La Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas han abierto diligencias de investigación al Gobierno de Canarias. Estas se basan en la denuncia del empresario grancanario, Juan Manuel Pérez –por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos tal como reveló IEN– en la que solicitaba a estas instituciones –así como ante la Fiscalía General del Estado y la UDEF– "la fiscalización del uso de fondos públicos y de fondos europeos FEDER, en relación a algunas adjudicaciones millonarias que licitó el ejecutivo del presidente socialista, Ángel Víctor Torres –a través de la Consejería de Sanidad– a empresas ajenas al sector sanitario para adquirir material anti Covid-19 al triple de su precio durante la pandemia".

En concreto, Peréz señaló presuntas irregularidades ante la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas referentes a "un listado extraído del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, en relación a 23 contrataciones que ascendían a un coste total de 32 millones de euros" –documento al que ha podido acceder IEN.

 Por su parte, Pérez –amparado por la Directiva Whistleblowing o Directiva UE 2019/ 1937 de Protección de los Denunciantes– avanza en exclusiva  que "en base a nuevas informaciones de las que he tenido constancia sobre este proceso de adjudicaciones del gobierno autonómico y desde que este medio destapó el caso ‘PCR Canarias’, ampliaré mi denuncia ante estas instituciones, para lo que aportaré los reportajes de investigación publicados por este diario". En este sentido, el denunciante alega "cumplir bajo el amparo constitucional de perseguir cualquier atisbo de presunta corrupción".

 De igual forma, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas bajo el  expediente ENJ 2022/ 1000034 y la Acción Pública B13/ 2022  ha remitido una cédula de notificación a Pérez para que pueda presentar también su denuncia inicial ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, por lo que, asegura , "la formalización inminente de esta acción ante esta institución fiscalizadora".

La Fiscalía Europea requiere documentación

Según explica Pérez, "la Fiscalía Europea –a través de la Fiscalía Europea Madrid– ha abierto diligencias de investigación sobre las contrataciones del material sanitario para hacer frente al Covid-19 por parte del Servicio Canario de Salud (SCS), bajo las resoluciones de la Dirección General de Recursos Económicos (DGRE)".

 En una cédula de requerimiento, emitida por las Fiscales Europeas Delegadas, perteneciente al procedimiento 0000049/ 2022, se insta a Pérez "a aportar la documentación  contenida en un archivo Wetransfer", que entregó en su día, en el que se encuentran documentos públicos, datos empresariales y reportajes", para sustentar la petición de investigación al gobierno del presidente Torres.

Ampliación de denuncia ante Europa

El denunciante, en relación a datos ‘ex novo’ –tras su primera solicitud de investigación– hace hincapié sobre "esta ampliación de denuncia ante la Fiscalía Europea, apuntando igualmente al vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez (NC). Esto es por las resoluciones de esta consejería para la cofinanciación con fondos europeos FEDER para la adquisición de material fungible anti Covid-19 durante la pandemia, según documentos públicos emitidos por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud"

 Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda.
"Es muy importante que los ciudadanos conozcan que, muy al contrario de las manifestaciones del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en una comisión en el Parlamento de Canarias –20 de mayo de 2022– donde reconoció que los empresarios del sector sanitario podían contactar con el SCS y con el comité de expertos Covid-19 del gobierno canario incluso por WhatsApp, esto no ocurrió así en todos los casos", advierte Pérez.

"Uno de los empresarios expertos –entre otros afectados–, Robin Nanjappa de la entidad Fhemedical, contactó para ofrecer su ayuda durante la pandemia a través de WhatsApp con el vicepresidente Román Rodríguez y con José Julián Isturitz –del comité de expertos– pero jamás recibió respuesta. Por ello voy a aportar ante la Fiscalía Europea todas las comunicaciones y baremos de precios reales del material sanitario anti Covid-19 –del periodo 2020-2021– que estos profesionales del sector aportaron al ejecutivo de Torres, pero que nunca contrataron", subraya apoyándose en los albaranes de empresas que han sido cedidos a IEN.

'Destapar el paradero de cuatro millones de euros'

En esta línea, el denunciante pide ante la Fiscalía Europea que "en base al anuncio de la Consejería de Sanidad –en el Boletín Oficial de Canarias de 5 de abril de 2021– respecto al SCS y la DGRE sobre el procedimiento para la resolución de contrato de suministro y de inicio de procedimiento de reintegro de los fondos librados por anticipado de cuatro millones de euros a la empresa de venta de automóviles RR7 UNITED SL –al no entregar esta entidad mercantil la mercancía acordada de las mascarillas 3M 1860 KN95, por carecer de homologación europea– se investigue cuáles han sido realmente los pasos que ha dado el Gobierno de Canarias para solventar este asunto".

