Las investigaciones del Departamento de Trabajo de EE.UU. ya han terminado con 749 cargos por fraude en materia de desempleo, que ascienden a la alarmante cifra de 100.000 millones de dólares, y que aún siguen contando.

Altos funcionarios del área de supervisión informaron a los senadores del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de que actualmente no es posible alcanzar una cifra máxima sobre este fraude, debido a la escasez de datos y a las actividades de recuperación en curso.

Cuando se le preguntó sobre los niveles de fraude en los más de 5 mil millones de dólares en gastos en concepto de ayuda para la pandemia, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, líder del Comité de Rendición de Cuentas de la Respuesta a la Pandemia, informó al miembro de mayor rango, el senador Rob Portman (republicano por Ohio): “Ojalá pudiera responder a eso ahora mismo”.

Horowtiz anticipó que el recuento final rozará los 100.000 millones de dólares, pero advirtió que no podía ser más específico.

“Todavía no tenemos todos los datos. En segundo lugar, tenemos muchos casos en curso y, por supuesto, hay una diferencia entre un pago indebido -de los que hay miles y cientos de miles de millones de dólares- y el fraude, y tenemos que resolverlo a través del proceso de investigación”, continuó Horowitz.

Con un nuevo fiscal jefe para el fraude del COVID-19 y una futura orden ejecutiva sobre el robo de identidad, el fraude está recibiendo un énfasis adicional por parte de la Casa Blanca, como señaló en la audiencia Jason Miller, subdirector de gestión de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Esa orden, dijo Miller en un testimonio preparado, se centrará “en prevenir y detectar el robo de identidad que involucre beneficios públicos, al tiempo que protege la privacidad y las libertades civiles y previene el sesgo que genera resultados dispares”.

Según los datos presentados a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), los pagos erróneos ascendieron a 281 mil millones de dólares en el año fiscal 2021. Esto supuso un aumento de 75.000 millones de dólares con respecto al año fiscal 2020 y más del cuádruple de la cantidad registrada en el año fiscal 2017.

Debido a que esa métrica incluye errores distintos del fraude, como los pagos insuficientes y excesivos, no proporciona una imagen precisa de las transacciones fraudulentas.

Tampoco es una estimación exhaustiva, porque algunas agencias no han facilitado datos y otras han proporcionado cifras que no son “rigurosas”, según Gene Dodaro, director de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

Uno de los problemas, según los testigos, es la escasez de datos de calidad.

La GAO ha animado al Congreso a modificar los consejos actuales, que no exigen a las agencias anticipar los importes de los pagos incorrectos en el primer año de los nuevos programas. Dodaro dijo que la mayoría de las agencias no proporcionaron estimaciones para los nuevos programas de ayuda para el año fiscal 2021.

También es necesario que la comunidad de supervisión restablezca la capacidad de análisis.

La rama analítica de la Junta de Recuperación, que se creó tras la crisis financiera de 2008, se cerró en 2015. El nuevo Centro de Excelencia de Análisis de Pandemias, que forma parte del nuevo comité de supervisión de pandemias, tardó casi un año en formarse después de que las agencias comenzaran a distribuir los fondos de ayuda. El Congreso debería hacerlo permanente, según Dodaro.

Los testigos también mencionaron las lagunas de datos y las dificultades de fiabilidad sobre los gastos de la pandemia y la forma en que se gasta ese dinero, un factor que obstaculizó la capacidad de las comunidades de supervisión para investigar los programas.

“Al principio, tuvimos dificultades para obtener datos sobre el gasto de ciertos programas pandémicos significativos y pocas agencias exigieron a los beneficiarios de la ayuda que proporcionaran detalles sobre cómo estaban gastando los fondos federales que recibían”, escribió Horowitz en su testimonio.

En su testimonio, Dodaro solicitó  que el Congreso apruebe una nueva legislación en este ámbito, que incluya nuevos requisitos de información sobre pagos indebidos y gestión del riesgo de fraude; requisitos de certificación para las estimaciones de pagos indebidos y requisitos de calidad para los datos de gasto federal disponibles públicamente; y nuevas orientaciones para los planes de control interno de las agencias.

Numerosos testigos mencionaron explícitamente los problemas de fraude en el programa de seguro de desempleo, el Programa de Protección de Cheques, y otros administrados por la Administración de Pequeñas Empresas.

La GAO afirma que la ausencia de controles internos para supervisar el dinero de la ayuda, la gestión desigual de los riesgos de fraude en los distintos organismos y la falta de requisitos de notificación de pagos incorrectos para las nuevas iniciativas, como varias de las que surgieron a raíz de la pandemia, provocaron los altos niveles de fraude.

La escasez de personal y la tecnología obsoleta afectaron a los estados que gestionan el programa de seguro de desempleo. Según el inspector general Larry Turner, del Departamento de Trabajo, las prestaciones tenían controles frágiles y habían obtenido recientemente una gran afluencia de fondos, lo que las convertía en un objetivo para el fraude.

Turner también mencionó en su testimonio que algunos de estos fallos similares provocaban grandes retrasos en la recepción de las indemnizaciones para algunos solicitantes cualificados.

Según Turner, el Departamento de Trabajo registró una tasa de pagos indebidos del 18,71 por ciento en diciembre de 2021, lo que no incluye el programa más reciente desarrollado para los trabajadores de la industria durante la pandemia.

Según la evaluación, al menos 163.000 millones de dólares en prestaciones de UI por la pandemia pueden haber sido pagados erróneamente de los 872.500 millones de dólares en pagos, “con una parte significativa atribuible al fraude”, afirmó. El porcentaje real es seguramente mayor.

El gobierno está tratando de recuperar los fondos que han sido robados.

Las investigaciones del Departamento de Trabajo ya han culminado con 749 cargos de desempleo relacionados con el fraude y casi 830 millones de dólares en efectivo recuperados, según el organismo de control.

En sus pruebas escritas, Dodaro, de la GAO, declaró que 417 personas se habían declarado culpables de cargos federales por defraudar a los programas de ayuda a los damnificados, y 11 fueron condenados en juicio.

Los esfuerzos del PRAC y de otros inspectores generales han dado lugar a 1.272 acusaciones y denuncias, 949 detenciones y 455 condenas, según Horowitz.

Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de fraude en el ámbito del desempleo, “creemos que va a ser algo difícil recuperarlo”, dijo Turner sobre la recuperación de los fondos entregados a los estafadores.

Los testigos señalaron que, además de la pérdida de fondos del gobierno, el problema puede causar importantes trastornos a las víctimas del fraude de identidad que necesitan prestaciones, así como ralentizar la entrega de los pagos mientras se trabaja en el aumento de las reclamaciones.

El robo de identidad también perjudica a quienes tienen derecho a las prestaciones pero cuya identidad ha sido robada, según Horowitz.

“Lo que ocurre es que… cuando las personas de las comunidades desfavorecidas tratan de solicitar esas prestaciones a las que tienen derecho legítimamente, pero sus identidades han sido robadas, resulta que son ellos los que son cuestionados como si fueran los defraudadores. Son ellos los que luchan por recuperar sus identidades”, dijo Horowitz.

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