La familia descarta de momento pedir el indulto y estudia recurrir al Supremo la sentencia de siete años y medio de cárcel.

La familia de Manuel Murillo, el falso francotirador condenado a siete años y medio de cárcel por lanzar amenazas de muerte contra el presidente Pedro Sánchez, se encuentra conmocionada y se muestra tajante: "Es un preso político".

Manuel Murillo fue detenido en septiembre de 2020, tras escribir medio centenar de mensajes en un chat frecuentado por simpatizantes de Vox, en los que anunciaba su intención de asesinar al presidente del Gobierno. "Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez. Antes de que hunda del todo a España. No harían falta guerras”, se pavoneó.

Desde que salió de prisión, en septiembre de 2020, Manuel Murillo ha intentado rehacer su vida, trabajando en dos turnos como vigilante de seguridad sin portar armas. "Trabaja día y noche para pagar los gastos de los abogados y una deuda que tiene con Hacienda, por la que le quitan casi 400 euros al mes. En el trabajo no ha tenido ni una sola queja por su comportamiento".

"Manuel ya ha cumplido los 65 años", añade el mismo pariente, "ya le tocaría jubilarse pero no quiere hacerlo. Debido a los dos años que perdió en la cárcel le quedaría una pensión de sólo 800 euros. Si ahora tiene que volver a la cárcel, le destrozan la vida".

La familia todavía no ha decidido si recurrirá la sentencia (tiene un plazo de 10 días para hacerlo), porque "recurrir ante el Tribunal Supremo supone unos gastos que no podemos asumir". Tampoco se ha plantado por el momento la medida de gracia que prevé la Ley, solicitar un indulto, ya que tendría que concederlo el Consejo de Ministros presidido por el mismo Pedro Sánchez contra el que Manuel Murillo dirigía sus amenazas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado lunes a Manuel Murillo a siete años y medio de cárcel: dos años y medio por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años de cárcel por depósito de armas de guerra (por la posesión de un antiguo Cetme del Ejército español).

El tribunal no ha admitido el atenuante de embriaguez alegado por la defensa (Murillo declaró en el juicio que cuando ocurrieron los hechos estaba en tratamiento con Trankimazin, que mezclaba con vino y orujo) ni ha hallado ningún dato que indique que el condenado tenga cualquier trastorno mental.

Los médicos forenses que trataron a Murillo en prisión definen su carácter como "una persona impulsiva, con baja autoestima y con fantasías narcisistas compensatorias, que busca afecto". Y se mostraron convencidos de que el objetivo que perseguía con sus amenazas de muerte no era llevarlas a cabo, sino que buscaba "obtener admiración y afecto".

"Me sentía Rambo"
Manuel Murillo ha reconocido ante su familia que su gran "error" fue entrar en el grupo de chat 'Terrasa por España', entre cuyos seguidores había un guardia civil retirado, un abogado de Vox y una coordinadora local del mismo partido, que fue quien denunció sus amenazas ante los Mossos d'Esquadra.

"Manuel nunca se había interesado por las redes sociales. Pero entró en el grupo de whatsapp y empezó a hacerse el gallito", relata su familia, "él no pensaba que podía traerle consecuencias. Él nunca ha hecho daño a nadie". En el juicio declaró que no tenía ningún plan, sino que todo fue una "ensoñación": "Me sentía como un héroe, como un Rambo", dijo en su descargo.

Los planes del presidente Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos llevaron a Murillo a escribir los mensajes más incendiarios.

"No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo”, escribió el 18 de julio de 2018, “si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas, no lo podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”.

"Bajo la lápida de Franco"
Un mes después, propuso montar "un comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio”. Y añadió: "Mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco".

En varias ocasiones, presumió en el mismo chat de ser un experto "francotirador", aunque sus antiguos compañeros del Club de Tiro de Tarrasa le desmienten: "Es un tirador mediocre". En su trabajo de vigilante de seguridad nunca ha portado armas: sólo tiene licencia de tiro deportivo y de caza.

En los dos registros efectuados en la vivienda en la que Murillo residía con su madre, enferma de Alzheimer, los Mossos hallaron un auténtico arsenal, que incluye 13 armas reglamentarias y siete prohibidas.

No obstante, la condena a cinco años de guerra por depósito de armas de guerra alude a la tenencia de un Cetme, el antiguo fusil de asalto del Ejército español, que Murillo compró inutilizado en 1991, según asegura su familia, y que luego manipuló cambiándole el cañón.

Sobre este arma hubo importantes discrepancias durante el juicio, ya que cuando los peritos de la defensa la llevaron a un campo de tiro para realizar las pruebas oficiales, se encasquilló y quedó completamente inutilizada.

Sin embargo, el tribunal ha dado por buena la versión de los Tedax de los Mossos d'Esquadra, que sostienen que pudieron utilizar el Cetme en modo automático (es decir, con ráfagas de disparos, lo que le confiere su condición de arma de guerra). Los Mossos advirtieron que Murillo poseía además un puntero láser, para poder disparar este arma con mayor precisión.

La Fiscalía también acusaba inicialmente a Murillo de tenencia de explosivos, ya que los Mossos hallaron en su vivienda un petardo elaborado por papel de paquetería, que contenía 82 gramos de pólvora. Los Mossos calificaron este artilugio (un cucurucho en el que Murillo iba a arrojando los restos de pólvora cuando manipulaba las armas) como un artefacto explosivo artesanal.

En este caso, el tribunal ha asumido la tesis del perito de la defensa y experto en balística José Jiménez, quien expuso que el petardo, equipado con una rudimentaria mecha similar a un cordón de zapato, nunca habría podido explotar.

"Sin un plan urdido"
En su sentencia, el tribunal determina que la dificultad para acceder al presidente del Gobierno convierte las amenazas de Manuel Murillo en un plan "descabellado y por ende una propuesta no creíble ni en consecuencia factible. Efectivamente, no hay un plan definitivamente urdido, tramado y, menos aún, concluido".

"Es cierto que no se está ante un riesgo actual ni inminente, pero sí al menos remoto para la integridad física" del presidente del Gobierno, añade la sentencia, teniendo en cuenta "la persistencia, fijación y desvelada determinación del acusado de causar la muerte del señor Sánchez Pérez-Castejón" y su acceso a un abundante arsenal de armas.

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