Director General de Política Industrial, Antonio Morro Gomila, firmada de forma manuscrita a fecha 29 de julio de 2020, firma que siempre es electrónica, y en este caso se hace manual.

La resolución que firma de forma manuscrita Antonio Morro Gomila, se soporta sobre un informe jurídico de fecha 28 de julio de 2020, firmado también de forma manuscrita por Teresa Relea Ortega, jefa del servicio de asuntos jurídicos de  la Conselleria de Transició Energética i Sectors Productius.

En sede parlamentaria se solicitó por parte de dos partidos políticos (VOX, PP) una explicación a la presidenta  Armengol, Iago Negueruela y el Sr. Yllanes 

Estos rehusaron a darla, aun teniendo una pericial publicada que deja en evidencia que las fechas y las firmas de esas resoluciones son falsas.

La responsabilidad de estos documentos decae directamente sobre el Gobierno Balear, ya que el Sr Yllanes es el conseller de industria  y vicepresidente de dicho gobierno. Más si cabe si vemos que la firma de la resolución con fecha falsa del Director de política Industrial se hace por delegación, es decir el que firma realmente es  Yllanes.

Rehusaron a dar explicaciones y además atacaron a los medios de comunicación y a la empresa que les tiene en diferentes vías judiciales, demandados.

Tanto  Yllanes e Armengol se limitaron a ensuciar la imagen de la empresa y de los dos partidos políticos, dando a entender en dicha comparecencia que entre la empresa y los dos partidos políticos que les pedían explicaciones, había  “intereses” entre ellos.

Ahora destapamos una nueva  manipulación de un documento digital, la resolución que había sido peritada y que estaba en sede judicial, se intento destruir y manipular la firma electrónica de dicho documento.

SE MANIPULA IRREGULARMENTE LA FIRMA DIGITAL DEL DOCUMENTO QUE HABÍA SIDO PERITADO. 

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 Es decir, intentaron destruir la prueba que da el sistema de código seguro de verificación, cambiando el documento digital por uno escaneado. Tras el nuevo informe pericial, se confirma una nueva falsificación y actuación DELICTIVA del Govern Balear.

Recordemos que este sistema fue implementado en estas dos ÚLTIMAS legislaturas del gobierno Balear. Pasamos a explicar que es el código Seguro de Verificación.

 El sistema de Código Seguro de Verificación es un código único que identifica un documento electrónico y que garantiza la integridad del documento mediante el cotejo en esta misma sede electrónica, en la sede electrónica del organismo que generó el documento o en la Carpeta Ciudadana, tal y como se define este sistema en la página web del Gobierno de España:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ayuda/ayudaCSV.html

Así mismo, de conformidad con lo publicado en la página web del Govern de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/es/fichainformativa/3392834

El Código seguro de verificación (CSV) es un término que designa el código único que identifica un documento electrónico en la Administración pública española. Este código alfanumérico suele figurar en todos los documentos electrónicos emitidos por medios telemáticos y garantiza la autenticidad y la integridad del documento.

Asimismo, el CSV es el sistema de firma electrónica utilizado en las actuaciones administrativas automatizadas vinculado a la Administración pública, órgano o entidad, que permite comprobar la integridad del documento, mediante el acceso a la correspondiente sede electrónica.

Para verificar un CSV del Gobierno de las Illes Balears, puede acceder al «Servicio de consulta de CSV CAIB» https://csv.caib.es/.

Esta aplicación permite verificar la validez y la integridad de un documento electrónico emitido por el Gobierno de las Illes Balears. Para hacerlo, se deberá escribir el Código seguro de verificación que figura en los márgenes del documento para volver a visualizarlo y comprobar que los datos consignados son correctos. Una vez rellenado y enviado el formulario, se mostrará la información del documento para poder descargarlo.

 El Sr. Antonio Morro Gomila emitió un documento “Resolució del director general de Política Industrial, dictada per delegació del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, por la que se revoca i es deixa sense efecte la Resolució del director general de Política industrial, d'1 de juliol de 2019, en relació amb la denúncia a les instalacions de productes petrolÍfers líquids, de refrigeració i de baixa tensió en el recinte de Serveis Tècnics Portuaris (STP) en el carrer MollVell, s/n de Palma”.

 El objeto de esta Resolución era el siguiente, que reproducimos a continuación, tal y como queda indicado en su página 13:

 

En esta Resolución se reproduce la firma manuscrita del Sr. Antonio Morro Gomila, tal y como vemos a continuación

 

El 10 de septiembre de 2020 este documento fue remitido por parte de la Conselleria de Trabajo Comercio e Industria de la CAIB a GRUPO FABKINA, en formato pdf, por medio del sistema telemático de carpeta ciudadana contando con la firma digital del Servicio de Digitalización del Govern Balear. Concretamente, en la pág. 14 del documento remitido consta la firma digital y el día y la hora en la que este documento fue firmado, 10 de septiembre de 2020 a las 01:25:10 PM, y que a continuación vemos.

