La portavoz del GPP exige a Sánchez que cese a la ministra de Igualdad 
“sí o sí”. “La sociedad española se encuentra indignada al ver cómo los 
delincuentes sexuales y violadores están saliendo a la calle o reduciendo 
sus condenas por efecto directo de la entrada en vigor de una ley del 
Ejecutivo de Sánchez”, denuncia Gamarra, quien apremia al presidente 
del Gobierno a asumir responsabilidades y a cesar a la ministra.

Asegura que “los españoles merecen un Consejo de Ministros formado 
por personas maduras y responsables, que asuman responsabilidades 
cuando cometen errores de esta envergadura”; por lo que remarca que si 
la titular de Igualdad no dimite, Sánchez debe cesarla.

Además de cesar a la titular de Igualdad, “Sánchez debe desautorizar, y 
dar orden para que paren, todos los insultos y descalificaciones que se 
están produciendo por parte de miembros del Ejecutivo hacia los jueces”.

“Definir a los magistrados como ‘fachas con toga’ no es admisible en 
España”, sostiene Gamarra, al tiempo que afirma que “los españoles no 
se merecen este espectáculo”.

Considera que los jueces merecen “un respeto” y dice que con quienes 
no están tranquilas las mujeres es con este Gobierno, que es el único 
responsable de lo que está pasando, igual que los grupos que apoyaron 
la ley.

Subraya que el Gobierno estaba advertido de las consecuencias de 
aprobar la ley tal y como estaba. En este sentido, destaca que tanto el 
CGPJ como otros organismos y asociaciones, además del PP, avisaron 
del efecto que se produciría si la ley entraba en vigor.

Reclama que de manera urgente se modifique la ley, aunque hay 
consecuencias de esta norma que ya no se van a poder revertir.

 Resalta que el GPP registró ayer una proposición no de ley para revertir 
los efectos de esta norma de cara al futuro. En este sentido pone en valor 
la labor de oposición “firme y constructiva” que está llevando a cabo el PP.

“Pactar con el populismo no sale gratis”, asevera Gamarra, quien 
denuncia que “el precio del error de la ministra no lo va a pagar el 
Gobierno, sino que lo están pagando las mujeres que han sido abusadas 
y que están viendo cómo sus agresores se benefician de una ley que 
debería protegerlas”

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