Pedro Sánchez enfrenta un momento muy complicado por la debilidad parlamentaria del PSOE y Unidas Podemos que promete hacerle vivir un otoño negro en el Congreso.

Esto ya puede comprobarse con el decreto para el ahorro energético que impulsó el presidente y que debería entrar en vigencia a las 00.00 horas del próximo miércoles. 

Sin embargo, el Partido Popular pidió este lunes que la polémica medida que tanto ruido hizo desde su aparición fuera “retirada de inmediato”. 

Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, fue el encargado de sintetizar lo que piensa su partido y denunció que lo que propone el máximo mandatario es un “plan de improvisación energético”.

Para Tellado el decreto “genera una enorme inseguridad jurídica que deja a muchas administraciones en una situación muy difícil de entender. Nosotros proponemos al presidente del Gobierno que acierte y para acertar tiene que retirar este real decreto ley, sentarse con las comunidades y pactar, porque España necesita tomar este tipo de medidas, pero no pueden ser improvisadas. Lo que le pedimos al Gobierno es que sea sensato. Que no nos obligue a judicializar una situación”.

Varias comunidades gobernadas por el PP han solicitado también el retiro del polémico decreto, lo que obligó a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, a salir a defender públicamente el plan oficial y decir que lo que piden desde el PP “no va a ocurrir”, aunque la última palabra al respecto la tendrán los legisladores.

Sánchez además tiene otros temas que prometen traerle muchos dolores de cabeza, entre ellos el aumento del presupuesto, que recibió durísimas críticas de Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de Diputados: “El ejecutivo no reduce el gasto en ni un solo euro y mantiene sus 22 ministerios y 800 asesores. Aquí el único egoísta es aquel que sigue gastando como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y sigue exigiendo sacrificios a todos los españoles mientras él no hace ninguno. Esta es la definición de egoísmo por naturaleza. Y esto tiene un nombre y apellido este país: Pedro Sánchez”. 

Por otra parte, la ley de Vivienda, a la que el presidente llamó “el quinto pilar del Estado del Bienestar”, no cuenta con el apoyo de los grupos ni de izquierdas ni de derechas, y además generó fuertes discrepancias dentro de la propia coalición gobernante. 

Pero, sin dudas, la ley más polémica es la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”.

La derogación de esta legislación se topó con la inesperada resistencia del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad del Estado; si Sánchez consigue darla de baja recibirá el apoyo de sus socios de izquierda, pero se enfrentará a Ciudadanos, pues su líder, Inés Arrimadas, encabezó pocos meses atrás una manifestación de los sindicatos policiales contra su cancelación.

Desde Unidas Podemos, muestran cierto “optimismo” al respecto: “La idea era tener concluida la fase de la ponencia en el actual periodo de sesiones, pero no ha sido posible por el retraso u otros factores externos. Esperamos que en el próximo periodo de sesiones –de septiembre a diciembre– podamos tener concluido el grueso del trabajo”; sin embargo, en ERC ven las cosas de manera diametralmente opuesta: “Pinta mal. Ahora mismo estaríamos en un claro ‘no’”, y confiesan que en el PSOE no quieren tocar nada que moleste o enoje a la policía.

Además de estas leyes centrales, que reciben mucha atención mediática, el Gobierno tiene más de 50 proyectos pendientes de aprobación en el Congreso, como la Memoria Democrática y la futura Ley de información clasificada, todavía en fase de anteproyecto. 

A esto se suman dos temas muy fuertes: la ley para abolir la prostitución, impulsada por el PSOE, que ya dividió al Gobierno; y la Ley de igualdad LGTBI, donde el departamento de Irene Montero denunció públicamente un bloqueo “sostenido y deliberado” por parte de sus socios de coalición. 

Finalmente, hay que tener en cuenta las leyes que se mantienen paralizadas desde hace más de un año y afectan directamente a todos esos ciudadanos de a pie que Sánchez juró representar, por ejemplo, la reforma fiscal que se prometió en el programa de gobierno del PSOE.

Esta, y otras asignaturas pendientes, son un reclamo constante de los socios parlamentarios del Ejecutivo que advierten al presidente la necesidad de impulsar una agenda progresista para intentar frenar el avance de una derecha que cada día gana más popularidad en las encuestas.

Recordemos que éste será el último otoño parlamentario antes de las elecciones generales, programadas para finales de 2023, y Sánchez debería intentar aprovecharlo para fortalecer su gobierno con leyes que le permitan darle impulso a su gestión y revitalizar su partido de cara a los electores, una tarea que parece imposible frente a un Congreso hostil donde ni siquiera sus propias fuerzas parecen obedecerlo ya.

¿Se viene el otoño del patriarca del PSOE? Habrá que esperar y ver que sucede, pero el futuro pinta muy negro para Sánchez y sus aliados.

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