Y añade que "interesa saber si el ejecutivo regional ha iniciado verdaderamente el proceso judicial en el ámbito civil de resolución de contrato por incumplimiento, reclamación de cantidad y embargo si procede, y si, además, el gobierno canario tiene la intención de solicitar un concurso necesario a nivel mercantil para tomar las riendas de la entidad RR7 UNITED SL y destapar cómo se gestionaron los cuatro millones, de los que aún no ha respondido a pesar de un año de requerimientos según el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, al administrador único de esta empresa, Rayco Rubén González". Además, "también es fundamental conocer cuál es el paradero de la comisión de 83.437,50 euros del comisionista de esta operación, Samuel Machín, quien sostiene que nunca llegó a cobrar esta cantidad económica".

'Fiscalizar fondos FEDER'

No obstante, Pérez aportará en su denuncia, para que se tengan en cuenta otras licitaciones públicas durante la pandemia en estas diligencias abiertas, "la adjudicación de 2.098.925 euros a la empresa de limpieza de edificios, Mitie Facilities Services S.A, para el control de acceso de viajeros a aeropuertos canarios, las contrataciones por  vía de emergencia licitadas por 13 millones de euros destinados a ONGs para alojar a menas en recursos hoteleros entre otros, más las denuncias que realiza la distribuidora autorizada 7Academy SL, sobre la gestión de las mascarillas por parte del SCS –en base a albaranes, facturas y otras pruebas a las que ha accedido IEN–".

Igualmente, pone de manifiesto que "en su día, puse en conocimiento de la Fiscalía Europea, entre otras cuestiones, la adjudicación de 1.125.000 euros a la empresa One Airways SAU –una empresa que abrió ‘ad hoc’ una sucursal en Tenerife el 25 de marzo de 2020 para recibir poco después esta financiación por realizar trayectos entre China a Canarias para traer material sanitario a las islas–. Esta mercantil aérea no contaba con los permisos necesarios, ni con aviones para desempeñar este cometido, por lo que se tuvo que recurrir al avión de la aerolínea Plus Ultra", tal como avanzó IEN.

 En este sentido, Pérez ampliará ante la Fiscalía Europea este campo de investigación sobre la licitación a One Airways SAU y presuntas vinculaciones con la gestión del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, debido "al conocimiento ‘ex novo’ expuesto por empresarios del sector sanitario sobre la diversa oferta aérea disponible durante la pandemia de otras empresas, que sí disponían de todos los permisos requeridos para realizar este tipo de trayectos para distribuir material anti Covid-19".

'Desmienten al consejero de Sanidad'

Ante la comparecencia en la cámara parlamentaria canaria a petición propia del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, sobre el caso ‘PCR Canarias’, Pérez manifiesta que "he remitido ante la Fiscalía Europea sus declaraciones, así como las del resto de los grupos parlamentarios presentes, pues el Parlamento de Canarias aprueba el uso de los fondos presupuestarios. El objetivo es que se estudien las informaciones vertidas en la sede parlamentaria canaria, pues muy al contrario de lo que afirmó Trujillo, en junio de 2020, había un casi un millón de mascarillas FFP2 a un precio real de mercado de 1.10 euros por unidad en los almacenes del SCS, pero que devolvieron sin justificación a la distribuidora 7Academy SL".

Además, tanto Pérez como esta distribuidora desmienten al consejero de Sanidad respecto a "la confusión que ha introducido en la comisión parlamentaria –en relación al contrato d el SCS con RR7 UNITED SL–  al querer hacer creer que las mascarillas 3M 1860 KN95 son también FFP3, y esto es absolutamente falso. Son materiales distintos y no va a poder engañar a los ciudadanos, ni con los modelos de las mascarillas, ni con los precios, pues estas mascarillas 3M no costaban cuatro euros por unidad, sino 1,20 euros". De igual manera, el portavoz popular de Sanidad en el Parlamento de Canarias, Miguel Ponce (PP), desde su cuenta de Twitter, ha aclarado la información incorrecta vertida por Trujillo.

 Pérez considera que "estoy amparado por la legislación europea que protege a los alertadores de corrupción", por lo que advierte a Trujillo sobre "su comportamiento irrespetuoso contra sus denuncias, al afirmar en el parlamento que Pérez dispara contra todo lo que se mueve". Aunque expresa con ironía que, tras estas desafortunadas expresiones del consejero, ahora muchos ciudadanos le han bautizado como ‘el pistolero justiciero de Canarias’. También advierte al portavoz del gobierno regional, Julio Pérez, que "su intención con sus denuncias es esclarecer los hechos, llegar a la verdad, y que se aplique la justicia".

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