La reforma de la ley del aborto que impulsa Irene Montero se encuentra en su fase final y podría llegar el próximo martes al Consejo de Ministros con algunos cambios de calado. Uno de los más relevantes será que las chicas a partir de los 16 años puedan interrumpir voluntariamente el embarazo sin permiso paterno. De este modo, se derogaría el principal cambio que implementó Mariano Rajoy en 2015 para volver a lo que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

La ministra de Igualdad ya adelantó el pasado 23 de febrero en el Congreso su voluntad de eliminar para las chicas de 16 y 17 años la exigencia de un permiso de los padres para abortar. "Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", esgrimió. 

 Montero habló aquel día de "respetar" y "blindar" el acuerdo que aprobó el PSOE en 2010 y de suprimir la modificación al respecto de la edad que hizo el PP. "No podemos aceptar que queden fuera mujeres jóvenes que encuentran grandes dificultades para contarles a sus progenitores que están embarazadas y que quieren interrumpir sus embarazos, especialmente las que son víctimas de violencias sexuales en su entorno familiar", dijo en la Comisión de Igualdad.

Este cambio en la edad para interrumpir el embarazo de manera libre y autónoma es uno de los puntos que forman parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes del Ministerio de Igualdad reconocen que el borrador de la reforma del aborto está muy avanzado y confían en que pueda pasar en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 17 de mayo, sin embargo, recalcan asimismo que aún continúan las negociaciones con los tres ministerios implicados (Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y que quedan "flecos" por cerrar en asuntos "importantes". Estas fuentes rechazan no obstante revelar cuáles son esos temas que aún permanecen abiertos.

Además de la edad, donde sí hay consenso en el seno del Gobierno es en "blindar" el acceso al aborto en los centros públicos. Es una de las novedades más destacadas de la reforma, que pretende que la interrupción del embarazo esté garantizada en "todos los hospitales públicos". 

Para ello, como viene exponiendo la ministra de Igualdad, se quiere asegurar por ley que en todos esos centros de titularidad pública haya profesionales de los servicios de ginecología y obstetricia que puedan practicar abortos y que deje de haber, como sucede ahora, hospitales donde por objeciones de conciencia no es posible que las mujeres accedan a este derecho y sea vean obligadas a desplazarse cientos de kilómetros.

La nueva ley buscará hacer "compatible" el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con el derecho a la objeción de conciencia del personal médico emulando la regulación al respecto que hay en ley de eutanasia. De este modo, habría un registro de objetores para, a partir de ahí, detectar dónde habría lagunas que exigirían reforzar con más personal dispuesto a prestar este tipo de intervención.

Según ha avanzado la Cadena Ser, el borrador del Ministerio de Igualdad recogería, entre otras medidas, que se considere violencia la gestación subrogada. En consecuencia, se podría perseguir judicialmente a quienes hagan uso de los llamados "vientres de alquiler" en el extranjero para tener un hijo.

Asimismo, Igualdad propone crear el derecho a la salud menstrual, que permitiría las bajas por reglas dolorosas que podrían llegar a ser de hasta tres días. Sin embargo, las fuentes consultadas no confirman que este tema esté cerrado, y podría ser uno de los principales asuntos que aún están negociándose con los otros ministerios implicados.

De igual modo, el borrador contempla rebajar el actual IVA del 10% para los productos de higiene femenina o ofrecer artículos gratuitos para mujeres en riesgo de exclusión social, según la Ser. En discusión aún está una reducción al un tipo del 0% de IVA para compresas, tampones o pañales de bebé.

Durante estos meses atrás, Igualdad ha manifestado su voluntad de que las mujeres puedan cogerse la baja cuando a partir de la semana 36 de gestación. Sería un permiso retribuido hasta dar a luz.

Asimismo, Igualdad ha propuesto que haya al menos tres días de baja para las mujeres que se hayan sometido a un aborto.

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