Todas las investigaciones y publicaciones sobre las contrataciones de material sanitario anti Covid-19 durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud,  además de las denuncias que han sido remitidas ante la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Europea, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal(UDEF) y Tribunal de Cuentas –respecto a presuntas irregularidades sobre estas adjudicaciones a diversas empresas–, es un trabajo de periodismo de investigación perteneciente en cuanto a la autoría de propiedad intelectual a elcierredigital.com e IEN, y en concreto a la que suscribe estas líneas como corresponsal en las Islas Canarias, en defensa del respeto y código deontológico entre periodistas y medios.

De igual forma, a raíz de la gran repercusión de nuestras noticias a nivel nacional del 'caso PCR’ en Canarias, con gran valentía político,  los senadores del Grupo Mixto, Emilio Argüeso -designado por las Corts Valencianes- y Ruth Goñi -electa por Navarra-, en base a las informaciones de elcierredigital.com e IEN , solicitaron la comparecencia ante la Cámara Baja del presidente del ejecutivo regional canario, Ángel Víctor Torres, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para que expliquen las contrataciones de material para hacer frente al Covid-19 con ciertas empresas, al triple de su precio, según los precios de mercado, además de adjudicaciones a empresas que no forman parte del sector sanitario.

 Es decir, este trabajo editado por elcierredigital.com e IEN con publicaciones basadas en exclusivas de investigación periodística, no pertenece en modo alguno a Canarias 7, ni al firmante de nuestras noticias con la mala praxis de no citarnos, como corresponde en nuestra profesión, Francisco José Fajardo. Por ello, por un motivo tan obvio de falta de ética profesional, tanto por el medio como por el periodista, interpongo queja por plagio ante la gravedad de estos hechos ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), una entidad que apela continuamente a la regeneración del periodismo en España.

Ya está bien de ‘copia y pega’ entre periodistas sin citar a otros profesionales en España. Ya está bien de apropiarse del trabajo de otros y de piratear la propiedad intelectual de los demás. Espero que esta queja siente un buen precedente en nuestro país para que esta maña práctica deje de suceder. Al menos, en mi caso, me niego a cargar con el aprovechamiento soez de mi trabajo por parte de otros.

 Pero además, al consultar con expertos juristas este caso, me recomiendan dar parte de estos hechos ante la Fiscalía General del Estado. Por varias cuestiones. Y así procedo.

El digital Canarias 7, publica unas investigaciones o diligencias que se entienden secretas de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, unas investigaciones realizadas por el fiscal, Javier Ródenas –un gran profesional de la Justicia, como todos sabemos, que tiene todo mi respeto y reconocimiento–.

Pero también, Canarias 7 habla, sin pudor, de actuaciones en estas investigaciones  llevadas a cabo por la UDEF, un grupo de élite de la Policía Nacional, cuando es tan importante la condición de secretismo para que los policías trabajen sin filtraciones ni injerencias externas, máxime en un caso en el que el propio gobierno canario, está sometido a examen por parte de los investigadores debido a estas contrataciones de material anti Covid-19.

 Es decir, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF tienen mi máximo respeto y reconocimiento a su labor en este caso.

Por ello, en tanto mi ética profesional así me lo indica, así como las recomendaciones de mis asesores jurídicos, pongo en conocimiento y solicito una apertura de investigación sobre estos hechos ante la fiscal general, Dolores Delgado. En relación al plagio periodístico sufrido por parte de Canarias 7, pero también, en base a la presunta revelación de secretos de esta investigación. Y además se averigüe, si presuntamente, algún funcionario ha filtrado documentos e informaciones de estas investigaciones de manera ‘altruista’ o a través de algún tipo de ‘prebenda’ o ‘remuneración económica’. Se averigüe, si presuntamente, a través de estas supuestas filtraciones, existiera algún tipo de interés en contar esta serie de investigaciones.

 Por una cuestión muy sencilla. Si como periodista de investigación entro en contacto con la Fiscalía y la UDEF sobre el caso ‘Mascarillas’ o ‘PCR’ de Canarias, lógicamente, estos resposables y garantes de la justicia, me van a manifestar la confidencialidad de sus actuaciones, cumpliendo con la legalidad, como es obvio.

Pero, ¿qué sucede con las filtraciones de información a otros medios de comunicación sobre investigaciones que no han iniciado, basadas en el trabajo de otros periodistas a los que se plagia?

Esta es la cuestión. Garantizar el Derecho al Acceso a la Información al amparo de la legalidad, y citar a los compañeros periodistas como fuentes de información sobre su trabajo realizado, en lugar de seguir tergiversando el noble oficio del periodismo bajo la vulgar copia del esfuerzo ajeno. El noble oficio del periodismo, tan necesario en nuestra democracia.

Tal como dijo Gabriel García Marquez, "ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días". Hoy apelo a este privilegio. Ojalá, esta súplica de ética profesional sirva de aprendizaje para nuestro gremio. Por  lo demás, ahí están las hemerotecas. No hace falta decir que nuestro trabajo de periodismo de investigación es referente, por lo que, sigan copiando, pero respeten, y citen nuestras investigaciones.

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