Vox quiere que España expulse del país a quienes viertan discursos de odio desde mezquitas radicales y, en concreto, que acelere la ejecución de la orden de expulsión del conocido como 'imán de Reus', Mohamed Said Badaoui, referente del salafismo "más ortodoxo" según la Policía.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que el "vergonzoso" apoyo recibido por Said Badaoui por una parte de la política catalana y ha exigido que se ejecute de forma inmediata su orden de expulsión.

Pero además, reclama que se expulse de España a cualquier extranjero que, "con la cobertura de actos de culto, oración, formación o predicación en mezquitas musulmanas radicales", realice actos que induzcan al odio "contra Occidente, contra el cristianismo, contra las mujeres, contra las tradiciones y las costumbres españolas".

Para Vox es imprescindible reforzar la presencia de miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Cataluña --así como en País Vasco y Navarra-- y dotar al centro de medios materiales y humanos necesarios para garantizar la integridad de los agentes y suficiencia de medios para luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal.

Además, el partido liderado por Santiago Abascal reclama que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional para tomar medidas que permitan "afrontar con garantías la actual situación de riesgo" e impulsar iniciativas para acabar con las políticas "que ponen en riesgo la seguridad, la soberanía, la unidad y la propia supervivencia de España".

LAS INSTITUCIONES EN CATALUÑA, EN LA SUBVERSIÓN
En la iniciativa Vox vuelve a reclamar también la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat de Cataluña "con el fin de reconducir la situación en favor del interés general de España y de todos los españoles".

Según recuerda, el Parlament aprobó el pasado día 19 de octubre una declaración apoyada por ERC, Junts, la CUP y los Comunes tildando el caso de Mohamed Said de "represión política e islamofobia" a través de un procedimiento de expulsión "irregular" en el que ha sido acusado "sin pruebas".

Vox alerta de que esta declaración supone que una asamblea regional "apoye oficialmente a un potencial terrorista" y advierte de que considerará a los firmantes "cómplices de cada matrimonio forzado y de cada vertido de sangre en la región".

"La Generalidad se ha convertido en un poder regional que representa un gravísimo problema para el conjunto de los españoles. La acción de los poderes públicos en Cataluña, excepto la del Judicial, se halla volcada en la más absoluta subversión", alerta.

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