El coste de subvencionar los carburantes entre abril, mayo y junio se cifraba en 1.423 millones, según la estimación de Hacienda. Una cifra que ya ha ingresado y con creces sólo con el Impuesto Especial de Hidrocarburos. En concreto, el Estado ha ingresado entre enero y mayo de 2022 un total de 5.154 millones de euros con esta tasa, que supone cuatro veces más que el coste de subvencionar los carburantes. 

Esta vía de ingresos de Hacienda está siendo muy lucrativa para la Agencia Tributaria. En los cinco primeros meses del año, este impuesto que se carga sobre carburantes o en la factura del gas ha aumentado un 15% con respecto al mismo período de 2021, a los 5.154 millones, casi 700 millones más. En el último mes de mayo, el ingreso por el Impuesto Especial de Hidrocarburos ha crecido un 17,3% con respecto al mismo mes del año anterior, reuniendo 944 millones, frente a 804 en abril. 

Este incremento lo atribuye en parte la Agencia Tributaria a que en 2021 había restricciones a la movilidad y a que en marzo y abril impactó el paro del transporte, pero el alza se viene produciendo a pesar de que es un impuesto que grava los litros consumidos y en el que impacta la contracción de la demanda por el alza de precios, a diferencia del IVA: "El dato de mayo de 2022 fue ya cercano al de 2019, aunque hay que tener presente que los precios ahora son muy superiores a los de entonces, lo que limita la capacidad de crecimiento de estos ingresos".

 El IVA, por su parte, crece un 21,3% hasta mayo. Por la naturaleza del impuesto, ad valorem, es decir, que se aplica sobre el valor del bien, si sube el precio, aunque baje el tipo, la recaudación se mantiene. Es el motivo de que la subida del precio ya se ha comido la rebaja del IVA de la luz que lleva casi un año en vigor y lo hará con la que acaba de entrar en vigor si la excepción ibérica no funciona.

Los conductores españoles disfrutan desde el 1 de abril de descuentos estatales de 20 céntimos por litro cuando van a echar gasolina. Una medida que durará hasta el 31 de diciembre. Hacienda anunció esta extensión el pasado sábado y recalculó el impacto de esta medida hasta los 4.038 millones de euros, un 27% menos de lo que ha ingresado hasta mayo por este impuesto especial.  

La entrada en vigor de esta medida produjo en abril aglomeraciones, problemas informáticos y cierre de estaciones, un caos que se habría evitado si en lugar de esta bonificación se hubieran rebajado los impuestos, según trasladaban las empresas y expertos a los que ha consultado IEN. A esto se suma que el método elegido, que ahoga a las gasolineras pequeñas con los anticipos, supone además una llamada a recurrir a prácticas fraudulentas, dos extremos que tampoco se contemplarían con una bajada del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos. Claro está que el impacto publicitario que tiene la medida como subrayado de que corre a cargo del Estado también quedaría diluido con una reducción de impuestos.

A finales de mayo, el Gobierno avanzaba que estaba analizando las medidas puestas en marcha en abril y apuntaba a modificar la bonificación de carburantes por su escasa eficacia, lo que finalmente no se ha hecho y se ha extendido ahora hasta diciembre.

Ayudas selectivas
Esta partida extraordinaria no ha sido reducida pese al impacto en la factura de los consumidores. Moncloa ha apostado por dar bonificaciones y no tocar ningún impuesto tanto de la factura de los carburantes como del gas. Una decisión que sí ha adoptado con la electricidad. La práctica totalidad de facturas domésticas se beneficia de la rebaja al 5% del IVA de la luz, el Impuesto Especial sobre la Electricidad cumplirá un año en el 0,5% (el tipo mínimo que permite la normativa de la Unión Europea), y mantiene suspendido desde el pasado verano el Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

A todo esto se suma que una medida encaminada a aliviar a los españoles en el marco de un Decreto de medidas contra la inflación puede tener un efecto no deseado sobre ésta y no cumplir el objetivo de ayudar a las rentas bajas que más lo necesitan.

En este sentido, el Banco Central Europeo (BCE) se ha sumado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco de España (BdE) y recomienda a los países una política fiscal "selectiva" y "focalizada" para "evitar agravar las presiones inflacionistas a medio plazo y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad fiscal en ese mismo horizonte". 

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