El pasado 24 de marzo comparecía ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia uno de los altos cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana de Mónica Oltra, un investigado clave en toda la trama organizada en torno a la información sobre los abusos sexuales cometidos por el ex marido de la consejera sobre una menor. Aquella tarde se sentó ante el juez para declarar Jesús Manuel Esquiú, secretario territorial de Valencia en la consejería y segundo en el mando tras la Directora Territorial de entonces Isabel Serra y dijo que le quitaron el famoso informe sobre la veracidad de los abusos sufridos por la menor «por el tema de las preguntas parlamentarias que se estaban refiriendo.»

La importancia de Esquiú para la causa está en que fue él quien encargó el famoso informe «parajudicial» destinado a averiguar si la denuncia de la menor abusada era cierta o no y a conocer la actuación realizada hasta el momento por la Consellería. La técnico judicial que concluyó ese informe en noviembre de 2017 con la conclusión de que la menor mentía se lo remitió a Esquiú porque él lo había pedido por orden de Serra, entonces de vacaciones, y permaneció bajo su custodia hasta una fecha de 2019 que no recuerda y argumentó ante el juez que le quitaron el informe «por el tema de las preguntas parlamentarias que se estaban refiriendo». Luego el ex marido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales sobre la menor.

Informe

 Alguien, que el alto cargo de Oltra nunca señaló durante su declaración, se llevó el informe que se guardaba desde noviembre de 2017 en su despacho en 2019 y eso solo se hizo cuando los diputados autonómicos valencianos comenzaron a hacer preguntas parlamentarias. El Secretario Territorial reconoció ante el juez que fue él quien contestó a la Fiscalía de Menores sobre la información que este organismo reclamó hasta en tres ocasiones a la Consejería.

Pero la respuesta clave a la «desaparición» del informe surge cuando el juez le preguntó sobre si «usted no tuvo más conocimiento de estos hechos (…)» y lo que Esquiú respondió  es que «las noticias que iban saliendo luego del juicio al educador, hay algunos momentos determinados en los que empiezan a hacer preguntas parlamentarias y se me solicita. Yo tenía en custodia ese expediente como tengo otros y se decide ese expediente para preparar las distintas comparecencias o las visitas de los diputados a secretaría para consultar esa documentación y en un momento determinado ese expediente desaparece de mi despacho y se va a otro despacho, al del servicio de Infancia y a partir de ahí yo desconozco cualquier actuación».

Ante esa respuesta, el juez abre la puerta a nuevas preguntas: «Entonces (…) el expediente lo tenía usted como secretario territorial bajo su custodia. ¿Es correcto?» a lo que responde Esquiú que «sí, porque me lo devolvió la instructora con todas las actuaciones (…). Hay veces que se queda toda la documentación y facilita el informe. En este caso se me devolvió todo a mi».

 Ante estas declaraciones, el juez del caso Oltra insiste: «de manera que cuando la señora Navarro (instructora del expediente) lo que quiere preguntar es si junto al expediente iba toda la documentación que  había recabado y estaban las actas de las declaraciones testificales que ella había llevado a cabo, el informe de atención psicológica (…)» a lo que el investigado respondió afirmativamente.

Pero el juez incide de nuevo en esta nueva vía de investigación abierta y pregunta «¿y quién se lo pide? ¿por qué motivo era?», pero el alto funcionario dijo no recordar, aunque apunta que «creo recordar que era por Les Corts (parlamento valenciano), que era por el tema de las preguntas parlamentarias que se estaba refiriendo» y sobre las fechas cuando ocurrió aquel hecho el investigado declaró que «puede que fuera a finales del 2019» y «no sé a quien se le entregó. Sé que ese expediente estuvo custodiado en el despacho de la jefa del Servicio de Infancia, primero en la séptima planta y actualmente en la segunda».

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