La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha garantizado este viernes que las bajas menstruales "estarán en la ley del aborto" que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la próxima semana y que, además, el Estado asumirá "desde el minuto cero" las incapacidades temporales para que no haya discriminaciones.

Rodríguez se ha reunido este viernes en Palma con la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, para abordar algunos asuntos en los que están trabajando ambas administraciones.

La secretaria de Estado ha asegurado que la ley situará a España "a la vanguardia" de los derechos de salud y reproductivos y ha pedido, por otra parte, al Ministerio de Hacienda que "recapacite" en relación a la 'tasa rosa' para productos de higiene femenina, "perfectamente asumible" en términos económicos.

Rodríguez ha expresado su "preocupación" por que la ley pueda ser aprobada "lo más pronto posible" y ha lamentado, especialmente en referencia a las mujeres jóvenes, que "durante mucho tiempo se haya hablado de la regla en voz baja".

"Sigue pareciendo que lo que nos pasa a las mujeres es menos importante que lo que les pasa a los hombres", ha afirmado.

Según la secretaria de Estado, "todos los países del mundo miran a España con admiración" en referencia a la tramitación de la futura norma y la derogación de la ley del PP.

En relación a las bajas por las reglas dolorosas, Ángela Rodríguez ha reivindicado que el derecho laboral "no puede ser neutro al género" y la necesidad de seguir ampliando derechos en el mundo del trabajo.

Por otra parte, Rodríguez ha señalado que la futura ley también incluirá medidas "tan importantes" en materia de anticoncepción como el hecho de que las píldoras de última generación estén en el Sistema Nacional de Salud.

En materia de aborto, la secretaria de Estado ha destacado con la nueva ley se eliminarán los tres días de reflexión, así como alguna información que daba a las mujeres "como si no fueran adultas".

También ha defendido la necesidad de que los abortos puedan practicarse en centros públicos después de apuntar que ocho de cada diez interrupciones se hacen en centros privados.

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