La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio de la pieza del caso ERE relativa a las ayudas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Entre otros testigos, este lunes ha comparecido un empresario de El Pedroso llamado Diego R.Y., otrora candidato del PP a la Alcaldía de la citada localidad, quien ha manifestado conocer a la mayoría de los acusados.

En esta pieza de la macrocausa de los ERE están encausados Ángel Rodríguez de la Borbolla, -hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE-, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.

En ese contexto, Diego R.Y. ha explicado que las sociedades Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla y Servicios y Mantenimiento de Cazalla estaban dirigidas por Ángel Rodríguez de la Borbolla y que la empresa familiar en la que él trabajaba era una entidad «proveedora» de dicho grupo empresarial.

En paralelo, ha precisado que los acusados Sotero Martín Barrero y Rogelio B.M. no ostentaban puestos de carácter ejecutivo en dicho grupo de empresas.

Además, ha precisado que su empresa familiar contaba con participaciones en algunas de estas sociedades, participando en la fundación de Corchos de Cazalla, por ejemplo; e incluso él y su padre llegaron a formar parte del consejo de administración de Cortansa.

Diego R.Y., en ese sentido, ha manifestado que como proveedor de este grupo de empresas, él desconoce a qué dedicaban las mismas las subvenciones autonómicas cosechadas, aunque sí ha manifestado que le consta que con tales fondos fueron abonados a su empresa familiar determinados servicios o suministros. «A mí me pagaban», se ha encogido de hombros.

También ha asegurado que Rodríguez de la Borbolla tenía «buena relación» con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020. Guerrero fue condenado en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico mediante el cual la Junta sufragaba con fondos públicos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas directas arbitrarias y sin publicidad, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La boda de Guerrero
La relación entre ambos era tal, según este testigo que posteriormente a estos hechos fue candidato del PP a la Alcaldía de El Pedroso, que en dicha localidad les vio almorzar y «tomar copas» juntos. Guerrero fue alcalde socialista de ese mismo municipio de la Sierra Norte de Sevilla.

Del mismo modo, este testigo ha mencionado que como alcalde de Cazalla de la Sierra, Rodríguez de la Borbolla ofició la boda civil de Francisco Javier Guerrero, una ceremonia celebrada además en una finca «propiedad» del primero y llamada La Vega.

Entre otros testigos, este lunes también ha comparecido en tal condición Noemí F., quien ha circunscrito su relación con los acusados al ámbito meramente «profesional», dado su papel en la gestión económica de Cortansa.

La testigo ha explicado que ella desembarcó en 2006 en la gestión de Cortansa, encargándose personalmente de la confección de un informe que había solicitado la Agencia Tributaria a dicha sociedad, sobre las ayudas públicas cosechadas por la misma entre 2001 y 2006, un «dosier» que preparó ella misma.

Al respecto, ha asegurado que a la hora de confeccionar dicho informe pudo «comprobar» en persona que Cortansa dedicó las ayudas cosechadas a «gastos generales» para el funcionamiento de la empresa, sin destinar tales fondos públicos a sus socios. Es más, ha declarado que «la mayoría» de los préstamos solicitados por Cortansa estaban avalados por el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla.

Sobre el citado acusado, esta testigo ha asegurado que Rodríguez de la Borbolla «estaba arruinado» y «estaba obsesionado con el desarrollo de la Sierra Norte, con el sector del corcho y con crear y mantener empleo» en dicha comarca sevillana, castigada por el fenómeno de la despoblación.

El declive económico de Cortansa, según ha explicado, derivó principalmente de la gran crisis internacional iniciada en 2008, porque «afectó a todos los sectores», incluyendo al del corcho; y por el concurso de acreedores en el que se hundió la empresa FOC, perteneciente al acusado Fernando Pedro M.O. Y es que como ha recordado, FOC ostentaba el 50 por ciento del capital social de Cortansa, tras aportar unos 6,5 millones de euros a dicha entidad como socio inversor.

Esta testigo también ha manifestado que participó en una reunión entre Rodríguez de la Borbolla y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero. La reunión se celebró «en el despacho de Guerrero», según esta testigo, y aunque giró en torno a «una posible ayuda» para Cortansa, tal extremo «no fue» finalmente materializado. De aquella reunión, según ha aseverado, «no salió absolutamente nada», extremo tras el cual ha avisado de que ella no es «quién» para pronunciarse sobre si Cortansa recibió o no ayudas de carácter irregular.

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