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Investigan los contratos Covid del Gobierno de Sanchez

Las pesquisas tienen su origen en una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y se centran en más de medio centenar de licitaciones concedidas

Corrupción 08 de abril de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Gobierno de Sanchez

Un juzgado de Madrid investiga al Gobierno de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. La titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, tomó declaración este jueves como imputados a tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central en el primer estado de alarma. Las diligencias se abrieron hace un año, pero no habían trascendido hasta ahora.

Las pesquisas tienen su origen en una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y se centran en más de medio centenar de licitaciones concedidas entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 por un valor total de 310 millones de euros.

La querella, sostiene que el Real Decreto 7/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del covid, sirvió de cobertura para celebrar una serie de contratos que, según la tesis del partido de Santiago Abascal, no se ajustaron a la legalidad.

En concreto, Vox sostiene que los contratos de emergencia permitieron que no quedara debidamente justificada la contratación de las compras de material, con un sobrecoste muy elevado en relación con otras compras llevadas a cabo aquellos días y sin la publicidad requerida. Además, expone que se formalizaron adjudicaciones con empresas sin experiencia técnica en el sector o que ni siquiera aclaraban cuál era su objeto social.

Los imputados son los responsables de los organismos que centralizaron la mayoría de las compras efectuadas por el Ejecutivo de Sánchez, Sanidad y Hacienda, entonces dirigidos por Salvador Illa y María Jesús Montero. Se trata del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz.

Antes de interrogarlos, la magistrada ya había solicitado a cada uno de los organismos los expedientes dudosos. Fuentes jurídicas señalaron que la Fiscalía no asistió a su declaración este jueves.

Durante su comparecencia ante la jueza, los investigados manifestaron que cumplieron con el protocolo que establecía la normativa aprobada durante el estado de alarma, informan fuentes jurídicas. Los tres acusados pusieron de manifiesto las especiales circunstancias de aquella etapa, con un mercado nacional agotado que obligó a recurrir a las compras fuera de España. El escenario internacional, también en crisis, condujo de forma inevitable a China, único país con capacidad para vender, según argumentaron. El representante legal del INGESA ya ha reclamado el sobreseimiento del caso.

Medio centenar de contratos
Según las fuentes consultadas, las diligencias del Juzgado número 26 se centran en 56 contratos. Los querellantes defienden que al menos 12 de ellos fueron concedidos a empresas de "dudosa existencia", en las que "no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico alguno, en España o fuera". Otra de esas compañías bajo sospecha tampoco acreditó su solvencia económica.

Además, sostiene Vox, esas adjudicaciones no se sometieron a la más mínima fiscalización, ni se analizó el régimen fiscal al que debían estar sujetas. En otras ocasiones, las mercantiles carecían de objeto social declarado o este no tenía ninguna relación con el material contratado. La acusación mantiene que el marco de urgencia no justificaba que se realizaran licitaciones "arbitrarias" sin seguir los más mínimos criterios de seguridad en la contratación del sector público.

En el listado de contratos que investiga la jueza figura, por ejemplo, la compra de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica a la empresa china Sysmed, batas desechables adquiridas a la compañía Weihai Textule Group, 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección a la mercantil Honkong Travis Asia Limited y cuatro millones de hisopos a la sociedad MJ Steps. Los expedientes de adjudicación utilizaban en su mayoría una memoria justificativa con párrafos "preformulados" y casi todos se abonaron en dólares USA.

En muchas de las licitaciones, destaca también la querella, las empresas no tenían experiencia previa ni de contratación con la Administración y tampoco disponían de la infraestructura necesaria para poder prestar unos servicios como los que se les concedieron. Este es el caso, por ejemplo, de Value and Bro SL, a la que se pagó 4,2 millones por el suministro de reactivos e hisopos cuando su objeto social era el asesoramiento legal o laboral.

También FCS Select Products, que se dedicaba al 'marketing' de bebidas alcohólicas, y a la que se le compraron 10 millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. La relación de adjudicatarias incluye hasta una compañía china con sede en las Islas Caimán llamada Angelina Enviromental Spain SL, que se dedicaba al tratamiento de residuos y que apareció mencionada en la investigación de los 'Paradise Papers'.

La acusación mantiene que el marco de urgencia no justificaba licitaciones "arbitrarias" sin seguir los más mínimos criterios de seguridad

En otras ocasiones, se produjeron incumplimientos de contrato. Es el caso de la compra de 144 respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, de reciente creación, y que se dedicaba a la fabricación de elementos de yeso, a la que se abonaron 2,7 millones de euros por adelantado. No pudieron suministrar el material y no devolvieron el dinero remitido por transferencia a Estados Unidos.

También se detectaron sobre costes muy elevados con una media de un 300% de incremento en el precio. El caso más espectacular tiene que ver con las batas desechables, donde se compraron lotes con un precio unitario de 0,27 céntimos y otros con un importe de 22,070 euros; es decir, por más de 8.000%. El perjuicio para las arcas públicas pudo ascender a 47 millones de euros.

Según la denuncia, estas contrataciones contrastan con las efectuadas con empresas médicas de trayectoria reconocida como Roche o Medline, en las que se incluían detalles que en los otros casos no aparecían, como el precio desglosado, la forma de pago y entrega, y la firma de los representantes legales.

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