El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra la okupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas 
en las comunidades de propietarios, que contempla el desalojo inmediato de los okupas.

Para ello, el okupa no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la 
actuación de la autoridad o sus agentes, y requerido para abandonar el inmueble 
por la autoridad o sus agentes, con ocasión de la correspondiente denuncia, en un 
plazo máximo de 24 horas deberá desalojarlo voluntariamente o acreditar que tiene 
un título que le permite ocupar esa vivienda (contrato de arrendamiento, por 
ejemplo). Si se trata de flagrante delito, la autoridad o sus agentes procederán al 
desalojo inmediato.

Por un lado, el Grupo Popular propone reformar el Código Penal para castigar a 
las personas que con violencia o intimidación okupen una cosa inmueble con 
penas, además de las incurridas por las violencias ejercidas, de uno a tres años de 
prisión, así como de seis a dieciocho meses para las personas que okupen un 
inmueble sin la autorización debida y si se mantiene contra la voluntad de su titular. 
Además, se impondrán las penas superiores en grado si la okupación ilegal dura 
más de 15 días.

También contempla que sean castigados con penas de prisión de tres meses a un 
año los que, sin participar en los hechos recogidos en este artículo, promuevan la 
okupación sin justo título, y si quien lo hace es un funcionario público en el ejercicio 
de su competencia, también sufriría la inhabilitación especial para empleo o cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.

 Por otra parte, el GPP pide modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que 
los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el 
procedimiento del juicio rápido. Asimismo, plantea el cambio de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto 
privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para 
reclamar su recuperación.

La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para 
que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad 
de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones 
legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al 
okupa a pagar daños y perjuicios. 

El Grupo Popular propone, además, la modificación de la Ley de Bases de 
Régimen Local para que la okupación ilegal de cosa inmueble no pueda dar lugar 
a la inscripción de los okupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que 
supone este trámite. Para ello, los ayuntamientos estarían obligados a dar de baja 
del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el 
propietario.

Por último, pide reformar la legislación tributaria para que al legítimo propietario, 
una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el Impuesto sobre 
Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación, y para que la vivienda 
okupada sea considerada como residencia habitual de su propietario, si lo era 
antes de la okupación, con el fin de que esta situación no conlleve la pérdida de 
beneficios fiscales si los hubiere

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

TEAMING, DONA UN EURO AL MES

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

Whaatsapp: 635967726