 

Este documento quedó publicado en la web de acceso público https://csv.caib.es/hash/6e03bc71352a17241aae44c5670e7952fc578ab5d5f6910fb30ba5e5cb27e154, titularidad del Govern de les Illes Balears.

A este respecto hemos de aclarar que, si bien encima de la firma manuscrita del Sr. Antonio Morro Gomila se indica la fecha de 29 de julio de 2020, tal y como hemos expuesto anteriormente el documento fue emitido y firmado digitalmente con posterioridad, concretamente el de 10 de septiembre de 2020.

En relación con lo anterior, y como prueba de todo lo relatado, se redactó un Informe pericial emitido por el perito informático el Sr. Ángel González Pérez de fecha 27 de noviembre de 2020, peritaje que obra en los correspondientes autos judiciales.

 En fecha de 26 de marzo de 2022 se accedió de nuevo mediante la misma web de acceso público https://csv.caib.es/hash/6e03bc71352a17241aae44c5670e7952fc578ab5d5f6910fb30ba5e5cb27e154 al documento. Tras revisar el documento y advertir modificaciones respecto al remitido en fecha 10 de septiembre de 2020, se contactó de nuevo con el perito informático el Sr. Ángel González Pérez, encargándole que explicara y acreditara las modificaciones realizadas, tal y como se ha realizado en nuevo informe de fecha 26 de marzo de 2022.

 Las modificaciones introducidas en el segundo documento respecto del primero, tras su comparación, son las siguientes:

 

 Ante estas modificaciones y tras su análisis, el Sr. perito ha realizado las siguientes conclusiones:

 En fecha 26 de noviembre de 2020, este perito hizo una extracción de dos documentos electrónicos desde una web de acceso público con dirección URL https://csv.caib.es/hash/6e03bc71352a17241aae44c5670e7952fc578ab5d5f6910fb30ba5e5cb27e154 que quedó reflejada en el documento Informe Técnico Pericial PER 511/2020, quedando certificado mediante su hash y su extracción, por un prestador de servicios cualificado. 

En fecha 26 de marzo de 2022 se ha repetido la extracción a petición del cliente y se han vuelto a descargar los mismos documentos desde esa misma dirección URL que sigue siendo de acceso público y también ha quedado registrado mediante Prestador de Servicios Cualificado. 

Una vez revisados los documentos, se ha cambiado uno de los dos documentos extraídos ya que cambia su nombre y su firma digital, viendo modificaciones en la firma de la página 14 sin haber revisado el resto de páginas ya que son imágenes incrustadas. 

 El cambio está en que el documento extraído en fecha 2020 tiene por nombre “2018_39650 Resoslució (1)” (sin que el (1) sea relevante) y que el de la extracción de 2022 tiene en nombre “P_1599737078-signed__2020-1599737118690_.pdf” 

Así mismo el documento de fecha 2020 tiene Hash diferente al de 2022, lo que significa que no es el mismo y por tanto se puede concluir que desde la fecha de extracción del primero al segundo ha existido una modificación del fichero. Las firmas no se ponen en conclusiones ya que son datos largos que se pueden ver durante la lectura de este documento 

 El hecho de que se modifiquen archivos incorporados al sistema de archivo digital de la Administración supone un grave incumplimiento del objeto perseguido con este archivo, como es garantizar la integridad y autenticidad de los documentos. Si un documento puede ser modificado por la Administración, manipulando sus características, se pone en cuestión todo el sistema de archivo sobre el que se ha construido la administración digital a la que tan acostumbrados estamos, y que en muchos casos es la única forma de relación posible entre administrado y administración.

La corruptela del gobierno de Armengol e Yllanes está llegando a extremos de una mafia compinchada para tapar todas sus corruptelas y beneficiarse de las mismas. Sin duda los partidos políticos que se llaman democráticos y Transparentes como Podemos Y PSOE, no es más que la continuidad del partido más corrupto de España y Europa como es el PSOE ahora con la compañia de Podemos.

Judicializar esto en las islas dará facilidades a estos corruptos, sino Armengol llamara a su amigo Pedro Sánchez que es quien controla el Observatorio y harán lo posible para tapar tremendo escándalo.

Este caso debe salir de las islas si verdaderamente se quiere ejercer justicia, no veo a jueces, abogados ni procuradores atacando al juez y Vicepresidente Yllanes, ni a la Presidenta Armengol.

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