Vox y Ciudadanos abogan por volver a aplicar a Cataluña las previsiones del artículo 155 de la Constitución por la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige un mínimo del 25% de enseñanza en castellano.

Los de Santiago Abascal ya propusieron aplicar esta medida excepcional cuando arrancó la polémica de la enseñanza en castellano, y ahora, tras el decreto ley del Govern, que consideran "el enésimo desafío" al Estado de Derecho", van a registrar una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a recurrir a este mecanismo.

El propio Abascal ha reivindicado la necesidad de intervenir la Generalitat de manera "sostenida, permanente y contundente" hasta que se garantice el cumplimiento de la legalidad en Cataluña y los derechos de los ciudadanos.

A su juicio, es inexplicable que no se obligue a las instituciones a cumplir la ley y para lograrlo cree que hay que hacer "lo necesario", planteando incluso la detención del conseller de Educación. "Entendemos que los políticos tienen que ser tratados aún con más dureza que los ciudadanos porque tienen que dar ejemplo", ha sostenido en una entrevista en Toro TV, recogida por IEN.

UN MECANISMO EXCEPCIONAL PARA UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Para el portavoz e Ciudadanos, Edmundo Bal, la aplicación del articulo 155 "es un mecanismo excepcional" que estaría justificado porque en Cataluña se vive "una situación de excepcionalidad cuando la Generalitat dicta una norma de rango de ley como desacato" a la Justicia y para "burlar" la sentencia.

A su juicio, la medida del Govern "es un hecho gravísimo" que pone de manifiesto "una patente desobediencia de los mandatos" de la Justicia, y esta situación "justificaría medidas excepcionales como la sustitución de las autoridades administrativas" para asegurar la ejecución de la sentencia y garantizar ese porcentaje de enseñanza en castellano.

El 'número dos' del partido naranja ha recordado que Ciudadanos frenó la nueva ley catalana de educación llevándola al Consejo de Garantías Estatutarias y que ya propuso al PP recurrir en el TC el decreto ley de la Generalitat, pero ahora sólo ve una vía para evitar que se use el 155, que es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, una impugnación que dejaría en suspenso el decreto ley y haría innecesaria la intervención estatal contemplada en ese artículo.

INACCIÓN DEL GOBIERNO Y AMBIGÜEDAD DEL PSC
"El Gobierno debe llevar esto al TC y, si lo hace, debería poner en suspenso el decreto ley", sostiene. Eso sí, no oculta su escepticismo y, aunque "Pedro Sánchez dice una cosa y luego la contraria", ve poco probable que el Gobierno acabe recurriendo el decreto ley de sus socios independentistas.

Bal ha remarcado que fue el Gobierno quien ganó la sentencia del 25% en el Tribunal Supremo y se ha quejado de que este contencioso de su no aplicación se esté produciendo "ante la inacción" del Ejecutivo de coalición y con el PSC en su "ambigüedad calculada", pactando una nueva ley con los independentistas.

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