Aunque el presidente Pedro Sánchez asegura que la economía española no deja de crecer, los números volvieron a desmentirlo: la morosidad empresarial en el primer trimestre de este año aumentó un 42% al situarse cerca de los 350.000 millones de euros, el mayor número en esta categoría desde el 2010.

La desaceleración de la recuperación económica y la inflación tuvo un efecto demoledor para las pequeñas y medianas empresas que representan más del 80 % del tejido comercial español.

El Indicador Sintético Cepyme de Morosidad Empresarial (ISME) detectó un aumento de las facturas con retraso de pago y una ampliación de los períodos de pago en las compañías.

ISME es contundente en sus conclusiones: “Lejos de reducirse, la morosidad se mantiene en tasas muy elevadas e incluso aumenta y sigue siendo un grave problema para las empresas, que pone en riesgo su liquidez y compromete su viabilidad, en especial para las de menor dimensión. En este caso, las opciones para acceder a la financiación son más limitadas y esto hace más probable que los problemas de liquidez acaben degenerando en problemas de solvencia”.

Por otra parte, el periodo de pago se elevó en el primer trimestre hasta una media de 83,9 días frente a los 81,4 días del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre del 2021. 

Para sintetizarlo: los comerciantes venden sus productos y servicios en agosto, pero no pueden cobrarlos hasta finales de octubre, lo que los deja al borde del desastre financiero.

A esto se suma otro detalle revelador y muy preocupante: para no perder clientes, las compañías mantienen sus precios sin aumentos, lo que les genera perdidas que luego no pueden cubrir. 

CEPIME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) lo explica claramente: “Las compañías no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final y esto se traduce en una tesorería menguante, lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores. De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago. Esta situación explicaría el aumento del periodo medio de pago observado en el primer trimestre y hace que las previsiones a este respecto sean negativas”.

El Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España refleja esta durísima realidad con números alarmantes: según su último reporte, el 81% de las empresas tiene mayores costes y el 76 % tiene menor rentabilidad.

“En el Barómetro de diciembre de 2021 anunciábamos que un 30% de las PYMES cerraría el ejercicio con pérdidas. A la tendencia que veníamos observando se le une la situación de inflación, subida salarial y aumento de costes de materias primas y energía. Implica, lógicamente, volver a tocar de manera severa la rentabilidad de los pequeños y medianos negocios”, señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

La encuesta realizada por la organización muestra que un 39% de las PYMES tiene problemas de liquidez y un 6% ya no puede hacer frente a sus pagos. 

“A medida que pasan los meses, la desaparición de negocios hace que se modifiquen los índices de empresas en problemas; pero que nadie se engañe: la situación no mejora; solo desaparecen negocios”, denuncia Ollero, y aclara que en la encuesta que realizaron entre pequeños y medianos empresarios, el 97% apuntó contra la voracidad del Gobierno y exigió una baja de impuestos lo más pronto posible.

 “No pueden darnos noticias de que la recaudación de impuestos está consiguiendo cifras récord como si fuera un logro de la gestión de nuestros dirigentes, cuando es consecuencia del incremento de precios y de la no actualización de tablas. Y mientras tanto, los negocios sufriendo de esta forma”, acusa el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

El hombre cerró la entrevista con fuertes palabras para el Gobierno: “Hay que tomar medidas serias, eficientes y rápidas. Pasan por contener los costes, ofrecer una mayor financiación que llegue realmente a quien lo necesita y una bajada de los impuestos”.

Por el momento, Pedro Sánchez no hizo ningún comentario al respecto. 

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