El presidente peruano, Pedro Castillo, decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima durante el martes, en medio de protestas por las subidas en los precios del combustible y los alimentos. Cuatro personas murieron en las protestas de la última semana.

En un mensaje a la nación casi al borde de la medianoche del lunes, Castillo anunció a través de la televisión pública que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el puerto del Callao, por “los hechos de violencia” que en la víspera dejaron casetas de peaje incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía.

El mandatario indicó que los bloqueos de carreteras han creado “zozobra a los trabajadores, madres y población en general” y que la medida decretada busca “restablecer la paz y el orden interno”.

El toque de queda empezará a las dos de la mañana del martes y concluirá al finalizar la jornada. La capital, Lima, se encuentra en estado de emergencia desde inicios de febrero, lo que implica la limitación de varios derechos constitucionales incluidos la inviolabilidad de domicilio, y las libertades de reunión y tránsito.

La nueva medida amplía el estado de emergencia para permitir que las fuerzas armadas apoyen a la policía en el control del orden público. El toque de queda permite el funcionamiento de los servicios esenciales como mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recogida de basuras.

El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo a la radio local RPP que la medida busca “pacificar el país”, debido a que personas violentas se han infiltrado en la protesta social para cometer actos vandálicos.

La prohibición de personas en las calles por casi 24 horas del martes recuerda los pasados encierros ordenados para evitar los contagios del nuevo coronavirus, que dejaron en Perú más de 212.000 muertos desde el inicio de la pandemia.

La última semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de los combustibles y de los alimentos dejó cuatro muertos, así como varios heridos. Los cortes en carreteras claves del país impedían el abastecimiento de algunos mercados de alimentos de la capital que reciben a camiones de los Andes.

Como respuesta, el gobierno suspendió el domingo y hasta fines de junio un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban entre 28% y 30% el precio final. Así, el diésel más usado bajó su precio en 0,47 dólar el galón, pero varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado y sin variaciones en las gasolineras.

El alza del precio de los combustibles ha elevado el costo de los alimentos. El mandatario ha admitido en semanas pasadas que Perú vive una crisis económica y señala que el alza de precios impulsada por los efectos de la pandemia de COVID-19 ha sido atizada por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha llevado al país a una “economía de guerra”.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que mide el índice de precios al consumidor, anunció el viernes que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996 la inflación llegó a 1,53%, añadió.

Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial y su impopularidad alcanza 68% en marzo según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República. El parlamento —que ha intentado destituirlo— lo supera en descrédito y su desaprobación llega a 79%.

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